REVE
España fue un emblema para las energías renovables. Revolucionó su sistema de generación eléctrica, reduciendo la emisiones de CO2, reduciendo la factura de las importaciones de los combustibles fósiles y creando miles de empleos verdes en el camino. Todo en tan sólo 10 años. El año pasado, la energía eólica fue líder en la producción de electricidad.
Esa es la cuestión que los abogados han estado planteando en Luxemburgo la pasada semana, en un caso en el que Greenpeace está denunciando la aprobación de hasta 1600 millones de euros de ayudas a la industria del carbón de España.
Pero esta bonita historia está ahora amenazada, desde que el gobierno redujo el apoyo a las renovables y cambió retroactivamente las normas, diciendo que costaban demasiado. Al mismo tiempo, sigue defendiendo su apoyo al carbón nacional que no es competitivo, lo que se ha llevado unos 24.000 millones de euros en subvenciones desde 1990.
Nuestro pleito tiene que ver con el último Real Decreto de ayudas al carbón, eufemísticamente llamado de “restricciones por garantía de suministro”, que fue adoptado en 2010. Por aquel entonces, los trabajadores de las minas en Castilla y León marchaban en grandes protestas por el impago de su salarios, un gran dilema al que tuvo que enfrentarse el gobierno de Zapatero, quien es por cierto oriundo de la región.
La minas ya estaban recibiendo entonces subvenciones directas y las normas de la UE ya no permitían que se volviesen a incrementar. Pero entonces, el gobierno de España decidió imponer una «obligación de producción» en 10 centrales térmicas que usan carbón español, exigiéndoles que lo siguieran comprando y quemando. A cambio, el gobierno prometió hasta 400 millones de euros al año en concepto de indemnización para cubrir el mayor costo del carbón español y de la compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Bajo las normas europeas, las ayudas estatales de este tipo tienen que ser revisadas por la Comisión Europea. El gobierno español sostuvo que el plan debía ser aprobado, con el argumento de que diez térmicas de carbón cumplen un “servicio para el interés general de la economía” dando luz cuando el viento no sopla y reduciendo la dependencia de la importación de energía.
Las empresas eléctricas que generan electricidad a partir de otras fuentes, tanto las renovables, como las de gas o el carbón de importación, entraron en cólera. También las organizaciones ecologistas, Greenpeace entre ellas. Señalando que lejos del riesgo de sufrir apagones, el sistema eléctrico de España sufre un serio exceso de capacidad instalada. Muchas centrales de gas en España no funcionan a pleno rendimiento o están paradas porque no hay tanta demanda eléctrica, aunque ofrecen una alternativa de respaldo más limpia que el carbón.
Tras la fuerte presión e influencia del lobby del carbón nacional, la Comisión Europea aprobó la ayuda sin abrir ningún proceso de investigación. El impacto fue inmediato, la Comisión Nacional de la Energía de España estimó que este decreto del carbón provocó un aumento del 35% en las emisiones de CO2 en el sector eléctrico en 2011.
Un numeroso grupo de compañías eléctricas demandaron a la Comisión ante el Tribunal General de la UE; Greenpeace solicitó su adhesión a estos casos. El pasado martes, se celebró la audiencia del caso Castelnou Energía v Comisión, en la que intervenimos desde Greenpeace España.
Castelnou argumentó que algunas de sus plantas de gas están paradas a causa de la competencia desleal de las subvenciones al carbón. Greenpeace España, representado por abogados pro bono de alto nivel, se centró en los impactos negativos al medio ambiente del régimen español. Según la legislación comunitaria, la Comisión Europea está obligada a tener em cuenta y a adoptar las exigencias medioambientales en todas sus actividades, con el fin de promover el desarrollo sostenible. Esto se llama el «principio de integración», y se encuentra en el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Como declaramos ante el tribunal, la Comisión debería mirar el mundo a través de unas «gafas verdes».
¿Cómo se vería con unas gafas verdes un régimen que pide a las centrales térmicas que quemen más carbón y les dice que no se preocupen por la contaminación, mientras el gobierno asume la factura? Pues bastante marrón, y difícilmente en línea con el principio de quien contamina paga, que se encuentra en el Artículo 191(2) del TFUE. La Comisión, le dijimos al Tribunal, debería al menos haber abierto una investigación para ver si la “seguridad de suministro” no se podría garantizar de una manera más verde.
Muy rara vez una ONG como Greenpeace tiene la oportunidad de alegar ante el tribunal europeo. Este caso es además una oportunidad especial para desafiar a las tres cuartas partes de la subvenciones energéticas de la UE que todavía van a los combustibles fósiles. ¿Se pondrán los jueces las gafas verdes y se alinearán con nuestro planteamiento? …
Se espera que el fallo se emita a mediados de 2015.
… Meses después de que el sistema de apoyo al carbón que estamos denunciando expire a finales de este año. Esperamos que el Gobierno español no se atreva a alargar este mecanismo y que no nos tengamos que ver de nuevo en los tribunales.
Al mismo tiempo, Greenpeace está tratando de convencer a la Comisión a que se ponga las gafas verdes también en el caso de la ayuda estatal, sin precedentes, que el gobierno del Reino Unido quiere dar a la central nuclear de Hinkley.
Esperamos que la Comisión haga lo correcto y que evite que se desafíen más las normas legales.
Daniel Simons, asesor jurídico de Greenpeace Internacional
Fuente original: http://www.greenpeace.org/
