REVE
Ante el anuncio de los permisos obtenidos por la empresa Frontera Energy Corporation para iniciar las investigaciones para extraer gas natural o petróleo a través del Fracking, ECODES solicita al gobierno español que reconsidere su postura y escuche los argumentos que llevaron a las Cortes de Aragón a rechazar, por unanimidad, esta práctica en Aragón.
Las investigaciones sobre el fracking han generado en los últimos meses un buen número de estudios e informes que acreditan los enormes riesgos que esta técnica tiene. Contaminación de acuíferos o problemas relacionados con la salud, han sido puestos de manifiesto en recientes informes encargados o elaborados por instituciones europeas o prestigiosos centros de investigación como el Tyndall Centre. Incluso organismos de la administración americana como la US Government Accountability Office han elaborado estudios de los que se derivan resultados críticos similares. Las principales conclusiones se encuentran recogidas en la alegación que un grupo de 50 expertos realizaron a los proyectos de fracking presentados en Castellón, y que pueden sintetizarse así:
(a) Consumo de recursos:
(a.1) Elevada ocupación de suelo, debido a la superficie necesaria para el emplazamiento de plataformas de explotación, así como para los numerosos caminos de acceso que habría que construir. El desarrollo de este tipo de explotación supone un cambio drástico de usos del territorio, y la imposibilidad de compatibilizarlos con el desarrollo de la ganadería y agricultura tradicionales, iniciativas de cultivos ecológicos, turismo rural…
(a.2) Consumo de agua en grandes cantidades (en torno a 15.000 m3 por cada operación de fracking en cada pozo). Estas cantidades de agua bien habrían de ser detraídas de los recursos subterráneos locales o habrían de ser transportadas en camiones-cisterna (con el consiguiente tráfico de vehículos pesados, que se añadiría al ocasionado por el transporte del resto de componentes y productos necesarios para las operaciones de perforación y fracking).
(b) Peligro de contaminación:
(b.1) Contaminación directa por los aditivos químicos nocivos del agua de inyección (algunos de ellos, al parecer, no declarados por formar parte de secreto de patente). En condiciones normales de operación, el agua de inyección no recuperada que queda en el subsuelo (20-80%) produciría la contaminación directa del agua subterránea, y de ahí la de manantiales, aguas superficiales, abastecimientos urbanos y agropecuarios… Adicionalmente, parte del agua recuperada puede ser asimismo fuente de contaminación por accidentes o averías en las conducciones, balsas de almacenamiento en superficie, camiones-cisterna… Existen graves problemas para su tratamiento, y la facilidad con que cualquier filtración o derrame pasaría a las cadenas tróficas las hace extremadamente peligrosas.
(b.2) Contaminación por metales pesados, sustancias tóxicas (como arsénico), materiales radiactivos o aguas de salinidad extrema que existen en las capas profundas, y que el fluido inyectado a altísima presión puede movilizar hacia acuíferos cercanos a la superficie.
(b.3) Contaminación por el propio gas que se explota. El metano puede migrar por conductos incontrolados (red de fisuras inducidas por fracking, fracturas naturales, roturas o agrietamientos en las entubaciones, juntas deficientemente selladas entre la entubación y la pared rocosa…), tanto por el interior del subsuelo, contaminando los acuíferos, como hacia la superficie. Las experiencias obtenidas en Estados Unidos muestran que tales fugas son muy frecuentes, y han llegado a causar contaminación severa del agua de abastecimiento e incluso explosiones en edificios residenciales.
Como resultado de todas estas afecciones, es probable que el territorio de las zonas explotadas, tanto la superficie como el subsuelo, quede en buena medida inservible para usos posteriores.
Estas mismas prevenciones se han escuchado en Francia, Rumanía, Bulgaria o República Checa, que han aplicado moratorias para su utilización.
A la luz de estas informaciones, desde ECODES creemos existen indicios suficientes para rechazar el fracking, haciendo prevalecer el principio de cautela que rige en asuntos ambientales.
Así lo hacían las Cortes de Aragón, el pasado 22 de noviembre de 2012, cuando aprobaban, unánimemente, una resolución en la que se afirmaba que » “Las Cortes de Aragón, conscientes de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente de la fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, instan al Gobierno de Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking”.»
Pedimos, por tanto, al gobierno de España, que retire el permiso otorgado para iniciar estas investigaciones y que escuche el pronunciamiento unánime de las Cortes de Aragón en contra de estos proyectos.
