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Si bien el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo el lunes pasado que las leyes reglamentarias de la reforma energética permitirían aumentar la generación de energías renovables, éstas no establecen un plan ni obligaciones de producción de energía eléctrica con bases renovables para reducir el uso de combustibles fósiles.
En las iniciativas de leyes secundarias se flexibilizan requisitos para la generación de energía pero no se menciona una hoja de ruta para que la producción de energía limpia en los próximos diez años alcance el mínimo requerido según los compromisos internacionales adquiridos por México, los sujetos obligados a generarla o las formas para impulsarla con miras a cumplir con lo establecido con la Ley General de Cambio Climático.
Para la organización no gubernamental LARCI (Latin America Regional Climate Initiative) hace falta que como parte de las legislaciones secundarias de la reforma energética se vote una ley de energía renovable con obligaciones y lineamientos claros sobre cómo México aumentará la producción de energía limpia.
«Primero, los objetivos de producir energía a través de fuentes renovables deben ser vinculantes, sin obligaciones las metas serán totalmente inalcanzables. Pero también debemos pensar en una hoja de ruta para esos objetivos, ¿cómo llegaremos?, establecer cómo van a crecer las energías renovables y lograremos tener una red eficiente en el país», dijo Daniel Chacon-Anaya, director de LARCI en México.
La Ley General de Cambio Climático indica que para 2024 al menos el 35% de la generación eléctrica debe hacerse a partir de fuentes limpias y en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se amplia que debe ser de 50% para 2050.
Sin embargo, la misma Secretaría de Energía confirma en el documento Prospectivas de Energías Renovables 2013-2027 que no será posible llegar a la meta pese al crecimiento que prevé en fuentes como la eólica o solar, pues se llegará a un máximo de 23% sí se toma en cuenta la energía nuclear.
«Con las consideraciones de planeación actuales el nivel de generación renovable alcanza el 19.58% en 2018, se incrementa a 20.62% en 2024 y reduce su participación de nuevo hacia el final del periodo de planeación. Si se considera la energía nuclear, en 2024 se alcanza solamente un 23.14% de la generación necesaria mediante fuentes no fósiles (…) Es decir, de acuerdo con los parámetros de planeación aquí descritos no existe certeza sobre las trayectorias que permitan cumplir con los mandatos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático».
Según la Secretaría de Energía, en México, entre 2003 y 2012 la producción neta de energías renovables disminuyó del 8 al 6.2% y la mayor parte de la energía renovable consumida en 2012 provino de la leña (64%) y pese a ello, no se establece en la reforma energética cómo aumentar la producción.
En las legislaciones secundarias en materia de reforma energética que está por discutir el Congreso tampoco se contempla lo que organizaciones civiles llaman «externalidades», es decir, los impactos y costos ambientales y sociales que tiene la producción de energía tanto fósil como renovable, lo que permitiría que la energía limpia fuera más competitiva.
«Debemos tener un conocimiento del costo real de la generación de energía tanto en lo ambiental como en lo social, que se considere dentro del costo de cada fuente de energía el costo de emitir gases de efecto invernadero, esto permitiría que las energías renovables compitan con precios equitativos con relación a energías fósiles», dijo Margarita Campuzano el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Si bien en las iniciativas se propone eliminar obstáculos para la integración de energías renovables a la red eléctrica se indica que el requisito a cumplir en la generación de electricidad es mantener el precio más barato.
El Centro Nacional de Control de Energía deberá garantizar que los generadores privados con costos más baratos puedan vender primero su energía, lo que puede ser una desventaja para productores de energías renovables, cuya infraestructura y proceso de producción puede ser más elevado que el de energías contaminantes y más si no se contempla el costo de «las externalidades».
Las organizaciones civiles también consideran que es necesario un marco legal que permita «una amplia y representativa participación de la ciudadanía en la planeación, ejecución y evaluación de la política energética».
A punto de iniciar esta discusión en materia energética en el Congreso, los números de México sobre producción de energía renovable son mucho menores que el promedio a nivel mundial.
Por Tania L. Montalvo (@tanlmont) para Animal Político
