REVE
Desde que el Partido Popular gobierna en España, se han sucedido toda una serie de medidas legislativas encaminadas a liquidar el sector de las energías renovables (en lo que sigue, EERR), con la excusa de su excesivo coste.
Tales normativas han consistido, en esencia, en recortar drásticamente las retribuciones -conocidas como “primas”- que percibían los productores de esta clase de energías, principalmente eólica y solar fotovoltaica, . Desde enero de 2012, se han publicado diversos decretos que no han hecho sino agravar la situación del sector y que en las últimas semanas ha tenido su culmen al conocerse que dichos recortes se realizaron varios meses antes de emitirse los informes que los debían respaldar. Es asombrosa la capacidad de premonición que han tenido los responsables de estas políticas, al dar por hecho que tales informes avalarían sus decisiones.
La energía eléctrica obtenida mediante tecnologías que utilizan como combustible el viento (eólica) y el sol (fotovoltaica y termoeléctrica), reciben unas primas por volcar a la red la energía obtenida. Esas primas se ofrecen no solo en España, si no en cualquier país que las potencie, siendo Alemania uno de los que más fuertemente apuesta por ellas. Se retribuyen así ya que, a diferencia de lo que sucede con las energías que utilizan combustibles fósiles, el viento y el sol son gratuitos (al menos, de momento, aunque habrá que cruzar los dedos) y el mantenimiento que requieren las centrales eólicas y solares es mínimo. Por lo tanto, el coste de producir energía viene determinado fundamentalmente por la inversión inicial que se realiza en la instalación y eso será así durante toda su vida útil, que puede superar los 20-25 años. Teniendo en cuenta esto es fácil darse cuenta de lo perjudicial que resulta cualquier incertidumbre regulatoria para la inversión en EERR. Si se establece un régimen de primas con un horizonte temporal de 25 años y al cabo de cuatro o cinco de efectuada la inversión se recortan drásticamente, el inversor se ve atrapado y sin salida de ningún tipo.
Durante los últimos tres años, se han dicho y escrito verdades a medias y mentiras completas sobre las EERR que no hacen más que introducir desconcierto y perplejidad entre la ciudadanía. Además, en ningún momento quienes argumentan contra las EERR se acuerdan de destacar los beneficios que se obtienen con ellas. Al margen de los esgrimidos habitualmente, como son los medioambientales y de independencia energética, hay otros que son de naturaleza esencialmente económica, en los que me detendré en los siguientes párrafos.
Las primas a las EERR no son las principales responsables del déficit de tarifa. En el año 2013, las primas supusieron 6.700 millones de euros y según indican los detractores, esa cantidad así como las acumuladas en años anteriores han disparado el déficit de tarifa del sistema eléctrico, justificando los recortes en las primas recibidas con objeto de reducir dicho déficit. Esto es falso, ya que el déficit de tarifa comenzó varios años antes de entrar las EERR en el mix energético español; se ha reducido en años donde las primas fueron muy abundantes y tras los recortes a las mismas el déficit de tarifa ha seguido aumentado en los últimos años y de hecho no hay relación directa contrastable entre el aumento del mismo y las primas a las EERR. Y hay estudios rigurosos que demuestran que las EERR podrían recibir primas importantes (entre 60 y 75 €/MWh, similar al precio al que se compra frecuentemente la electricidad en el mercado mayorista) sin coste alguno para los consumidores.
Las EERR abaratan el precio de la electricidad. En efecto, por su naturaleza, la energía renovable entra en el mercado que fija el precio de la electricidad a coste cero. Esto es así debido a que la energía eólica o la solar no son almacenables, por lo que un productor no encuentra beneficio alguno en no volcar la energía producida en un determinado período de tiempo en la red, al margen de cuál pueda ser la retribución que vaya a obtener. Hay que recordar muy brevemente cómo funciona el mercado que fija el precio de la electricidad y lo haré con un ejemplo ilustrativo:
Suponga el lector por un momento, que necesita 10 kg. de tomates y que va a la frutería a tratar de adquirir los más baratos en el día que los va a consumir. Encuentra 7 kg. de la variedad Pera a 1 €/kg.; 2 kg. de Kumato a 3 €/kg. y 1 kg. de Raff a 5 €/kg. Al ir a la caja, pagará los 10 kg. al precio de la más cara de las tres variedades, es decir, los 10 kg. le habrán costado 50 €. En el ejemplo, el tomate es la electricidad y la frutería, el mercado donde se adquiere; el tomate Pera cumple el papel de la energía renovable (también de la nuclear, aunque ese es un asunto que trataré en otro artículo), el Kumato, la de gas o carbón y el Raff la hidráulica de bombeo. Si hubiera encontrado los 10 kg. de la variedad Pera, la compra le habría supuesto 10 €. Es decir, cuantos más tomates Pera haya en la frutería, es decir cuanta más energía proveniente de fuentes renovables, más barata saldrá la compra. El proceso de fijación del precio de la electricidad es fruto de una casación entre ofertas de los productores y demandas de los compradores, lo que se conoce como mercado marginalista y es bastante más complejo que el descrito con el ejemplo, pero permite hacerse una idea de cómo funciona. Recomiendo a quien esté interesado en conocer en detalle el mercado eléctrico la lectura de la referencia [1], citada al final de este artículo.
