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Paradojas de la transición energética: el impulso a la generación de energía eléctrica a través de tecnologías no convencionales y, sobre todo, no contaminante es una política prioritaria para la administración peñista. La apertura del sector–producto de las reformas estructurales– permitiría la reproducción de los parques solares, pero la instrumentación de un régimen impositivo y discriminatorio –ya que otras tecnologías de energías renovables están exentas de pagos arancelarios– podría ahuyentar a los inversionistas interesados.
La consolidación y crecimiento de los proyectos de generación de energía solar en México está en riesgo. Y es que recientemente, el Servicio de Administración Tributaria –que encabeza Aristóteles Núñez Sánchez– estableció un nuevo criterio de clasificación, que se tradujo en un arancel de 15% para las importaciones de paneles fotovoltaicos.
Los industriales del ramo ven un contrasentido en esa medida impositiva, que presuntamente trata de prevenir el comercio ilegal con esta tecnología de punta. No solo por el impacto que tendrá en el costo de los proyectos solares en ciernes, ya encarecidos por la subida del tipo de cambio, sino porque la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del 18 de junio de 2007 y el decreto que modifica la tarifa de la Ley, del 26 de noviembre de 2012, garantizaban un arancel exento para los paneles solares.
Los paneles solares son insumos fundamentales para la construcción de parques generadores de electricidad ya que concentran el 60 por ciento de su costo total. Su fabricación en el país es mínima y claramente insuficiente para cubrir la demanda actual.
En curso, actualmente hay 36 proyectos de generación de energía solar, mismos que requerirán una inversión de más de 4,000 millones de dólares y representarán una capacidad instalada de más de 2,000 Megawatts. Pero el nuevo arancel ha detenido la expansión de este tipo de proyectos.
Los inversionistas han detectado que un arancel del 15 por ciento que se paga al inicio de la inversión equivale a un impuesto de 40 por ciento, tras de calcular una vida útil de los paneles solares de 20 años y una tasa de descuento de 12 por ciento en valor presente. Los campos de celdas fotovoltaicas –resumen– se han vuelto prohibitivos.
El gobierno del presidente Peña Nieto se ha trazado metas ambiciosas en términos de generación de energías limpias. El objetivo es que para 2018 el 25 por ciento de la electricidad en el país sea generada a partir de energías renovables y tecnologías limpias, para llegar a 35 por ciento en 2024. Además, se ha establecido la necesidad de diversificar la matriz energética en el largo plazo y aprovechar el alto potencial solar en más del 75% del territorio nacional que cuenta con índices óptimos de irradiación.
Asimismo, en la COP 21 cada país presentará sus contribuciones para mitigar gases invernadero y carbón negro. México propondrá una reducción del 25 por ciento de emisiones al 2030. El fomento a las energías renovables, incluyendo la solar, se constituye hoy en un instrumento fundamental para el logro de los objetivos en materia de cambio climático para México y el mundo.
La inconformidad entre los industriales del ramo ha derivado en frustración. Y consideran que la imposición del arancel es equivalente a una expropiación. ¿Tanto así? “Dado que representa un cambio arbitrario en las reglas de inversión originalmente fijadas en la ley de 2007 y en el decreto de 2012, donde se ratifica la exención de aranceles a la importación de paneles solares, podría decirse eso, sin temor a equivocarnos”, sostienen.
El Foro Económico Mundial ha subrayado la importancia de la inversión privada y las colaboraciones público-privadas que incluyan políticas integrales que reconozcan la economía verde como un elemento central del crecimiento económico y la prosperidad. En este sentido, el incremento del arancel a los paneles solares significaría, en efecto, un desincentivo a la inversión privada en energías renovables y un retroceso en el aprovechamiento de un recurso abundante en México.
A raíz del cambio constitucional en materia energética, promulgado en diciembre del 2013, la Secretaría de Energía quedó facultada para otorgar permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación de energía eléctrica. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
El primero campo eólico en México se edificó en La Venta, Oaxaca hace dos décadas, bajo el esquema de obra pública financiada por licitaciones de la CFE. En el año 2000, solo había capacidad para generar tres MegaWatts a través de aerogeneradores. A finales de 2013, la potencia eólica instalada en el país llegó a 1.917 MW, con 25 parques eólicos en operación; de los cuales 19 se encuentran en Oaxaca y el resto en los estados de Baja California, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.
Para finales del sexenio, se espera contar con más de 9,500 MegaWatts. Para el 2020 se habrán invertido 20,000 millones de dólares en el desarrollo de esta industria y la generación de electricidad a través de eólicas será de 15,000 MW en el 2022.
EFECTOS SECUNDARIOS
UNGIDOS. Con el primer minuto de octubre, arrancaron los sexenios del perredista Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán, y del panista Francisco Domínguez, en Querétaro. Ambos gobernadores fueron acompañados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien –en aras de la equidad– deberá acudir mañana a Monterrey, para atestiguar la unción de El Bronco. Aureoles y Domínguez apuntaron hacia objetivos superiores. “Que lo sepan todos: enterraremos la corrupción para siempre”, proclamó Pancho, “voy a hacer cumplir la ley. Y atento el que tenga que estar atento. No habrá fueros políticos para nadie… No me interesan las fotografías. Sólo me interesan las inversiones”. Silvano, por su parte, tampoco endulzó muchos oídos. “Mi gobierno no será de quejas y lamentos, tampoco será de excusas o una administración que esconda la cabeza o evada la realidad. Es momento de asumir las responsabilidades y los compromisos. Es momento de encarar la compleja situación, de plantearnos metas y de trabajar para concretarlas”.
Alberto Aguirre M.
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