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Las asociaciones de renovables de ámbito estatal –ANPIER, APPA, PROTEMOSOLAR y UNEF- denuncian que la propuesta de Orden de parámetros retributivos y el Real Decreto sobre renovables, de inminente aprobación, culminan la estrategia contra el sector de las energías renovables iniciada por el Gobierno nada más llegar al poder.
Efectivamente, su primer Real Decreto-ley, de hecho una moratoria renovable, y toda la batería legislativa puesta en marcha por el Ministerio de Industria en los dos últimos años ha estado encaminada a aniquilar (“destruir”, “reducir a la nada”) al sector renovable. El Gobierno ha demostrado una total falta de visión de futuro pues no ha presentado una reforma en profundidad del sistema eléctrico y se ha limitado a poner en marcha medidas meramente recaudatorias, que recaen fundamentalmente sobre las energías renovables y los consumidores.
La citada Orden, un documento confuso de más de 1.500 páginas, añade, si cabe, más incertidumbre a un sector con una regulación caótica y que es un ejemplo más de la improvisación con la que actúa el Ministerio de Industria en un sector especialmente castigado por la regulación de este Gobierno. De no modificarse la Orden en sus términos actuales, las asociaciones de renovables recurrirán esta normativa ante la Comisión Europea y todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales.
Las citadas asociaciones denuncian la falta de trasparencia del Ministerio de Industria al no facilitar toda la información sobre la que se basan los cálculos de las retribuciones que incluye la citada Orden, lo que provoca la indefensión de los diferentes agentes para hacer las alegaciones pertinentes a la CNMC.
3.400 millones de ingresos menos de los previstos
En lo que a las renovables se refiere, el ajuste de las medidas llevadas a cabo desde 2011, junto con lo contemplado en la propuesta de Orden, reducirá los ingresos previstos por el sector para 2014 en más de 3.400 millones de euros. Esto, sin tener en cuenta la reducción de ingresos derivada de la obligación de venta a tarifa regulada aplicada desde enero de 2013.
Las asociaciones de renovables se preguntan a qué intereses sirve un Gobierno que en su objetivo de acabar con el llamado déficit de tarifa, y bajo la excusa de reducir el precio de la electricidad, sólo ha venido actuando contra las tecnologías del ya extinto Régimen Especial y, especialmente, contra las energías renovables, las grandes damnificadas de su pretendida reforma energética.
A pesar de los recortes de todo tipo aplicados a las renovables, el Gobierno ha sido incapaz de atajar el déficit de tarifa. Un déficit que la CNMC cifra en 4.098 millones de euros para 2013, sobre el que el Régimen Especial y las renovables no tienen responsabilidad alguna, ya que su retribución en el citado ejercicio ha sido 656 millones de euros inferior a la prevista por el Ministerio.
“Mercado eléctrico”, ciclos, nuclear y gran hidráulica
Sobre la base de un diagnóstico equivocado, el Gobierno ha asumido como suyos los planteamientos de los lobbies eléctricos tradicionales, cuyo objetivo es sacar del sistema eléctrico toda la potencia renovable posible para hacer hueco a sus infrautilizados ciclos combinados de gas (en la última década se han instalado más de 27.000 MW, cuando con poco más de 6.000 MW habría bastado para cubrir las necesidades del sistema eléctrico). Los ciclos combinados de gas han sido desarrollados por libre iniciativa empresarial y su coste de inversión en un 40% está siendo subvencionado y soportado por los consumidores eléctricos a través de los llamados pagos por capacidad.
El Gobierno identificó a las primas a las energías renovables como principales causantes del déficit de tarifa y toda su política ha estado encaminada a recortar sus ingresos mientras mantiene intactos muchos de los privilegios de las eléctricas tradicionales. Así, ha acabado con el Régimen Especial pero sigue sin acometer la reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la antigua CNE. Una falta de competencia que sigue permitiendo una desproporcionada retribución con relación a sus costes de generación de tecnologías como la nuclear y la gran hidráulica, que incrementa la factura de la electricidad y que finalmente tienen que soportar empresas y particulares.
Las Asociaciones de renovables piden al Gobierno, una vez más, que saque de los costes del sistema partidas que nada tienen que ver con la generación eléctrica, como son los costes extrapeninsulares, los pagos por interrumpibilidad, innecesarios en un sistema con exceso de capacidad como el español, y que, por la misma razón, suprima los pagos por capacidad a las eléctricas. Asimismo, requieren al Ejecutivo que, ante la falta de competencia, saque del mercado eléctrico a las mencionadas tecnologías y sean retribuidas con la misma rentabilidad “razonable” aplicada a las tecnologías renovables.
Cambio de las reglas del juego sólo para unos
ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR y UNEF denuncian que toda la normativa del Ministerio de Industria obedece a una estrategia diseñada para sustituir la generación renovable por generación de origen fósil. Con ello, ha cambiado los parámetros sobre los que se hicieron las inversiones, lo que ha traído al sector una continua inseguridad jurídica, con medidas retroactivas que han desembocado en que España sea el país desarrollado del mundo con más litigios internacionales.
Las renovables, tanto empresas como particulares, sabrán ahora y “gracias” a la propuesta de retribución de la Orden, diseñada sobre la base de la llamada rentabilidad razonable, si acertaron o no con las inversiones realizadas hace cuatro, diez o más de veinte años. Algunos ya lo están comprobando pues con las normativas en curso ya han tenido que renegociar la financiación de sus proyectos con los bancos y, muchas empresas y familias, están viendo de cerca la ruina al comprobar cómo están perdiendo su patrimonio.
Las medidas del Gobierno para acabar con el déficit de tarifa se han cebado con el Régimen Especial y especialmente con las energías renovables -únicas fuentes de generación autóctonas con las que cuenta nuestro país-, que han recibido un trato discriminatorio con relación a otros agentes del sector eléctrico. Un ejemplo más es la reciente propuesta de Orden de Peajes, que confirma los recortes retroactivos a las renovables y, por el contrario, mantiene y en la mayoría de los casos incrementa la retribución del resto de costes regulados, algo inexplicable en la situación económica actual. A modo de ejemplo, la propuesta de Orden de Peajes prevé incrementar para 2014 un 30% la retribución al Operador del Sistema (REE) y un 8% la del Operador del Mercado (OMIE), algo totalmente inadmisible en el escenario económico actual.
De no modificar su estrategia, el Gobierno acabará definitivamente con un sector rentable para España, tanto ambiental como económicamente. Un sector que llegó a superar los 137.000 empleos y que en 2012 ya había perdido más de 23.000. En el periodo 2005-2012, las renovables redujeron la balanza energética española en más 15.300 millones y evitaron emisiones contaminantes por valor de 3.100 millones de euros. Por último señalar que en esos años, las energías renovables ahorraron a los consumidores más de 32.500 millones en el mercado eléctrico.
