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El parque catalán de vehículos eléctricos cuenta con unas 3.000 unidades. Pero se desconoce el número de puntos de carga instalados en domicilios particulares dados de alta según normativa, porque su tramitación no requiere registro por parte de la Administración.
“Hay serias dudas de que todas las instalaciones privadas cumplan con los requisitos técnicos”, añade Manel Gámiz, portavoz de INKOO engineering. El procedimiento exige una memoria técnica que sólo las empresas certificadas lo pueden hacer. No hacerlo, según Gámiz, “acarrea riesgos para toda la comunidad de vecinos, porque el emplazamiento del punto de carga suele estar ubicado en las áreas comunes”.
Los estímulos para el punto de carga
La Generalitat de Catalunya anunció recientemente una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, para agilizar este tipo de instalaciones en aparcamientos de edificios de viviendas. Así, cada vecino tiene derecho a instalar un punto de carga en su plaza de parking, sin necesidad del acuerdo de toda la comunidad de propietarios.
“Hay que evitar que el incentivo para un medio de transporte eficiente, se convierta en la causa de potenciales riesgos innecesarios, donde todas las partes implicadas se interesen por la seguridad en los puntos de carga privados”, dijo Gámiz.
El Plan Movele 2015, que gestiona el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, asignó para este año un fondo de 7 millones de euros, con el objetivo de “promover el desarrollo y utilización de los vehículos eléctricos en España”. Este fondo subvenciona hasta 5.500 euros en la compra del vehículo, cuando la autonomía supere los 90 kilómetros, y hasta 1.000 euros, para los costes del punto de carga vinculado.
Los riesgos de la informalidad
Los requisitos para el emplazamiento del punto de carga vinculado están descritos en la Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión (ITC – BT – 52), desde el 12 de diciembre de 2014. El Real Decreto determina que las empresas instaladoras, “antes de su ejecución, deben preparar una documentación técnica en la forma de memoria técnica de diseño o de proyecto”.
En el proyecto de instalación se incluirá “el cálculo del número máximo de estaciones de recarga que se pueden alimentar teniendo en cuenta la potencia disponible (…) y considerando la suma de la potencia instalada en todas las estaciones de recarga”, así como las protecciones reglamentarias. No hacerlo, puede generar sobrecargas en las líneas eléctricas, y como consecuencia, peligros al conjunto del inmueble.
La no regularización del punto de carga, mediante memoria técnica de diseño o proyecto eléctrico, y posterior inscripción en el Ministerio de Industria, implica potenciales problemas con la comunidad de propietarios al recibir un acta no favorable tras una inspección. Las consecuencias recaen en ellos, al no contar con un técnico cualificado responsable, acreditado para hacer este tipo de trabajos, y que pueda velar por la seguridad de la instalación eléctrica.
“Las compañías aseguradoras tampoco se responsabilizarán de los problemas que aparezcan en una instalación ilegal. Los siniestros surgidos en instalaciones efectuadas de esta manera serán responsabilidad de los propietarios”, advierte Gámiz.
INKOO engineering es una empresa catalana creada cómo una start-up en el 2009 por un grupo de ingenieros industriales. Después de unos inicios en el sector de la ingeniería eléctrica y como oficina técnica gestionando todo tipo de proyectos de rehabilitación, licencias, instalaciones eléctricas y planes de seguridad, INKOO engineering dio un giro hacia la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Con el lema «We green the future», INKOO engineering es la empresa independiente de referencia para las instalaciones de puntos de carga de vehículos eléctricos en Catalunya y explorando ya el resto del territorio nacional.
