Las empresas de energías renovables calculan queel impacto de la reforma energética en la energía solar fotovoltaica será de 550 millones de euros al año, de 450 millones en la eólica y de 150 millones en la termosolar. En total, 1.150 millones de euros.

Asociación de Empresas de Energías Renovables quiere que el T. Supremo actúe contra Industria

REVE

APPA pide al Tribunal Supremo que actúe contra el Ministerio de Industria por desobediencia al no completar el expediente sobre la retribución a las energías renovables.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha presentado recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que el alto tribunal traslade a la Fiscalía General del Estado, por si fuera constitutiva de delito, la conducta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo-MINETUR de incumplir reiteradamente los plazos de entrega para completar el expediente sobre la retribución a las renovables. La Asociación considera imprescindible que el MINETUR facilite la citada documentación al ser esencial para una efectiva defensa legal en los recursos presentados contra la Orden IET1045/2014.

 

El Tribunal Supremo, en diligencia de 24 de marzo de 2015, ya acordó pedir al MINETUR que completara en diez días el expediente administrativo que había sido demandado por APPA. Cerca de tres meses después, el Ministerio no ha entregado el expediente solicitado ni se ha opuesto a lo largo del procedimiento a la citada diligencia.

 

Termosolar Protermosolar afirma que los recortes de la reforma energética les aleja de la rentabilidad razonable.
Termosolar Protermosolar afirma que los recortes de la reforma energética les aleja de la rentabilidad razonable.

El recurso de APPA argumenta que pudiera haber indicios suficientes para considerar que el Ministerio haya podido incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. Por ello, pide al Tribunal Supremo que traslade a la Fiscalía General esta conducta para que ésta inicie las diligencias pertinentes encaminadas a esclarecer los hechos y, si lo considera oportuno, a asegurar la sanción penal de la posible conducta delictiva en la que hubiera podido incurrir el Ministerio.