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La ley eólica prevé la necesidad de autorización administrativa previa para los parques eólicos y la creación de un Fondo de Compensación Ambiental.
El Plan de Sostenibilidad Energética 2011-2020 del conservador PP establece una potencia eólica de 707 megavatios y la instalación de 246 aerogeneradores, 107 turbinas eólicas menos que los previstos en el primer plan eólico del gobierno anterior de socialistas y regionalistas.
Así anunció el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que ha afirmado que con esta norma para regular el aprovechamiento eólico en la comunidad autónoma se establece un nuevo régimen jurídico para la instalación de parques eólicos y se «introduce la necesaria seguridad jurídica» a la situación actual de la asignación de potencia.
Toda una ironía, dicha por el PP, con sus cambios regulatorios, la supresión de primas y los impuestos a la eólica.
El texto que ha elaborado el Gobierno regional del PP deja «sin efecto» las asignaciones surgidas del concurso eólico convocado en 2009, infinitamente mejor que el nuevo plan del PP.
Ha explicado que, a través de él, se trata de «paliar la situación de incertidumbre» que, a su juicio, se había generado después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anulara el concurso eólico del Gobierno anterior (PRC-PSOE).
Diego ha subrayado que con la presentación de esta norma cumple con su compromiso público de dotar a Cantabria de una herramienta legal que, a su juicio, «ordena el futuro del sector eólico» en Cantabria, da «seguridad jurídica» al desarrollo de esta energía de una manera «perfectamente ordenada y consensuada con los agentes del sector».
El Gobierno de Cantabria ha explicado que para la elaboración de la norma se ha contado con la participación de la Asociación Eólica de Cantabria, que ha realizado alrededor de sesenta alegaciones a la norma, de las que se han estimado «la gran mayoría».
Para Diego, esta herramienta legal permite a Cantabria «avanzar sobre cimientos sólidos» y sobre una estructura «muy clara y muy transparente» para alcanzar el «deseable impulso de la energía eólica en la región».
El proyecto de ley aprobado contempla un nuevo régimen jurídico para la construcción, explotación, ampliación, modificación, transmisión y cierre de parques eólicos y regula las autorizaciones a obtener.
Además, especifica que no pueden aprobarse estas instalaciones en las zonas excluidas por la planificación energética de Cantabria.
En este sentido, las mayores novedades que plantea la norma son las relativas a la construcción y ampliación de un parque eólico, para lo que será necesario autorización administrativa previa, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y acta de puesta de servicio.
El punto novedoso «principal» está, según el Ejecutivo, en la regulación administrativa previa, de manera que el promotor que quiera instalar un parque eólico en Cantabria presentará ante Industria su solicitud, exigiendo a las empresas que opten «capacidad técnica y económica suficiente para el desarrollo posterior».
Dicha solicitud se someterá a información pública durante 30 días para que cualquiera pueda presentar solicitudes en competencia.
Será una Comisión de Valoración la que proponga, con base a unos criterios objetivos, cuál es la mejor solicitud. En este sentido, y en opinión del Ejecutivo, en el texto enviado al Parlamento «se ha incrementado notablemente» la puntuación de los criterios ambientales.
La regulación que se realiza de este sistema ofrece, según Diego, «muchas ventajas» frente a un concurso que afecta a toda la comunidad Autónoma.
Ha destacado que, de esta manera, no se «supedita» todo el desarrollo eólico a un único concurso», se una «mayor celeridad» en la tramitación, un «análisis individualizado de cada uno de los parques eólicos que se soliciten», y la selección de la mejor propuesta mediante «criterios objetivos y fácilmente cuantificables».
Dentro de los criterios objetivos a tener en cuenta en la selección de los proyectos, destaca la posibilidad de valorar la aportación económica que hagan los solicitantes con destino al Fondo para la Compensación Ambiental y la Mejora Energética que prevé el anteproyecto de Ley.
El Fondo se nutrirá tanto de las aportaciones económicas que los promotores de los parques eólicos ofrezcan durante el proceso de concurrencia, como del canon eólico que contempla la citada norma.
Este canon es una medida de carácter ambiental que, según ha señalado el Gobierno, «no grava» la producción de energía, sino que es un «ingreso compensatorio» por el impacto ambiental que ejercen los parques eólicos.
Según el Gobierno, con esta norma se «hace frente» y se cierra «la situación de incertidumbre jurídica» que, en su opinión, se generó tras el concurso eólico y por la gestión del Ejecutivo anterior.
Ha señalado que el bipartito «tardó 8 años» en elaborar un plan y un concurso del que –dice– «no se ha visto ni un solo aerogenerador» y «lo único que ha hecho es crear unos derechos a los adjudicatarios que deberán pagar los cántabros».
En esta materia, el Gobierno presidido por Ignacio Diego ha trabajado durante dos años, frente a 8 años de «fracasada gestión», en dos líneas paralelas.
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