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El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) lamenta que Industria se cebe con el sector eólico en la reforma energética, al que «ha tratado injustamente».
Tras analizar en profundidad el contenido definitivo de la reforma energética que el ministro de Industria, José Manuel Soria, presentó hace una semana en Consejo de Ministros, el nuevo presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall (Acciona), carga contra el Gobierno por “penalizar” el riesgo y la innovación, cuestión que justifica en que las medidas tomadas suponen un caso “claro de vulneración de la seguridad jurídica. La reforma se suma a los dos decretos aprobados en los dos últimos años. Elegido por la Junta Directiva el 9 de mayo en una Presidencia que es rotatoria, el ejecutivo cántabro advierte del riesgo de que muchos parques sean embargados, con una deuda bancaria de 15.000 millones del sector eólico, y critica la ‘ecotasa’ de la Junta y la ayuda a la interrumpibilidad. AEE representa, con más de 200 empresas asociadas, a más del 90 por ciento del sector eólico en España.
La última reforma energética ha cosechado muchas críticas, ¿cuáles son los puntos que más perjudican a las renovables, en concreto a la eólica?
Lo más relevante es que las medidas son retroactivas y discriminatorias. En el caso de la eólica se fija ahora y de modo arbitrario la retribución de la inversión realizada en el pasado, ignorando el riesgo que tenía invertir hace 20 años en una tecnología como esta, que entonces estaba lejos de la madurez de hoy. En definitiva, se penaliza el riesgo y la innovación. Las medidas tomadas suponen un caso claro de vulneración de la seguridad jurídica, lo que se ha traducido ya en pérdidas millonarias de las empresas cotizadas en Bolsa, ya que cuando éstas tomaron sus decisiones de inversión lo hicieron al amparo de una regulación diferente. Así que no se pueden descartar problemas financieros para un número importante de parques eólicos, con el consiguiente impacto para la banca.
¿Aprecia su asociación algún apartado positivo para el sector?
Al contrario. El sector eólico considera que ha sido tratado injustamente, ya que no es culpable del déficit de tarifa y siempre se ha desarrollado de acuerdo con los objetivos fijados por el regulador. Lo que cabe esperar es que continúe el cierre de fábricas –han cerrado nueve en lo que va de año–, la destrucción de empleo –se han perdido 3.600 puestos de trabajo eólicos en 2013– y la deslocalización de empresas.
Se trata de una reforma que ha puesto de acuerdo a todas las partes del mix energético, aunque cada una por motivos diferentes… ¿Es una estocada al sector de las renovables?
Sí lo es. El Gobierno no nos ha consultado a la hora de hacer números ni ha existido diálogo para preparar la normativa. Ni siquiera ha hecho caso a la preocupación de los inversores internacionales, que se han llevado las manos a la cabeza por la retroactividad de las medidas. Ahora lo que está en juego es la supervivencia del sector eólico. A la Asociación no le gusta atacar a otras tecnologías. La eólica es exitosa, ha tenido en su desarrollo sobrio y sostenible, de acuerdo a lo previsto en la planificación. El apoyo a renovables con primas lo hay en todas las partes del mundo y en Europa el español es el tercero más barato. Hemos generado empleo, industrias, hay valor añadido, patentes… Y además de todo eso, en 2010 nos bajaron las primas, en 2012 nos introdujeron la moratoria y ahora nos ponen un decreto ley que nos pone en tarifa, nos impide repercutir el impuesto del siete por ciento, algo que no sucede en la generación ordinaria porque pueden trasladar impuesto al precio final. No estamos de acuerdo con el planteamiento, porque las primeras medidas de ajuste siempre son contra el eólico. No sabemos a qué otra parte del sector le tiene que quitar dinero, pero sí le digo que al eólico ya le ha tocado. Por ello, no estamos contentos con la política del Gobierno.
¿Qué afección directa tiene el déficit de tarifa sobre la industria eólica?
Como el déficit de tarifa está causado porque la demanda se ha caído y todo el mundo considera que la crisis es temporal, pues pedimos al ministro que las medidas también lo sean. Como nosotros ya hemos pagado unos 600 millones de euros al año entre impuestos y reales decretos -el 15 por ciento de toda la retribución que ingresó el sector en 2012, unos 4.000 millones en España, tanto de prima como de mercado-, pedimos que cuando pase esta situación y suba la demanda, previsiblemente en 2015, esta aportación que hacemos ahora se compense con un aumento en el plazo del sistema regulatorio para los parques eólicos, un sistema parecido al que hizo Portugal el año pasado. No son conscientes hasta qué punto han dejado al sector eólico en dificultades. Detrás de las empresas eólicas y parques hay unos compromisos financieros que no se pueden ignorar, así como de empleo, porque en lo que va de año se han perdido 24 puestos de trabajo al día en el sector.
¿Existe el riesgo de que muchos parques pasen a formar parte de los balances de las entidades financieras?
