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El sector eólico y la instalación de aerogeneradores en el mar se ha expandi en las costas del Mar Báltico y en el Mar del Norte.
La Comisión Europea ha propuesto que los Estados miembros desarrollen planes nacionales de planificación del espacio marítimo y de gestión integral de sus zonas costeras y cooperen entre ellos para favorecer las inversiones en sectores emergentes como la energía eólica marina, el desarrollo de oleoductos y cables submarinos, el transporte marítimo, la pesca o la acuicultura, a la vez que garantizan la protección medioambiental y la utilización sostenible de los recursos.
La Asociación Europea de Energía Eólica mostró su «fuerte respaldo» a esta iniciativa, al considerar que permitirá al sector planificar sus inversiones y que facilitará la creación de una red trasnacional de parques eólicos en alta mar, según otro comunicado.
La idea es que los Estados miembros establezcan planes que cubran el ciclo completo de las actividades, desde la identificación de problemas, recogida de información, planificación, toma de decisión, gestión, supervisión y garanticen la participación de los actores interesados y se tengan en cuenta la protección medioambiental desde una fase temprana.
El Ejecutivo comunitario ha dejado claro no obstante que su propuesta de directiva sobre la planificación del espacio marítimo y la gestión integral de las costas presentada este miércoles en rueda de prensa por la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, respeta la prerrogativa de los Estados miembros de elaborar dichos planes atendiendo a sus prioridades económicas, sociales y medioambientales «específicas».
Damanaki ha explicado que la propuesta tiene por objetivo «garantizar que podamos darlas condiciones óptimas para el desarrollo de nuevos negocios y suficiente espacio para los negocios ya existentes» y, al mismo tiempo, «preservar el medio ambiente» y ha admitido que los Estados miembros que ya cuentan con estos planes «podrán tener una ventaja» pero ha puesto en acento en la mayor cooperación necesaria entre Estados, también para dar «más certidumbre» a las inversiones.
«La economía azul está creciendo muy rápidamente», ha justificado la comisaria, quien ha recordado que el incremento no se da sólo el transporte marítimo comercial, sino también sectores emergentes como la turismo de cruceros, que se ha triplicado en la última década o las perspectivas de crecimiento de sectores emergentes como la energía eólica marina, cuyas actividades podrían crecer un 30% a la altura de 2020.
«Nuestras costas se enfrentan a muchas amenazas, no sólo por el cambio climático y los desastres naturales, sino también por la utilización intensiva que amenaza su sostenibilidad», ha advertido, asegurando que la propuesta contribuirá a «un entorno saludable y mejores condiciones de vida para 200 millones de ciudadanos que viven en las regiones costeras» tras recordar la presión ya «significativa» en las mismas, que solo «aumenta y aumenta».
«La economía azul no es nacional», ha defendido la comisaria, motivo por el cual ha precisado que la planificación «debe basarse en requisitos comunes compartidos» en los que ya están «trabajando» con los Estados miembros.
«Queremos aplicar los mismos criterios para facilitar las inversiones y tener las mismas ideas de cómo pueden proteger su medio ambiente. Esto es difícil porque son competencias compartidas» entre los Estados miembros y Bruselas atendiendo a «procedimientos, paso por paso», ha explicado Damanaki.
El Ejecutivo comunitario quiere evitar así que una falta de coordinación entre los Estados miembros en la planificación de estas actividades lleve a una competencia por el espacio marítimo y garantizar la utilización sostenible de los recursos.
Damanaki ha explicado en todo caso que la directiva será «muy proporcional» y el Ejecutivo comunitario respetará «el principio de subsidiariedad», lo que dará flexibilidad a los Estados miembros para aplicarla. «Pero necesitamos coordinar», ha insistido.
La planificación de los detalles y la determinación de los objetivos de gestión se dejan en manos de los Estados miembros y la propuesta no introduce nuevos objetivos sectoriales en transporte, energía o pesca.
Los Estados miembros con frontera marítima en el Mediterráneo ya están obligados a garantizar la gestión integral de sus costas en virtud del Protocolo a la Convención de Barcelona, que entró en vigor en marzo de 2011 y de la cual es miembro la UE.
La comisaria ha asegurado que una mejor cooperación entre los Estados miembros lograría resultados «muy pronto» para facilitar estas inversiones al recordar el litigio que mantuvieron por ejemplo el año pasado Países Bajos y Bélgica en torno a una instalación de energía eólica en la zona fronteriza, algo que se podría haber resuelto en su opinión con «normas comunes».
Damanaki ha recordado que por ejemplo en algunos Estados miembros en la actualidad hay que pasar por ocho agencias administrativas diferentes para obtener un permiso para abrir una instalación de acuicultura y por ello ha propuesto un instrumento único para agilizar todos los procedimientos para facilitar inversiones, equilibrando todos los intereses en juego con todos los servicios relevantes.
La eliminación de las actuales trabas administrativas podría traducirse en «beneficios económicos de hasta 1.600 millones de euros hasta 2030», según Damanaki, que ha subrayado la importancia de «simplificar las normas» para dar certidumbre y promover ahorros.
Según estudios citados por la comisaria, si se acelerarán los procedimientos para las inversiones sólo en los sectores de la energía eólica y la acuicultura podrían generar «un ingreso adicional de 60 millones» de euros de aquí al 2020.
http://www.evwind.es/2013/03/13/proposed-eu-sea-planning-law-will-boost-investor-certainty/30679
