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De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Reguladora de Energía, se cuenta con 20 zonas con gran potencial de energía geotérmica. Actualmente son explotadas Cerro Prieto, con capacidad de 720 megavatios; Los Azufres, con 188 megavatios; Las Tres Vírgenes, con 10 megavatios, y los Húmeros con 40 megavatios. Falta por explotar Cerritos Colorados, con potencial de 75 megavatios.
Al menos seis empresas transnacionales de Japón, España, Francia e Italia están listas para participar en la explotación de áreas con recursos geotérmicos, una vez que las leyes secundarias derivadas de la reforma energética permitan la operación de compañías privadas en dichos servicios, que anteriormente eran facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo con datos de la agencia de promoción de inversiones del gobierno federal, ProMéxico, en el país hay seis empresas con grandes inversiones en energías renovables, principalmente en el sector eólico, tales como Sanyo, Acciona, Iberdrola, EnergiesNouvelles (EDF), Vestas y Gamesa, y aunque ninguna de ellas ha manifestado de manera abierta su interés en generación de energía por fuentes geotérmicas, la mayoría está lista para invertir en ese sector.
Además se sabe que la japonesa Mitsubishi, la italiana Enel y la francesa Alstom cuentan con gran experiencia en el desarrollo de plantas geotérmicas en México y el mundo, esta última ha ganado contratos para construir plantas en Puebla y en Michoacán.
Asimismo, se tiene conocimiento de que las españolas Acciona e Iberdrola han participado en licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para la construcción y puesta en operación del sistema conocido como Los Azufres.
Una de las nueve iniciativas derivadas de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013 prevé la inclusión de una ley de energía geotérmica, la cual divide el proceso de desarrollo en tres etapas sucesivas: reconocimiento, exploración y explotación, para cuya ejecución habrá que obtener primero un registro, permiso o concesión, respectivamente, por parte de la Secretaría de Energía (Sener).
Para la explotación de áreas con recursos geotérmicos —energía producida por el vapor del agua del subsuelo—, la reforma autoriza el esquema de concesión a favor de empresas nacionales o extranjeras interesadas en participar en el sector, que puede generar hasta 40 mil megavatios.
El estudio “Prospectiva de energías renovables 2012-2026”, de la Sener, apunta que la generación de electricidad por recursos geotérmicos puede crecer 10 veces más de lo que ya se produce.
Con los cinco campos geotérmicos, más las 20 zonas que se tienen identificadas en el país, hay reservas de aprovechamiento de este recurso equivalentes a 10 mil 644 megavatios; con las plantas existentes solo se tiene una capacidad de explotación de mil 17.4 megavatios aproximadamente.
La Asociación Geotérmica Mexicana indica que estos más de mil megavatios que se generan representan poco más de 2 por ciento de la capacidad eléctrica total del país operada por la CFE para el servicio público.
En el dictamen de la legislación secundaria en materia geotérmica la Sener otorgará a personas físicas o morales permisos de exploración y concesiones para la explotación de áreas con recursos geotérmicos.
Pero se considerará a la CFE, pues luego de que la ley entre en vigor, la empresa tendrá un plazo de 120 días hábiles para solicitar a la Sener aquellas áreas en las que tenga interés de continuar realizando trabajos de exploración o explotación.
En los proyectos que no sean de interés para la CFE, ésta podrá asociarse con particulares para desarrollar algunos de ellos y el resto serán licitados por la comisión a cuenta de la Sener, bajo los términos que probablemente se definirán en el reglamento de la nueva ley.
En esos casos, la CFE tendrá derecho al aprovechamiento comercial de la información que ella misma generó durante sus pasadas actividades de reconocimiento y exploración, para lo cual podrá realizar licitaciones.
Se entiende que la información técnica se venderá al mejor postor, aunque probablemente sería más conveniente y simple ponerle un precio y venderla a cualquier usuario que se interese en ella.
Hasta ahora, la encargada de desarrollar estos recursos ha sido la CFE; sin embargo, se necesita de la intervención privada para detonar este tipo de energía, lo que a su vez necesita de un marco legal para que éstos tengan una certidumbre jurídica.
La justificación del gobierno federal es que el sector involucra grandes inversiones de capital en sus etapas iniciales, debido a que su disponibilidad no está a la vista, como es el caso de la energía solar o eólica; la evaluación de su potencial conlleva riesgos asociados debido a la probabilidad de no encontrar el recurso con las características suficientes para continuar con un proyecto.
