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Cada nuevo capítulo de la reforma energética conlleva una nueva vuelta de tuerca a la retribución de las energías renovables, y muy especialmente de la energía solar fotovoltaica, la tecnología de generación más afectada por los recortes que padece desde el año 2010. Sumando todas las medidas adoptadas por este Gobierno y por el anterior, hay instalaciones que reciben hasta un 40% menos por su producción eléctrica.
El análisis de una muestra representativa del parque fotovoltaico español arroja el dato de que la rentabilidad media de las plantas solares se sitúa en el entorno del 6%, muy próxima a la rentabilidad que ofrecen las Obligaciones del Estado a 30 años.
Muchos de los actores del sector fotovoltaico no hubieran invertido en la tecnología de haber sabido la devaluación que iban a sufrir sus activos por la vía regulatoria. Con independencia de ello, ahora se encuentran con que los ingresos que generan las instalaciones son insuficientes para pagar la deuda financiera, de modo que deben aportar fondos propios, refinanciar –algo imposible en muchos casos, por las condiciones de los préstamos–, o malvender sufriendo pérdidas.
En esta situación, el sector fotovoltaico no puede soportar otro recorte. Con los ajustes efectuados, el número de empresas activas se ha reducido a la mitad y el empleo ha pasado de 60.000 puestos directos en 2008 a poco más de 7.500 en la actualidad. Y se corre el peligro de que el impago de deuda afecte directamente a las entidades que financiaron los 28.000 millones de euros que se han invertido en energía fotovoltaica en España.
Sin embargo, desde UNEF hemos respondido, una vez más, a la solicitud de colaboración del Gobierno para encontrar soluciones al déficit de tarifa.
Así, le hemos solicitado una medida sencilla: trasladar, en la estructura de la tarifa, la partida de las primas desde los peajes de acceso al término de energía, donde ya están las ayudas al carbón o los pagos por capacidad. Así se hace en Alemania e Italia, y con ello se evitarían sobrecostes innecesarios a los consumidores domésticos, entre otras ventajas.
También hemos propuesto la aplicación de un ‘Coeficiente de sostenibilidad’ para los costes regulados del sector eléctrico, que actúe minorando los pagos cuando la demanda de energía baja y aumentándolos cuanto sube, de modo que el resultado sea neutro para los ingresos de los productores, pero beneficioso para el sistema cuando la situación económica lo requiera. Acotando el Coeficiente con un techo y un suelo del 5%, y estableciendo un mecanismo de ajuste, se conseguiría la financiabilidad del modelo, se evitarían sobrecompensaciones y se garantizaría su neutralidad a largo plazo.
Por ejemplo, tomando como punto de referencia la demanda final media entre 2008 y 2012 (257 TWh), el Coeficiente resultante para este 2013 hubiera sido del -2,85%. Aplicado a las primas del régimen especial hubiera reportado un ahorro de 374 millones de euros; si, por poner otro ejemplo, lo hubiéramos aplicado a la distribución, el ahorro hubiera sido de 206 millones.
El siguiente paso de la reforma eléctrica será definitivo para buena parte del sector fotovoltaico en España. Y ello puede acarrear más problemas que beneficios. Tanto para la credibilidad del país y la solvencia de la Marca España, como para una estructura financiera nacional que todavía está en fase de reestructuración.
En UNEF sabemos que, salvo que se revirtiera todo el daño recibido, ya no hay una buena salida para la fotovoltaica en España. Pero no por ello vamos a dejar de proponer soluciones que eviten los peores escenarios.
Jorge Barredo es Presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
