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Los sistemas eléctricos canarios se han constituido en un gasto inasumible para el Estado. El tira y afloja entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda para decidir qué cantidades van vía presupuestos generales y qué cantidades al déficit es de aúpa. Y es que no tiene que ser nada fácil encajar los más de 1.250 millones de euros que suponen los extracostes en los que incurrimos. ¡Sí, he dicho bien, extracostes! Esta ingente cantidad de dinero es lo que cuesta de más en Canarias, cada año, producir electricidad con respecto al territorio peninsular.
El Gobierno de España, decidido a revertir la insostenible situación actual, ha aprobado recientemente la planificación de las infraestructuras en los sistemas eléctricos canarios que necesitamos para poder verter la energía eólica que nuestros parques lleguen a producir, y ha dotado a los nuevos parques que se instalen en Canarias de un régimen económico específico que posibilita la viabilidad financiera de las instalaciones. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha cumplido su palabra. Sin estas medidas, las energías renovables en Canarias no habrían sido posibles. Nadie podrá ahora acusarle con argumentos de no haber apoyado a las renovables.
Queda por ver si los bancos y entidades financieras dan por buena la norma promulgada, no tanto en sus magnitudes económicas, sino en la metodología de cálculo que se establece para futuras revisiones de las mismas. El contexto actual de medidas retroactivas en el sector no ayuda y este es un asunto de capital importancia para poder llevar a cabo la construcción de las nuevas plantas. En cuanto a la fecha de 31 de diciembre de 2016 establecida como límite temporal para poner en marcha las instalaciones que quieran acogerse a ese régimen económico específico, desde Red Eléctrica de España ya nos han comunicado que la mayoría de las subestaciones y líneas necesarias para la puesta en funcionamiento de los parques eólicos no estarán construidas para esa fecha, así que confiamos en que este asunto se resuelva en los próximos días desde el ministerio y se suprima dicha fecha.
Es necesario aclarar que los parques eólicos que se instalen no van a recibir un solo euro de ayudas públicas, en contra de lo que mucha gente cree. Actualmente estamos pagando en Canarias más de 210 euros por cada megavatio hora generarado mediante la combustión de fuel. Las instalaciones eólicas y fotovoltaicas nuevas que se instalen en nuestra comunidad van a percibir un precio muy inferior por producir energía limpia y sostenible. La media de retribución de una instalación eólica va a estar sobre los 84 euros megavatio hora. Una tarifa casi tres veces inferior a la que se paga hoy. Por tanto, hemos de concluir que las energías renovables en Canarias solo aportan beneficios: producen un ahorro considerable al sistema, reducen nuestra dependencia del petróleo, son respetuosas con el medio ambiente, nos ayudan a convertir Canarias en un destino turístico de excelencia y sostenible que respeta su entorno y ayudará a crear actividad económica con una inversión cercana a los 900 millones euros que se traducirá en puestos de trabajo.
Ante los últimos acontecimientos, a pesar del verano, hemos recibido multitud de llamadas de profesionales y de empresas del sector interesadas en participar en la promoción y construcción de las decenas de instalaciones previstas. La pregunta es recurrente ¿Cuando piensan ustedes comenzar las obras? La respuesta es que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Canarias. Todo cuanto tenía por hacer el Ministerio de Industria está hecho. Quedan por ejecutar sentencias en Tenerife y Gran Canaria para resolver de manera definitiva el concurso eólico de 2007, agilizar los trámites en la Consejería de Medioambiente, y, una vez que se ha tomado la decisión (creemos que acertada) de dejar atrás la figura del concurso, aprobar cuanto antes el nuevo Decreto que sustituya el 32/2006 para que nuevas instalaciones puedan contribuir a conseguir los objetivos de potencia marcados. Los promotores estamos confiados en que todo se resolverá bien, y tan pronto como sea posible. Paquita Luengo llegó a la Consejería de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno de Canarias sacando adelante un concurso que ella misma había criticado duramente desde la oposición, demostrando una altura de miras a la que estamos poco acostumbrados en política.
Ha exhibido una capacidad de trabajo y un conocimiento de la administración que ha conseguido convencer a todos los promotores eólicos de la asociación que represento, sin excepción, de su valía para el difícil puesto que desempeña, y de que conseguirá llevarnos a buen puerto. Incluso Antonio Morales, en su calidad de promotor del parque eólico asignado al Ayuntamiento de Agüimes, y miembro de la asociación, con quien ha mantenido en las últimas fechas un intenso y acalorado debate, que sin duda ha contribuido al enriquecimiento de ideas de quienes hemos puesto atención, estará de acuerdo conmigo a pesar de las discrepancias que siempre pueden y deben surgir.
Mas allá de las bondades que poseemos en Canarias de sol y viento y más allá de la necesidad de mejorar nuestros sistemas eléctricos para que sean más respetuosos con el medio ambiente, más baratos y menos dependientes del petróleo, las renovables se han abierto camino de manera definitiva en Canarias gracias a las personas que desde sus responsabilidades políticas y cargos públicos han sido capaces de trabajar por el bien común. Se demuestra aquí, una vez más, que la política es la solución que necesitamos. Y no solo desde la primera fila, con el presidente del Gobierno de Canarias a la cabeza, que nos ha mostrado siempre su apoyo y cercanía. Es de justicia resaltar aquí la figura de la directora general de Industria y Energía canaria, María Antonia Moreno, y del subsecretario, Enrique Hernández Bento, entre otros, cuyo trabajo, lejos de los focos, ha sido, y es, determinante.
De nada vale mirar atrás más que para aprender de los errores. Miremos al futuro para llevar a Canarias, en el sector de las energías renovables, a donde merece estar.
Claudio Palmés, pte de la asociación de adjudicatarios del concurso eólico,
