Termosolar y energías renovables: dos años de Gemasolar. En concreto, la región cuenta con 6.025 megavatios (MW) de potencia eléctrica renovable, siendo la tecnología eólica, con más de 3.320 MW, la que más aporta. Le sigue la energía solar termoeléctrica, con más de 947 MW, y la solar fotovoltaica, con más de 856 MW. Las energías renovables suponen ya el 38% de la potencia eléctrica total en Andalucía, mientras que hace sólo cinco años era del 13%, según datos publicados por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales inagotables y producen calor, electricidad y energía para el transporte y se obtienen, entre otros sistemas por la instalación en de placas solares en Córdoba y Sevilla fundamentalmente. El avance de Andalucía hacia un desarrollo energético sostenible hacen podamos considerar el sector como estratégico para la economía andaluza, ya que implica a cerca de 1.400 empresas. Una actividad que acumula además experiencia en investigación y liderazgo tecnológico, que ha permitido que actualmente Andalucía sea referente en esta materia. En este sentido, Andalucía es la primera región de Europa con centrales termo solares en funcionamiento, con más de 947 MW distribuidos en 23 centrales (dos experimentales), que abastecen a una población equivalente de 477.000 hogares y evitan más de 757.000 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera. No obstante, la energía solar no se ha impuesto aún a las fuentes energéticas no renovables porque todavía el coste de producción tras I+D+I sigue resultando más caro que el consumo de combustibles fósiles. Por ello, continúan haciéndose estudios e investigaciones a nivel mundial que permitan avanzar en el abaratamiento de los costes. En este sentido, los investigadores y técnicos que trabajan en un nuevo tipo de célula solar, hecha de un material considerablemente más barato de obtener, la perovskita y que podría generar tanta energía como las células solares básicas actuales.
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Protermosolar. Destruir la termosolar no es defender el bien común

REVE

Eso es lo que conseguirá el Ministerio  de Industria, Energía (y Turismo) con el conjunto de medidas  retroactivas aplicadas recientemente al sector termosolar. Un sector  cuya contribución al déficit tarifario hasta la fecha es insignificante y  que en el futuro representará menos del 15% de las primas al Régimen  Especial, las cuales son un 40% de los costes regulados, que, a su vez,  representan aproximadamente la mitad del recibo de la luz.

En  resumen, que por un 3% de los costes totales del sistema a futuro y sin  responsabilidad sobre el déficit en el pasado, las centrales  termosolares han sufrido una injustificada y discriminatoria  sobreactuación del Gobierno con un recorte de cerca del 37% de los  ingresos. Este impacto no estaba estudiado en las memorias económicas de  las dos últimas disposiciones legales y las estimaciones de que partían  en cuanto a la potencia termosolar instalada en 2013 eran erróneas.

Esto  merece una reflexión respecto cómo proceder en el futuro e invita a una  reconsideración de las medidas para moderar su impacto.

Las  consecuencias para el país son muy negativas: impedimento de la  internacionalización de nuestras empresas al eliminar los recursos  disponibles con la consiguiente pérdida del liderazgo comercial, frenazo  al desarrollo tecnológico, destrucción de empleo en el país, contagio  al sector bancario de otra enorme problemática, además de haber  dilapidado en el exterior la imagen de España como un destino seguro  para las inversiones.

La  situación se ha judicializado irreversiblemente. Hace unos días la Junta  de Andalucía presentaba su recurso de inconstitucionalidad contra el  conjunto de medidas legislativas de los últimos meses y Protermosolar  presentaba su recurso contencioso administrativo contra la Orden  Ministerial de peajes y tarifas para 2013. Del extranjero ya nos llegan  las primeras informaciones de que se han enviado las primeras trigger  letters que preceden a la presentación de las demandas contra el Reino  de España en las Cortes de Arbitraje Internacional. La Jurisprudencia de  estas Cortes es muy clara ante cambios de las condiciones de  remuneración que propiciaron las inversiones y que están amparadas por  la Carta de la Energía por lo que, muy probablemente, nuestro Gobierno  tendrá que hacer frente a grandes indemnizaciones cuando la destrucción  de nuestro sector industrial y de la confianza sobre la seguridad en  nuestro país estén dañadas irreparablemente.

No puede  decirse, por tanto, que las medidas adoptadas hayan sido para favorecer  el interés común en contra de intereses particulares, sino, muy al  contrario, sus consecuencias son de un gran perjuicio al país,  cercenando las oportunidades interiores y exteriores de la industria  nacional ante el imparable nuevo modelo energético, para favorecer los  intereses particulares y privilegios de quienes vienen disfrutando del  enorme negocio eléctrico desde hace muchos años.

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