Las empresas de energías renovables calculan queel impacto de la reforma energética en la energía solar fotovoltaica será de 550 millones de euros al año, de 450 millones en la eólica y de 150 millones en la termosolar. En total, 1.150 millones de euros.

Energía solar fotovoltaica se manifiesta en Madrid contra los recortes

REVE

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha convocado una manifestación para este sábado, 21 de junio, en Madrid para protestar por las «graves consecuencias de las reforma energética» y ha pedido el ministro de Industria, José Manuel Soria, y al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que «respondan legalmente» por su contenido.

Para Anpier, resulta una «irresponsabilidad absoluta aprobar una reforma de este alcance sin consenso sectorial, político, territorial ni interno en el propio Partido Popular, puesto que incluso comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Extremadura, han llevado al Tribunal Constitucional esta reforma».

Diez mil personas venidas de toda España marcharán hasta el ministerio de industria para exigir «seguridad jurídica, energías renovables y honestidad».

Diez mil personas participarán en una marcha que se iniciará a las 12:30 horas y discurrirá por el Pº de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, los asistentes se concentrarán frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Cuenta con el apoyo y la presencia de numerosos colectivos, entre otros: PSOE, IU, EQUO, COMPROMIS, ICV, CIUTADANS, PSC, ERC, BNG, AGE, ATEVAL, IU-IVC, CHUNTA ARAGONESISTA, GREENPEACE, UNEF, APPA FOTOVOLTAICA, PLATAFORMA NUEVO MODELO ENERGÉTICO, COAG Y COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS.

El Gobierno ha aprobado un nuevo marco para las renovables, que altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaboraran con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético. Una vez puestas en marcha las plantas, y con los patrimonios de estas familias hipotecados, se deroga el sistema de apoyos que se acordó, para imponer un mecanismo de supuesta «rentabilidad razonable» que, en la práctica, supone recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones.

El acoso que sufren las renovables y las familias productoras, solo se puede comprender si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; a pesar de que las renovables democratizan el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas son evidentes para todo aquel que no se conforme con escuchar el sesgado discurso oficial, que afirma que son gravosas para la sociedad; pero si se hace un cálculo honesto y se computan todos los costes y los ahorros que aportan al bajar el precio de la luz, son absolutamente rentables para el conjunto de la sociedad española en el plano meramente económico, sin entrar en que, además, no generan contaminación ni patologías asociadas y ni supone asumir el riesgo de algún tipo de catástrofe.