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Las autoridades turcas se han reunido este jueves con las principales empresas españolas del sector energético para ofrecerles participar en un plan de inversión por valor de 128.000 millones de dólares (113.438,4 millones de euros) para proyectos de este sector durante los próximos 15 años.
Concretamente, Turquía prevé atraer 33.000 millones de dólares (29.244,72 millones de euros) para desarrollar proyectos de energía hidráulica en su territorio, 28.000 millones de dólares (24.810,63 millones de euros) para potenciar la eólica y 21.000 millones de dólares (18.607,97 millones de euros) tanto para carbón como para energía nuclear.
A esto se suman otros 18.000 millones de dólares (15.948,09 millones de euros) para realizar trabajos de transmisión y distribución y otros 7.000 millones de dólares (6.201,34 millones de euros) para invertir en gas natural en Turquía.
Este país tiene previsto alcanzar una capacidad instalada de 120.000 megavatios (MW) en 2023, lo que supone casi el doble de la capacidad actual. Además, prevé aumentar su potencia eólica instalada desde los actuales 3.483 MW hasta 20.000 MW e implementar 600 MW de energía geotérmica y 3.000 MW de energía solar para 2023.
Asimismo, el país turco contempla poner en marcha centrales nucleares y continuar con el proceso de privatización de algunos de sus activos de generación. Su Gobierno prevé privatizar nueve plantas de generación eléctrica (140 MW) y cincuenta centrales hidroeléctricas ya terminadas y está estudiando hacer lo mismo con otras 45 plantas (18 térmicas y 27 hidroeléctricas), que tienen una capacidad de 16.359 MW. En el ámbito del shale gas y el shale oil, el país mediterráneo piensa alcanzar un potencial de 551 bcm (551.000 millones de metros cúbicos) en el primer caso y de 4,7 BBBL (4.700 millones de barriles) en el segundo.
El encuentro ha contado con la presencia del embajador de Turquía en España, Ömer Önhon, el presidente de la Agencia para la Promoción y el Apoyo de las Inversiones en Turquía (ISPAT), Arda Ermut, y el Presidente de la Autoridad reguladora del Mercado Energético en Turquía (EMRA), Mustafa Yilmaz.
AUMENTO DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Según Ermut, la percepción de Turquía como destino inversor ha mejorado mucho durante los últimos trece años, gracias a los cambios normativos y a la puesta en marcha de incentivos, entre otras razones. La inversión extranjera directa ha pasado de rondar los 15.000 millones de dólares (13.298,24 millones de euros) durante 1923 y 2002 a incrementarse hasta casi 150.000 millones de dólares (132.982,45 millones de euros) entre 2003 y 2014 y el número de empresas con capital extranjero ha aumentado desde las 5.600 a las más de 40.000 en el mismo período, señaló Ermut.
Por su parte, Luis Buzzi, socio responsable del sector Energía para España, Italia y Portugal de EY aseguró que «gracias al potencial de su mercado y a su posicionamiento estratégico, Turquía ofrece nuevas oportunidades de generación, transporte y distribución que pueden resultar interesantes para aquellas empresas que quieran invertir internacionalmente».
Las previsiones del Gobierno turco apuntan a un crecimiento económico acumulado del 63% hasta 2023 y a un aumento del 12% de la población para el mismo período, cifras que permitirán que la demanda eléctrica se sitúe entre los 415 teravatios hora (TWh) y los 430 TWh.
España tiene la oportunidad de llevar a Turquía «sus experiencias en el sector de la energía, particularmente en el campo de las renovables», pero también de «beneficiarse del potencial que ofrece Turquía, al ser uno de los países en los que la demanda eléctrica aumenta más rápidamente», señaló Yilmaz.
NORMATIVA FAVORABLE PARA INVERSORES EXTRANJEROS
Turquía cuenta con una normativa favorable para los extranjeros que quieran invertir en proyectos de la zona, según la cual el Impuesto de Sociedades es del 20% y el IRPF oscila entre el 15% y el 35%. Turquía tiene, además, acuerdos de doble imposición con numerosos países para permitir una imposición de dividendos a tasas más favorables que las locales.
Además, el sistema fiscal turco ofrece beneficios fiscales, exenciones e incentivos en las zonas de desarrollo tecnológico, así como en las zonas industriales y de libre comercio, como la exención total o parcial del impuesto de sociedades o ayudas para el empresario, tanto en materia de seguridad social como para la ubicación de la empresa. El país mediterráneo también dispone de ventajas fiscales sobre actividades de I+D+i, como créditos fiscales en el impuesto de sociedades, ayudas al empresario en las cuotas de la seguridad social y la exención del IVA.