Es ciertamente difícil estimar el ahorro que representan las EERR en el precio final de la electricidad, habida cuenta de que éste cambia cada hora, pero un cálculo realizado por la asociación de empresas de EERR, APPA, fija ese ahorro en 5.900 millones de euros para el año 2013, casi tanto como supusieron las primas en dicho año. Puede que el ahorro este sobreestimado ya que ese cálculo lo han realizado los productores de EERR y hay que suponer un sesgo favorable hacia estas, pero en todo caso el impacto que tienen en el abaratamiento es sin duda muy notable y desmonta el argumento de achacar a las EERR la responsabilidad del aumento del déficit de tarifa.
Las EERR ahorran importaciones de gas y carbón y evitan emisiones de CO2 a la atmósfera. Cada kWh generado con renovables tiene como contrapartida un kWh no generado con gas o carbón, combustibles que no son gratuitos, evitando por consiguiente la necesidad de importarlos. Se estima que el ahorro en importaciones fue de 3.100 millones de euros para el año 2013. España importó en el año 2013 productos energéticos por valor de 41.000 millones de euros y en 2014 por valor de 38.000 millones de euros, el 4% del PIB nada menos.
Además, al evitar emisiones de CO2 también se produce un ahorro económico, al no tener que pagar derechos de emisión, por los que España pagó entre 2008 y 2012, 800 millones de euros. El ahorro estimado por este concepto debido a las EERR para 2013 fue de 180 millones de euros, de manera que si sumamos los ahorros obtenidos por el abaratamiento del precio de la electricidad, por el producido al evitar importaciones y por el logrado al evitar emisiones, se obtiene una cifra claramente superior a las primas recibidas.
Las EERR no generan sobrecostes en el sistema eléctrico. El colmo de esa campaña de persecución contra las EERR viene de la mano de una normativa, que introduce el llamado “peaje de respaldo”, una legislación genuina y propia de la “Marca España” que se cierne como una espada de Damocles sobre el sector. Dicha normativa pretende penalizar el autoconsumo de electricidad de origen solar fotovoltaico, con el argumento de que los usuarios que no disponen de paneles no tienen por qué pagar los sobrecostes que pueda originarle al sistema el hecho de que algunos usuarios que se decanten por el autoconsumo dejen de comprar electricidad en el mercado.
Ilustraré lo que ese peaje representa con un nuevo ejemplo: imagine que un ciudadano decide comprar un vehículo eléctrico. Tendrá ventajas para el propietario, ya que dejará de comprar gasolina y también tendrá beneficios para el país, ya que dejará de emitir gases de efecto invernadero por la gasolina no quemada y el país no tendrá que importar esa gasolina que no va a consumir. Pero también hay perjudicados: la petrolera que le abastecía de combustible no cobrará el margen de beneficios que obtenía de la gasolina que el nuevo y flamante propietario dejará de adquirir. Pues bien, el peaje de respaldo es un impuesto que el propietario del vehículo eléctrico deberá pagar ¡por la gasolina que dejó de comprar! Tal cual.
¿Qué hay detrás de esta persecución? En primer y destacado lugar, la previsible reducción de beneficios de las grandes empresas eléctricas, ya que si un número significativo de consumidores se decantan por el autoconsumo, los beneficios de las compañías eléctricas se resentirán, al perder clientes y por lo tanto ingresos.
Por otra parte, hay temor a las EERR en general y a la solar fotovoltaica en particular, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ese temor que expresan las grandes compañías eléctricas se fundamenta en el hecho de que las EERR son, por su propia naturaleza, energías distribuidas por todo el territorio; no hay grandes centrales y casi todas las que existen, en especial en el sector fotovoltaico, están en manos de pequeños y medianos productores y por consiguiente, fuera del control de las grandes compañías eléctricas. Fomentar las EERR significaría para esas compañías perder el control del suculento y muy lucrativo mercado de la energía.
Más tarde o más temprano el futuro será renovable, los combustibles fósiles no son eternos y la conciencia ecológica de los ciudadanos cobra cada vez mayor importancia. Lo que aún está por decidir es si ese futuro con predominio de EERR también lo será con un modelo de energía distribuida, accesible y barata, en el que el pequeño consumidor tenga “independencia energética” o por otro que vuelva a estar en manos de las grandes corporaciones. De nosotros depende decidir que modelo queremos.
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[1] Cristóbal J. Gallego y Marta Victoria “Entiende el mercado eléctrico”. El Observatorio Crítico de la Energía, Octubre 2012. (Se puede descargar aquí)
Ignacio Mártil
Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra
