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La Comisión Europea ha solicitado formalmente a España tomar medidas y garantizar el pleno cumplimiento de las normas de la UE en materia de energías renovables (energía solar fotovoltaica, eólica y termosolar).
La Comisión ha enviado un dictamen motivado a España (primer paso en el proceso de expediente) por no informar a la Comisión Europea sobre la transposición completa de la Directiva sobre energías renovables (Directiva 2009/28/CE).
La ley tuvo que ser aplicada por los estados miembros el 5 de diciembre de 2010. Sin embargo, España (al igual que Italia) no han informado a la Comisión de todas las medidas de adaptación necesarias para la transposición completa de la Directiva a su legislación nacional.
Si los dos Estados miembros no cumplen con su obligación legal de un plazo de dos meses, la Comisión puede decidir remitir a la Corte de Justicia. Estos dos dictámenes motivados se unen a otros 17 procedimientos similares contra Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovenia, Letonia y los Países Bajos.
Según la Directiva, cada Estado miembro tiene que alcanzar objetivos individuales para la cuota de energía renovable en el consumo de energía. Para alcanzar estos objetivos, los Estados miembros deben establecer las normas, por ejemplo, para mejorar el acceso a la red de electricidad a partir de energías renovables, los procedimientos administrativos y de planificación, información y formación de los instaladores.
Además, cuando se usan los biocombustibles para lograr el objetivo del transporte, estos deben cumplir una serie de requisitos de sostenibilidad, que también deben ser incluidos en la legislación nacional.
Fuentes de la Comisión Europea informaron a La Vanguardia.com que este procedimiento de infracción (empezando con un dictamen motivado) se refiere a que no se comunicaron las medidas de transposición en la Directiva de Energías Renovables. España notificó una serie de actos jurídicos, pero las medidas de transposición que han sido evaluadas «no reflejan la transposición completa de las disposiciones de la Directiva».
Los dictámenes motivados son parte del procedimiento administrativo previo y no son públicos. Dado que se trata de un procedimiento administrativo previo en el que el diálogo entre la Comisión y los Estados miembros está «todavía en curso, la opinión expresada por la Comisión en el dictamen motivado aún puede evolucionar», agregaron las mismas fuentes.
Cañones contra hormigas
Mientras tanto, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha criticado que la normativa sobre el autoconsumo doméstico mediante energía renovables propuesta por el Gobierno «no regula sino que prohíbe» esta opción. El desarrollo de esta modalidad es una de las vías de crecimiento para esta industria «desmantelada» por las últimas medidas regulatorias.
En la presentación de su informe anual, el vicepresidente de UNEF, Luis Torres, ha apuntado que el peaje de respaldo que plantea la normativa -y que deberán pagar los usuarios que opten por producir energía en pequeñas instalaciones y consumirla (autoconsumo instantáneo)- hace inviable económicamente esta opción al duplicar los años necesarios para recuperar la inversión. Este «impuesto al sol», han añadido, solo busca desincentivar este modelo, ha sido un «hazmerreír» internacional y responde a un objetivo del Gobierno que no debería ir en una política energética: que no caiga el consumo.
Para la patronal fotovoltaica, la «prohibición» al desarrollo de esta opción también supone también cercenar una industria «madura y competitiva», que ha bajado sus costes casi un 80% en los últimos años, y tenía en esta vía su opción de «resistir».
El Gobierno, en el marco de la última reforma eléctrica, ha establecido el pago de un peaje para los usuarios que opten por el autoconsumo y que, a su juicio, deben contribuir a sufragar los costes del sistema con este canon adicional.
UNEF también ha dado hoy una estimación del impacto global de los cambios regulatorios en la retribución de esta fuente que se verá mermada en 5.800 millones entre 2010 y 2020, lo que supone un 20% de sus ingresos totales para el periodo.
Según el informe, el sector ha perdido 4.500 empleos y el 90% de su tejido industrial. Con estas cifras, el director general de UNEF, José Donoso, ha reiterado que la última reforma eléctrica, aún pendiente de determinar el modelo de retribución para las renovables, empujará a muchas instalaciones a la «quiebra» y ha rechazado que estas energías sean las principales culpables del déficit de tarifa.
«Es un problema similar al de las preferentes pero con el BOE, con el Estado detrás», ha subrayado Donoso, quién ha añadido que se siguen manteniendo reuniones con la banca que les plantea extender la financiación de los proyectos. En España hay 4.500 megavatios fotovoltaicos en más de 60.000 instalaciones que representan el 4% de la potencia total del sistema.
Las previsiones de este año es que se instalen entre 75 y 100 nuevos megavatios, la mayoría procedentes de proyectos pendientes de ejercicios anteriores. Consejo de Estado
El Consejo de Estado ha emitido un informe acerca de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) en el que advierte de la alta litigiosidad sufrida por el sector en los últimos tiempos y reclama al Gobierno que actúe con «cautela», especialmente en lo referido a la posible imposición de medidas retroactivas.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la institución analiza el nuevo esquema para las renovables y «recomienda la adopción de las máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación temporal del régimen retributivo especifico que, en su caso, resulte aplicable a las instalaciones existentes con anterioridad al 14 de julio de 2013».
Estas cautelas responden a que varias entidades, indica el Consejo de Estado, ha expresado su «preocupación por la retroactividad, que se dice auténtica», derivada del cálculo de las retribuciones de las instalaciones.
Por Antonio Cerrillo, http://www.lavanguardia.com/20080430/54058423964/antonio-cerrillo.html
