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El desarrollo de un modelo de generación distribuida apoyado en el autoconsumo con balance neto y en el autoconsumo instantáneo sin vertido a red debería servir como vector básico para el despliegue de las redes eléctricas inteligentes y aportaría un importante valor al país en su conjunto, estimularía localmente el empleo y la actividad económica, sería además un factor más de eficiencia y competitividad para toda la industria y servicios, cumpliendo así con los objetivos fijados por la Unión Europea.
Todo ello dirigido a los objetivos medioambientales suscritos por el Estado y disminuyendo, además, la dependencia energética futura en combustibles importados. En suma, se trata de una ocasión perdida para desarrollar un mercado eléctrico más competitivo y centrado en el consumidor, mejorar nuestra competitividad, crear empleo duradero y de valor añadido en nuestro país», concluye el comunicado.
Tras la presentación del Real Decreto que incluye una la reforma eléctrica que pretende reducir el déficit tarifario del sistema eléctrico español, algunos de los principales activos del sector han entrado a valorar dicho paquete de medidas presentado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de julio. La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético critica muy negativamente la reforma y afirma que «perjudicará a empresas y a consumidores» y que con ella «se cierran las puertas al autoconsumo y a la generación distribuida en redes eléctricas inteligentes, desaprovechando el potencial tecnológico de las energías renovables».
Las medidas implican ajustes por un valor de uno 4500 millones de euros lo que pretende cubrir la diferencia entre costes del sistema e ingresos. Los principales afectados por la reforma son las compañías eléctricas tradicionales, los grupos de energías renovables y los consumidores finales.
La medida que afectará a estos últimos y de caracter más inmediato, es una subida en la factura de la luz de un 3,2% con lo que los consumidores aportarán 900 millones de euros para la reducción del citado déficit.
Las compañias eléctricas tradicionales verán reducida la cantidad de dinero que reciben debido a su labor de distribución de la electricidad, lo que les supondrá unos 1.350 millones. Por su parte, los grupos de energías renovables verán eliminado su sistema de subvenciones, medida que supone un recorte de otros 1.350 millones. El Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado asume 900 millones de euros.
La crítica a la reforma eléctrica por parte de la Plataforma se centra en la «indebida creación» de los nuevos peajes bajo el concepto de “Peajes de respaldo”, que, en la práctica, hacen inviable el autoconsumo. La Pataforma asegura que «se niega la contribución del autoconsumo a la eficiencia energética del sistema, con la consecuencia de que tales instalaciones de autoconsumo se ven penalizadas con cargo a la red de transporte y distribución, sin que lleguen a emplearla» a la vez que sentencia que «al contrario que en los países de nuestro entorno, en el caso español puede provocar una paralización total de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías renovables aplicadas al autoconsumo».
Alegaciones al Real Decreto
La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético ya ha enviado sus alegaciones de cara a una modificación del Real Decreto que contiene las citadas reformas del sistema eléctrico español, aún en formato de propuesta.
Además de paralizar el sector del autoconsumo, para la Plataforma, la Propuesta de RD incurre también en una infracción del Derecho Comunitario aplicable, en relación con la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, del mercado interior de la electricidad y también con respecto a la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Además, la nueva norma no resuelve la inseguridad jurídica existente y es contraria al fomento de la competitividad empresarial, al impedir que una pequeña industria quiera invertir en optimizar su factura eléctrica. En definitiva «hace primar el interés particular contra el interés general».
En otro sentido, la Plataforma considera que el Real Decreto dificulta muy seriamente cualquier política activa a favor de la eficiencia energética, que es una de las formas de ahorro más viables para nuestro país, y pone muy en entredicho un objetivo clave de la Comunidad Europea para el año 2020, como es lograr una mejora del 20% en la eficiencia energética hasta esa fecha.
