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Uruguay, que impulsa desde hace años políticas que apuntan a las energías renovables, ya es de hecho una nación a la vanguardia en el frente de la «green economy».
Desde su pabellón en la Expo de Milán, Uruguay se presenta al mundo como un país ideal en el que invertir en el sector de la energía y las infraestructuras.
En el espacio nacional de la Exposición Universal abierta en esa ciudad del norte de Italia el pasado 1/o de mayo tuvo lugar una videoconferencia titulada «Uruguay, la mejor plataforma del futuro», cuyos temas centrales fueron las políticas energéticas, el desarrollo tecnológico, la conectividad y la sustentabilidad.
Participaron desde Montevideo representantes del ministerio de Industria, Energía y minería (MIEM), la UTE (empresa estatal de energía eléctrica), y desde el mismo pabellón, entre otros, los funcionarios de empresas extranjeras potenciales inversores en el país.
En la capital estuvo presente el susecretario del MIEM, Guillermo Moncecchi, y en Milán la directora general del mismo ministerio, Fernanda Cardona.
El país cuenta hoy en día con el porcentaje de energía renovable más alto de la región: según datos del 2014, el 95% de su demanda de energía fue cubierto con fuentes renovables. Por otra parte, según las previsiones en el 2016 Uruguay será el país con el mayor porcentaje de energía eólica del planeta (el 33% del total de la energía producida ese año), superando de esta manera a Dinamarca, España y Alemania. «Garantizamos una infraestructura sólida y en expansión y por otra parte recursos humanos preparados», aseguró por ejemplo Moncecchi.
Por su parte el director de UTE, Walter Sosa, destacó «la seguridad económica y jurídica y las reglas claras» con las que cuenta el país «para quien quiere invertir», gracias a «un plan energético nacional aprobado en el 2008 y en vigor hasta el 2030, plan -añadió Sosa- concordado entre todos los partidos políticos en el Parlamento».
Enel es por otra parte uno de los grupos que en el 2013 decidió apostar por el país a través de «Enel Green Power».
«Estamos invirtiendo más de 98 millones de dólares. Hemos creado más de 600 puestos de trabajo y generamos el ahorro de 62 millones de toneladas de C02», destacó a su vez Jorge Manuel Cernadas, ‘business development manager’ de «Enel green power», En ocasión de la videoconferencia, Gonzalo Casaravilla, presidente di UTE, recordó a su vez a ANSA que de una u otra manera «el futuro es eléctrico» y destacó el impulso del gobierno para «crear un sector radicalmente nuevo, con una atención particular hacia la optimización de los recursos». Casaravilla indicó por otra parte parte «un doble desafío, el de invertir en líneas de transmisión de alta calidad, para favorecer así las redes de distribución, y la promoción de una gestión inteligente de las redes, incorporando tecnologías para optimizar el consumo y el gasto en electricidad».
Desde el frente de las telecomunicaciones, Andrés Tolosa, presidente de ANTEL (empresa telefónica estatal), destacó que hoy día «este sector tiene un rol estratégico para el desarrollo, visto que representa la plataforma a partir de la cual los diferentes servicios, sin ninguna limitación, pueden cobrar fuerza».
«Nuestra red de fibra óptica en las viviendas es la verdadera garantía para el futuro de la infraestructura de las telecomunicaciones, puesto que es la base que permitirá a su vez que otras industrias desarrollen su tecnología de punta», subrayó, precisando que hasta ahora en estas áreas han habido 1.700 millones de dólares de inversiones públicas y 2.500 millones de participación privada. «Todavía queda mucho por hacer, cada necesidad puede convertirse en una oportunidad para quien está interesado», añadió Tolosa.
José Coya, presidente de ANCAP (Administración nacional de combustibles, alcohol y portland), indicó a su vez otro desafío clave.
«Para los próximos años Uruguay debe impulsar su infraestructura física -caminos nacionales, regionales, locales- hecho por el que estamos organizando acciones a corto, mediano y largo plazo», destacó, tras recordar que ANCAP está preparando un programa quinquenal para el suministro de cemento y otros materiales conjuntamente al ministerio de Obras Públicas.
