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Andalucía perderá 38.000 empleos en eólica, fotovoltaica, termosolar y otras energías renovables.
El consejero asegura que el nuevo Real Decreto que regula la producción con energías renovables, eólica, fotovoltaica y termosolar, frena 950 proyectos y 4.000 MW ya priorizados en Andalucía.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha denunciado hoy en el Parlamento que el nuevo Real Decreto 413/2016, de 6 de junio, aprobado por el Gobierno de España pone en riesgo en Andalucía 950 proyectos ya priorizados que suponen una inversión de 11.700 millones de euros y 38.000 empleos.
Sánchez Maldonado ha criticado el “oscuro futuro” que tiene el sector de las energías renovables como consecuencia de las normas que está aprobando el Gobierno central, especialmente del reciente Real Decreto 413/2014, que pone en peligro tanto las inversiones como el empleo vinculado a este sector en Andalucía.
El consejero ha recordado que Andalucía desarrolla desde hace años una política energética centrada en el ahorro y la eficiencia energética y el fomento de la generación con renovables, basada en decisiones consensuadas con el sector, que ha dotado a la comunidad de una Ley pionera como la de ahorro, eficiencia y renovables; una planificación a medio y largo plazo; y centros de investigación pioneros como el Centro Tecnológico Andaluz de Energías Renovables.
Todo esto, ha indicado, ha posibilitado que actualmente Andalucía sea pionera y referente en energías renovables, siendo la primera comunidad autónoma en instalaciones solares térmicas, con más de 900.000 m2 instalados; primera región en Europa en la que se han implementado proyectos comerciales de centrales termosolares; primera en instalaciones de energía termosolar, con 24 plantas que suman más de 997 MW de potencia instalada; encabeza la capacidad de producción de biocarburantes y en potencia eléctrica generada con biomasa, con 18 plantas y más de 250 MW; y cuenta con más de 1.400 empresas y más de 44.000 trabajadores en este sector.
Gracias a ello, en Andalucía las energías renovables aportan ya el 34% de la electricidad que consumen los andaluces, suponen más del 19% del consumo de energía primaria y más de un tercio de toda la potencia eléctrica instalada en la comunidad.
A pesar de estos avances, Sánchez Maldonado ha señalado que el sector de renovables “está siendo minado y castigado continuamente por las decisiones del Gobierno de España” en materia energética, “que no ha hecho más que cambiar las reglas del juego sin coordinar sus propuestas ni con las comunidades autónomas ni con el sector”.
Para el consejero, normas como el Real Decreto-ley 1/2012, que determinó la moratoria en las primas; la Ley 15/2012, que definía un impuesto del 7% a los ingresos por generación eléctrica; los Reales Decretos-ley 29/2012 y 2/2013, que fijan nuevos criterios a proyectos que ya se han sometido a tramitación y sustituye el IPC normal por el subyacente para actualizar la retribución de los productores; y el reciente Real Decreto 413/2014, que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, cogeneración y residuos; “generan un marco de inseguridad jurídica para los inversores”.
En concreto, ha señalado que el Real Decreto 413/2014, la última de estas normas, supone “un cambio radical” en el tratamiento retributivo de la electricidad generada con las energías incluidas en el régimen especial, que antes recibían una prima justificada por su carácter eficiente y limpio, mientras que ahora se les otorga una “rentabilidad razonable” durante la vida útil del proyecto.
Esto supone, ha explicado el titular de Economía, una reducción de ingresos para los proyectos existentes, que el Gobierno cifra en 1.700 millones de euros al año, que junto a las reducciones de ingresos provenientes de otras normativas anteriores, “pone en serio riesgo la supervivencia de una parte importante de las plantas en operación”.
Según el consejero, la norma tiene además “un claro carácter retroactivo”, pues cambia las condiciones económicas de unos proyectos que se cerraron con las entidades financieras en unas condiciones de ingresos muy distintas, y genera también “una evidente inseguridad jurídica, al no respetar las normas promulgadas e introducir la posibilidad de modificar la rentabilidad de las plantas cada seis años”.
Sánchez Maldonado considera que estas condiciones “no ofrecen buenas perspectivas para la construcción de nuevas plantas, dada la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica”, y ha indicado que este Real Decreto en Andalucía supondrá una reducción de ingresos en las plantas andaluzas a 340 millones de euros al año, un 20% del impacto a nivel nacional y el 12% de los ingresos de estos proyectos. Ello puede afectar, ha añadido, a unos 4.000 empleos directos asociados a las plantas en operación.
De este modo, la nueva norma se convierte en “un freno” al desarrollo de 950 proyectos priorizados en Andalucía, que supondrían unos 4.000 nuevos Megawatios en tecnologías renovables, una inversión de 11.700 millones y que generarían, en las fases de construcción, operación y mantenimiento, un empleo para más de 38.000 trabajadores.
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