Sí existe ese riesgo. Y pueden aparecer también problemas financieros que generen refinanciaciones y pondrá en dificultades al promotor eólico y al sector financiero. En el peor de los casos el parque acabará en el balance. Pero antes de que llegue a eso hay un riesgo inminente y advertido de que este sector está basado en la aportación de capital propio y ajeno, como otros, y si obvias eso, se genera un problema financiero. Estas refinanciaciones pueden generar obligaciones de volver a dotar provisiones a la banca, y estamos hablando de importes de deuda altísimos. La deuda bancaria del sector eólico está en el entorno de los 15.000 millones de euros.
¿Volver a la situación anterior podría provocar una nueva caída del sector?
Actualmente el sector está moribundo. Buena parte de los parques están al límite de la rentabilidad y pueden entrar en problemas financieros; la industria se ha quedado parada con la moratoria; y la imagen del inversor es que las empresas españolas tienen un gran riesgo futuro, porque hay mucho temor a lo que pueda pasar al desconocer la regulación. Volver a esa situación anterior es volver a la estabilidad reflejada en el BOE y se recuperaría la confianza de que los problemas se afrontan de forma racional. A corto plazo no volverá a ser lo mismo que en la década pasada, cuando se hicieron bien las cosas con una estupenda aportación eólica al mix de energía (en 2010, un tercio de la energía española fue renovable), pero al menos ser un sector normal, con confianza legítima y que los inversores se planteen invertir en España y en I+D+i, porque somos líderes en el mundo y no se puede desaprovechar.
El sector eólico también ha criticado las ayudas por el riesgo de interrumpibilidad. ¿Tienen justificación hoy en día?
La ayuda a la interrumpibilidad, que es un coste regulado, subió un 55 por ciento. Si tan peligrosos es el déficit de tarifa no tiene sentido inflar un coste de esa manera. Y en paralelo, penaliza a una industria como la eólica, que es de los pocos sectores líderes que el país tiene en el mundo y es el primero que el Gobierno vende de cara al exterior en los documentos de la marca España. Y a la hora de tomar medidas de ajuste, somos los primeros. No se está tratando bien al sector eólico, sino todo lo contrario. El Gobierno dice que uno de los problemas del sector es el exceso de potencia instalada, que al haber un exceso de oferta convierte en nula la posibilidad de apagones. La CNE ha dicho reiteradamente que la interrumpibilidad es un servicio que hace años que no se usa, pero no obstante, los costes suben un 55 por ciento. Si no se usa, ¿por qué aumenta? Se hace el déficit de tarifa más grande y el ajuste es mayor y lo tenemos que hacer las renovables.
La paralización del sector supone la pérdida de miles de millones de euros y puestos de trabajo, ¿cuál es la perspectiva a medio y largo plazo?
La perspectiva dependerá en gran medida de la reforma regulatoria. Si no tiene en cuenta que el eólica ya ha asumido ajustes y pone el contador a cero para volver a hacer un control equilibrado, al final unos pagamos más que otros. Si no tiene eso en cuenta, lo que sucederá es que se agravará la destrucción de empleo, el cierre de plantas y, a futuro, será prácticamente imposible conseguir que nadie financie inversiones en España en activos eólicos, porque la gente no será capaz de convencer a un financiero que le preste dinero para entrar en un sector donde no se sabe al día siguiente cómo cambiará la regulación. Hay un riesgo claro. El Gobierno debería tener en cuenta que es un sector joven, con mucha inversión por amortizar, mucho desarrollo de I+D+i, que no sólo genera electricidad, sino que ha hecho un potente sector industrial, una gran cadena de empresas de componentes y que no ha sido un sector parásito, sino todo lo contrario. Por ello exporta al año 2.000 millones de euros, figura en el ranking de las mejores posiciones a nivel mundial, con empresas como Iberdrola, Acciona, Gamesa… y otras muchas por debajo. Si todo esto se ignora y se trata al sector con dureza, pues el resultado es automático: la destrucción de más empleo, parón inversor y cierre de plantas. ¿La alternativa cuál será? ¿Consumir combustibles fósiles? Hemos avanzado en todo el mundo para ahora dar un parón y volver atrás con un producto que en España sólo se importa y se quema.
Por cierto, ¿qué le sugiere la ‘ecotasa’ establecida por la Junta de Castilla y León en esta Comunidad?
Apoyamos la posición muy clara de Apecyl sobre este tema. Es muy difícil, con este escenario de crisis, soportar costes tributarios uno tras otro. Además de la tributación ordinaria aparece la medioambiental, cuando en este caso debería estar primado y no penalizado. Es absurdo primarla para al final gravarla por consideraciones medioambientales. La prima está compensada con todos los impuestos que se pagan. Se come por la presión tributaria, más cuando se han reducido las primas. No tiene ningún sentido y desde el punto de vista económico lo único que puede generar para nada apoya que el sector pueda seguir creando empleo y sea saneado; lo contrario, incide en agravar los efectos de la crisis.
