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España es el país europeo con más riesgo regulatorio para invertir en energías renovables, según Mooody’s.
En una carta enviada al Secretario de Estado de Energía, las asociaciones de energía solar fotovoltaica y termosolar señalan que el Ministerio ha obviado el enorme coste económico que tendría la pérdida de los juicios en marcha en España, que podría superar los 1.000 millones de euros por cada año en que se mantengan los recortes
Actualmente hay más de 300 juicios activos en el Tribunal Supremo que representan las demandas de más de 62.000 familias inversoras.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Protermosolar han exigido al Gobierno que garantice la igualdad de trato con los inversores extranjeros, que están amparados por la Carta de la Energía ante los arbitrajes internacionales.
En una carta enviada al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, las asociaciones de energía solar denuncian la discriminación que supone que el MINETUR no contemple la posibilidad de que se ganen los más de trescientos juicios abiertos en España contra la “reforma del sector eléctrico” y la ruptura de la seguridad jurídica con ella generada.
Según recientes declaraciones del propio Secretario de Energía, el Gobierno considera que el impacto del no cumplimiento de los compromisos adquiridos con los inversores fotovoltaicos sería “muy pequen?o en el peor escenario, pues ninguna empresa española puede arbitrar contra el Reino de España” en referencia a que la Carta de la Energía en base a la que las empresas internacionales están demandando a España solo puede ser esgrimida por los inversores internacionales y no por los nacionales.
Estas declaraciones implican que el MINETUR en sus cálculos contempla que los más de trescientos recursos en marcha actualmente en el Tribunal Supremo no serán ganados por los demandantes. Una predicción que, según denuncian las asociaciones que representan a la industria de energía solar, implicaría presumir, e incluso llegar a condicionar, el fallo de un órgano que ha de ser independiente como es el Tribunal Supremo.
Por otra parte, el Sr. Nadal está poniendo de manifiesto una grave falta de previsión en cuanto a los costes económicos de la reforma del sector eléctrico puesta en marcha de forma retroactiva, sin contar con el consenso del sector y sin aplicar el consejo de los órganos reguladores que se han manifestado en contra, como la CNE, la CNC, o la Defensora del Pueblo. Las asociaciones de energía solar exigen al Ministerio de Industria que muestre los estudios de impacto económico que han motivado estas sorprendentes declaraciones del Secretario de Estado, así como los distintos escenarios que se estuvieran contemplando, para dar transparencia a tan graves afirmaciones. Las asociaciones consideran inconcebible y contrario al derecho un escenario en el que el Estado español se viera obligado a indemnizar a fondos internacionales por los recortes retributivos a las renovables, mientras que las familias españolas, los propios nacionales, fueran sentenciadas a cargar con los mismos.
La reforma del sector eléctrico, que entró en marcha en julio de 2013, ha afectado a más de 62.000 familias, que invirtieron en plantas de energía fotovoltaica alentados y confiando en la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las reformas retroactivas puestas en marcha por el actual Gobierno, han supuesto un recorte de ingresos para el sector de más de 930 millones de euros anuales, suponiendo en algunos casos una reducción de más del 50% de los ingresos previstos en el momento de realizar la inversión. Al haberse producido durante los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, estos recortes han llevado a situaciones de insolvencia por imposibilidad de atender los compromisos de pago de deuda con las entidades financieras que, en numerosas ocasiones, están derivando en auténticos dramas personales a quienes confiaron en su país y, siguiendo sus recomendaciones, apostaron por un sistema energético más sostenible
Según un estudio de Moodys hecho público esta semana, España es el país europeo con más riesgo para invertir en renovables lo que, sin duda, va a afectar al coste de las nuevas renovables a instalar en el país, que soportarán una prima de riesgo muy superior a la de otros países. Ya hay estudios que pronostican que, a pesar de contar con muchas más horas de sol, el precio de la energía solar en España seraá igual al de Alemania por este efecto.
ANPIER es la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, organización de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, para la representación y defensa de los intereses de los productores de energía solar fotovoltaica. Anpier agrupa y da servicio a más de 5.000 socios, lo que le convierte en la asociación más representativa del sector productor fotovoltaico español. Una de las prioridades de ANPIER es la defensa de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España. Formada por más de 200 empresas, entidades y agrupaciones de toda la cadena de valor de la tecnología, representa a más del 85% de la actividad del sector en España y aglutina a su práctica totalidad: productores, instaladores, ingenierías, fabricantes de materias primas, módulos y componentes, distribuidores y consultores. UNEF ostenta además la presidencia y co-secretaría de FOTOPLAT, la plataforma fotovoltaica tecnológica española. La plataforma agrupa a las universidades, centros de investigación y empresas referentes del I+D fotovoltaico en España.
Protermosolar es la asociación que representa al sector español de la industria solar termoeléctrica y está integrada por cerca de 70 miembros. La tecnología termosolar, en la que España es líder a nivel internacional, ha irrumpido recientemente con fuerza en el panorama de las energías renovables a nivel mundial y es actualmente la que cuenta con mayor potencial de crecimiento por su gestionabilidad y capacidad de almacenamiento, su elevada creación de empleo local y su potencial de reducción de costes. La potencia instalada en España es de 2.304 MW y la contribución de las empresas españolas en los mercados internacionales del 70%.
