El Gobierno tiene que hilar fino en sus próximos retoques al sector energético. Y es que según aseguran diversas fuentes jurídicas, los fondos termosolares foráneos que preparan litigios internacionales contra el Estado español esperan los próximos recortes de Industria para armar casos por ‘expropiación progresiva’ de su inversión en activos de energías renovables en España.
Esta fórmula abre la vía para un aluvión de demandas, que se sumarían al proceso de arbitraje planteado en 2011 por una quincena de fondos fotovoltaicos por el recorte retroactivo de las primas. Reclaman una cantidad no inferior a 400 millones de euros.
“Al menos dos grandes fondos termosolares internacionales han sondeado en las últimas semanas a bufetes radicados en Madrid para abrir esos litigios –explican estas fuentes-. Las últimas medidas tomadas por el Gobierno son de índole fiscal y por sí solas complican ganar la demanda en una corte de arbitraje. Como se esperan más ajustes con el cambio de secretario de Estado para atajar el déficit de tarifa, se les ha recomendado esperar y montar un caso potente por creeping expropiation, haciendo acopio de toda la batería de medidas que en los últimos meses han reducido la retribución esperada y comprometida por su inversión”.
La figura jurídica de creeping expropiation implica la continua restricción de los derechos de la propiedad privada por parte de un Gobierno a lo largo del tiempo, ya sea a través de la legislación, la regulación o los impuestos. Un cóctel mortífero para la seguridad jurídica y que se adecúa bien al escenario dibujado por los políticos españoles en los últimos años. Como publicaba el diario Expansión en noviembre pasado, RREEF Infrastructure, la mayor gestora de activos de infraestructuras de Deutsche Bank, con plantas termosolares en España, ya preparaba un arbitraje internacional contra el Gobierno tras los nuevos impuestos aprobados por este. Aspiraba a aglutinar una demanda colectiva.
“La cuestión es que los extranjeros cuentan con el apoyo de sus embajadas, con sus ministros cuando vienen, en fin, con sus conexiones políticas. Pueden hacer más presión, como demuestran las gestiones que han realizado en los últimos años legaciones como la estadounidense. No se resignan a las sentencias del Supremo, que admiten la llamada retroactividad impropia siempre que se mantenga una rentabilidad razonable. Sin contar con su mayor capacidad económica para aguantar”, subrayan estas fuentes.
¿Un ‘banco malo fotovoltaico’?
De hecho, los damnificados nacionales en el sector fotovoltaico esperan como agua de mayo soluciones por parte del nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. El rumor que corre como la pólvora entre los propietarios de huertos solares es que el Gobierno pudiera poner en marcha un programa de moratoria renovable con recompra de instalaciones que no sean capaces de afrontar sus compromisos con la banca, una suerte de banco malo fotovoltaico. La fórmula alienta también los eternos temores del sector a que las grandes eléctricas pudieran estar al final del camino y hacerse finalmente con esos activos a bajo coste, reagrupando un sector actualmente atomizado en más de 50.000 propietarios. Para el Ejecutivo, siempre será mejor negociar con menos.
“Hay propietarios muy apurados a los que los retornos de la instalación no les permiten devolver los créditos. De hecho, hay gente con miedo a perder hasta los avales y que daría las llaves de la instalación por un porcentaje de lo que invirtió. No hay que olvidar que hablamos de operaciones que se hicieron con un apalancamiento medio del 80%. Y para el Gobierno el problema no es ni mucho menos a futuro. Por mucho que reduzcas las primas para las nuevas instalaciones, los compromisos adquiridos siguen ahí. Hay que buscar soluciones para las que ya están”. Las primas al régimen especial -impulsadas por las nuevas incorporaciones termosolares- no dejan de aumentar, al punto que rozarán los 9.100 millones este año, llevándose la mitad de los costes regulados del sistema.
El Gobierno ponía el pasado mes de febrero su enésimo remiendo al sector eléctrico, que acumula una brecha entre ingresos y gastos –el denominado déficit de tarifa- que apunta a los 30.000 millones de euros. El ministro, José Manuel Soria, daba luz verde a un decreto ley que restringía la retribución del régimen especial mediante medidas como la no actualización del IPC en las primas, medida que se sumaba al impuesto del 7% para la generación de electricidad acordado a finales de año y aplicable a todas las tecnologías. Sin contar con que las instalaciones fotovoltaicas soportan desde el año 2011 un tope de horas con derecho a primas, lo que ha recortado de forma drástica la retribución que tenían reconocida por ley. Toda una sucesión de parches sin que ningún Gobierno haya tenido el coraje político de acometer una reforma global del sector, por lo que todos anhelan la llegada del nuevo secretario de Estado.
