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La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que hoy celebró en Madrid la Jornada la reforma energética y la eólica, ha denunciado que el eólico es el sector más afectado por la nueva regulación ya que, además de las normas que se refieren a las energías renovables, sufrirá un fuerte impacto como consecuencia de otras medidas.
Por ejemplo, el borrador de real decreto sobre interrumpibilidad establece que el coste de este servicio recaería en gran parte sobre las empresas eólicas, “algo tremendamente injusto si consideramos que, como la CNE revela año tras año, nos encontramos ante un servicio que es innecesario, pues no se utiliza ni se utilizará”, según afirmó en el discurso inaugural José López-Tafall, presidente de AEE. El proyecto de real decreto sobre pagos por capacidad y mecanismos de hibernación obligaría asimismo a la eólica a financiar estos costes regulados.
De hecho, como consecuencia de la eliminación del complemento por energía reactiva (que produce el campo magnético necesario para la producción eléctrica y cuya gestión resulta difícil y cara) a partir del 14 de julio, día en que entró en vigor el Real Decreto-Ley 9/2013 (la única norma de la reforma que ya es firme), la eólica dejó de ingresar 4,5 millones de euros sólo en los 18 días posteriores, según la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En 2014, esta cantidad ascenderá a 140 millones de euros.
Sobre las normas que afectan directamente a la eólica, López-Tafall afirmó que el Real Decreto-Ley 9/2013 “cambia radicalmente el sistema, modifica sustancialmente las reglas del juego que atrajeron 25.000 millones en inversiones en los últimos veinte años, y sume al sector en la más absoluta inseguridad jurídica”. El proyecto de Real Decreto sobre retribución a las energías renovables “se basa en una supuesta rentabilidad razonable muy alejada de la realidad de nuestro sector y nos condena a problemas financieros”. Y el proyecto de ley del sector eléctrico “nos condena a la incertidumbre”.
Se refirió también a la retroactividad de la norma y a la advertencia del Consejo de Estado, en su informe sobre la reforma energética, sobre el “enorme” riesgo que supone fijar retribuciones futuras sobre la base de hechos pasados. “En nuestra opinión, no hay peor praxis regulatoria que la retroactividad, ni nada que asuste más a los inversores. ¿La consecuencia? Que va a ser enormemente difícil no sólo que nuestras empresas se planteen invertir en España, sino que encuentren quién se arriesgue a financiarlas”.
Por ello, señaló, “aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver antes de conocer el impacto real que las diferentes normas van a tener en nuestro sector (fundamentalmente, que se establezcan los parámetros en los que se basará su retribución futura), podemos decir sin temor a equivocarnos que el eólico es el más afectado” y que la reforma no resulta equitativa. “Si no, ¿cómo se explica que el sector eólico, primera fuente de energía autóctona de España, y que aporta el 20% de nuestra electricidad sea el más perjudicado? ¿Y que lo sea cuando en 2012 su retribución total representó sólo el 11% de los costes totales del sistema?”, se preguntó López-Tafall.
El presidente de AEE indicó que el sector eólico es consciente de la grave situación del sector eléctrico. “Y lo es especialmente porque esta situación no hace sino perjudicar a nuestras empresas de modo constante y creciente desde hace unos años. Pese a no ser responsables de la situación, nos ha tocado asumir tradicionalmente la parte del león de los recortes. Todos pensábamos que esos sacrificios se tendrían en cuenta en lo que se nos anunció como reforma definitiva. Por desgracia, no ha sido así”. AEE estima que el Real-Decreto Ley 2/2013 del pasado febrero, unido al impuesto del 7% sobre la generación en vigor desde enero, le costarán al sector 600 millones este año.
En este sentido, destacó que “las empresas e industrias eólicas nos sentimos especialmente maltratadas. Y perplejas, porque pensábamos que España debía defender su industria eólica, la más innovadora, la que más empleo crea y la que genera la energía renovable más barata”, como Francia hace con la nuclear o Estados Unidos con el petróleo.
A continuación intervino Luis Casals, socio de Baker & McKenzie, que destacó la inseguridad jurídica e incertidumbre que conlleva la reforma, así como la situación de conflicto que supone, “que no es buena ni para las empresas ni para la Administración”. A su juicio, hay dos focos de esperanza para las empresas: que el informe del Consejo de Estado ha puesto de manifiesto la retroactividad de las normas y que es “difícil imaginarse un escenario” en que la normativa española no se adapte a la europea.
Los demás ponentes de la sesión, en representación de sus respectivas empresas, estuvieron de acuerdo en que la reforma sume al sector en la más absoluta incertidumbre e inseguridad jurídica, así como en los desequilibrios que supone.
