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La Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl) reclamó a las administraciones y reguladores del sector de las energías renovables, un marco estable que elimine las incertidumbres generadas en los últimos años con las diferentes modificaciones de las normativas y rechazó que sean los culpables del déficit de tarifa.
El secretario general de la organización, Eugenio García Tejerina, pidió al Ministerio de Industria el desarrollo de políticas que contribuyan a recuperar la confianza de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Para ello, añadió, es necesaria una estabilidad “y no un decreto ley cada poco, que no es una buena medida”.
Según Apecyl, esa inestabilidad “afecta al acceso al crédito por la falta de seriedad”, pues ninguna entidad financiera otorga dinero ahora porque conoce la situación del sector. De hecho, a los 5.500 megavatios que Castilla y León tiene en la actualidad en funcionamiento, se deberían sumar en los próximos años, a la espera de conocer la normativa definitiva y superar la moratoria establecida desde Industria, casi otros 2.000 megavatios que cuentan con autorización de instalación. A razón de 1,1 millones de euros de inversión por cada megavatio, se trata de 2.200 millones de euros de inversión, que en estos momentos podrían estar en riesgo por culpa de la incertidumbre tan reiterada desde el sector.
Además, demandó al departamento dirigido por José Manuel Soria una visión de futuro a largo plazo y perspectiva histórica, “que es fácil perderla, agobiados por el corto plazo”. “El sector energético hay que regularlo pensando a 20 años y no a uno. Se debe centrar a largo plazo y abstraerse del agobión”, espetó.
Igualmente, reivindicó que se “piense en el interés general”. “Con eso ya estaríamos tranquilos”, manifestó, para añadir que si en 10 o 20 años se mira hacia atrás, “se demostrará que la inversión habrá sido positiva en infraestructura de energía eólica”. Por ello, insistió en que se debería pensar más un “poquito” más en la regulación y que la urgencia del momento “no les ciegue”.
García Tejerina admitió que el sector debe reformas “muchas cosas”. En este sentido, criticó que se culpe a las renovables del déficit de tarifa, cuando la única causando “es la regulación”. “Ustedes eligen cómo quieren que produzcamos, en qué forma, límites…, y ¿encima nos culpa a nosotros cuando sólo hacemos lo que nos piden?, cuestionó. Al respecto, recordó el ejemplo de las fotovoltaicas, un subsector para el que se aprobaron primas hasta alcanzar los 400 megavatios, pero se dio luz verde a solicitudes de instalación por 3.000. “Lo regularon mal. La culpa no es del que lo pide, sino de ellos”, acusó.
El sector eólico calcula que la modificación del modelo energético en España a raíz de la aplicación del último Real Decreto aprobado por el Gobierno central, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, supondrá unas pérdidas de 69 millones de euros en Castilla y León en 2013, una cuarta parte del total nacional (299 millones), algo que se justifica en que la Comunidad tiene instalada una potencia acumulada de 5.510 megavatios de este tipo de producción dependiente del viento, la primera del país, que en conjunto contempla 22.785 megavatios. Además, temen la nueva normativa ya anunciada pra próximas fechas.
En España, calculan que hasta 2020 el sector eólico dejará de ingresar 6.000 millones, mientras que en el último año y medio, los ingresos por esta actividad se han reducido en Castilla y León aproximadamente un 18 por ciento. En la actualidad, hay 236 parques eólicos a pleno rendimiento y 1.500 personas empleadas en el sector en la Comunidad.
Apecyl advierte de que “es una pena” la paralización que sufre en estos momentos el sector a causa de la incertidumbre, cuando la energía eólica ha invertido en Castilla y León más de 7.000 millones de euros. “Pocos sectores han invertido esta cantidad, con más de 4.000 empleos creados”, sostuvo García Tejerina, quien consideró que las administraciones han decidido “meter un palo” porque su huida de la Comunidad es imposible. “Nadie se puede llevar los molinos eólicos”, insistió.
Pero el número de puestos de trabajo se ha reducido más de una tercera parte en la comunidad, por encima de los 1.500, ante la paralización del sector. Uno de los ejemplos lo protagoniza la empresa Horta Energía, fabricante de los postes de los molinos, con infraestructura en Madrid y La Coruña, y que invirtió 20 millones de euros en Arcos de Jalón (Soria), para levantar una nave de 500 metros de longitud y equipamiento listo para ponerse en marcha en cualquier momento, pero que en la actualidad se encuentra parada, con sólo una veintena de empleos frente a los 120 que llegó a tener entre todas sus plantas.
Otros de los problemas actuales, además de las modificaciones continuas de regulación, se encuentra en el recorte de las primas, los impuestos (como la ecotasa regional) o el límite a la producción, pues en 2012 el 17 por ciento de la generación de energía eléctrica procedió de la eólica, frente al 20 por ciento de media en lo que va de 2013. El récord en un día se encuentra en un 67 por ciento.
En total, en torno a un 20 por ciento menos de la facturación, “que deja en la raya la posibilidad de beneficios”, pues el precio que se paga se sitúa en los 81-82 euros euros por megavatio, frente a los 87 de 2012. García Tejerina, que estuvo acompañado por el presidente de Apecyl, Javier Gracía Bernal, citó a la ecotasa, impuesta por la Consejería de Hacienda, como uno de los impuestos que ha dañado al sector, con unos ingresos para la Administración regional de en torno a 100 millones de euros anuales.
Este tributo, que se encuentra a la espera de conocer el resultado por el recurso presentado por Apecyl por “inconstitucional”, es rechazado por la organización “porque detrás de la denominación de medioambiental esconde un objetivo de aumento de ingresos, pues no grava ni al carbón ni a la eólica”. Sin embargo, reconocen que este impuesto no es ahora el mayor problema con el que cuenta el sector, sino la propia regulación, competencia de Moncloa.
En paralelo a las críticas por las sucesivas medidas para recaudar a costa del sector de las energías renovables, García Tejerina lamentó que existe un componente denominado riesgo de interrumpibilidad, por el que el Ejecutivo suscribió acuerdos con grandes empresas e industrias del país que son importantes consumidores de energía y que consiste en que estas compañías asumirían el corte voluntario de electricidad en sus plantas cuando se registraran picos elevados de demanda.
Por este concepto reciben un complemento del Estado. Ahora, esa cifra asciende a 255 millones de euros anuales, una medida reprobada desde el sector eólico porque el riesgo de interrumpibilidad “hoy en día es cero”, con lo que en la actualidad no tiene justificación. “España puede ser autosuficiente con la capacidad instalada que tiene, por lo que este dinero es una subvención escondida a determinadas empresas, justo en un momento en el que a las renovables se le da por todos los lados. Si le quieren dar dinero a algunas empresas, que se las den, pero que no lo cuenten como costes del sistema”, concluyó.
