La Asociación Empresarial Eólica ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico en el sector eólico. El crecimiento del sector eólico en Europa, que ha pasado de 13 GW en 2000 a más de 100 GW en 2012, ha propiciado un fuerte aumento del empleo del sector. Según el último informe de EWEA, la Asociación Eólica Europea, el sector contratará unos 50.000 trabajadores cualificados más de aquí a 2030. Para entonces, la mayor demanda será la de trabajadores de operación y mantenimiento. En la actualidad hay una carencia de 7.000 empleados eólicos cualificados al año en Europa que, a juicio de EWEA, alcanzará los 15.000 en 2030 si no aumenta el número de personas que se especializan en eólica. En esta línea se enmarcan los cursos de AEE, que ha decidido impulsar la formación en las áreas de mayor futuro, empezando por el mantenimiento de instalaciones eólicas. A través de un profesorado de alto nivel, los contenidos del curso abordan desde los aspectos generales de la descripción del viento y la estimación del potencial eólico, a todas las cuestiones prácticas que caracterizan un parque. El equipo docente está formado por profesores de distintas especialidades, principalmente ingenieros, físicos y economistas, que en la mayoría de los casos son profesionales que trabajan en las empresas o instituciones del sector eólico, y que son profesores de escuelas técnicas, universidades y centros de investigación. Para más información sobre estos cursos, pincha aquí.

Eólica en Canarias: autorizan 450 MW para reducir el precio de la electricidad

REVE

El nuevo cupo eólico de Canarias fija los 450 MW como potencia eólica máxima y tiene como objetivo la «ejecución de instalaciones eólicas en el menor plazo posible» al margen de los nuevos mecanismos de subastas para asignación de potencia de energías renovables.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha lanzado un cupo específico de 450 megavatios (MW) de potencia eólica para Canarias que deberá instalarse antes del 31 de diciembre de 2016 y que servirá para abaratar los costes de generación eléctrica.

El Gobierno ha publicado una Orden Ministerial para incentivar nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos extrapeninsulares con el fin de que “la sustitución de generación convencional por generación renovable suponga reducciones del extracoste de generación […] y favorezca el equilibrio entre los ingresos y costes del sistema eléctrico”, según reza en el preámbulo de la norma. “El extracoste de generación en los sistemas no peninsulares se ha incrementado un 38% desde el año 2009”, indica la propuesta de orden, ya que “la demanda eléctrica se cubre mayoritariamente con tecnologías térmicas de origen fósil”. En 2013, antes de la Reforma Energética, producir un MWh eólico en Canarias costaba 81,25 euros frente a los 186 euros que cuesta con combustibles fósiles.
La nueva orden establece un régimen retributivo específico para los sistemas extrapeninsulares que se otorgará mediante subastas. Y hace una excepción para un cupo de 450 MW eólicos (correspondientes a los proyectos con tramitación más avanzada) para Canarias cuya retribución a la inversión no será otorgada mediante subasta sino de forma directa, como hasta la fecha. Al valor de la retribución a la inversión se le añadirá un incentivo por reducción de costes de generación.
Pero, ¿qué ocurre con los parques ya instalados? La nueva normativa ignora que los parques ya instalados generan los mismos beneficios, y les aplica un cambio de régimen retroactivo igual que al resto de instalaciones de España. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las instalaciones eólicas canarias son anteriores a 2004 y no van a tener derecho a percibir ningún tipo de incentivos debido a la Reforma Energética, va a ser extremadamente difícil que los potenciales inversores confíen en que se vaya a tratar a los nuevos parques de una forma distinta durante el tiempo necesario para rentabilizar las inversiones.
La nueva regulación estatal sobre renovables establece que cada tres años se revisará la retribución a la inversión en base a los precios del mercado y cada seis años se podrán revisar todos los parámetros retributivos, incluyendo la supuesta rentabilidad razonable. Es decir, que los inversores no tienen garantías para toda la vida regulatoria de los proyectos, que es de 20 años. Ni en Canarias ni en la Península.
La orden ministerial se puede consultar aquí.

La nueva normativa eólica de Canarias incentiva a los nuevos parques, pero ignora a los antiguos