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Asociaciones eólicas de toda España unen fuerzas para que el Gobierno dé marcha atrás en los recortes al sector eólico.
En una conferencia conjunta celebrada en Madrid por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón (AEA), la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla-La Mancha (APRECAM), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), la Asociación Eólica de Cataluña (EOLICCAT) y la Asociación Eólica de Galicia (EGA), el sector denunció la grave situación a la que se ve abocado como consecuencia del Real Decreto-Ley 2/2013. Según cálculos de AEE, el sector dejará de ingresar unos 6.000 millones hasta 2020 como consecuencia de estos recortes y del nuevo impuesto del 7% a la generación. La eólica ya ha perdido 15.000 empleos desde finales de 2008 y estima que se puede destruir una cantidad similar de puestos de trabajo a consecuencia de las nuevas medidas a lo largo de los próximos meses.
“Estamos convencidos de que con diálogo se pueden encontrar soluciones. Pero, si el Gobierno no lo entiende así, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitar que unas medidas como éstas destruyan a nuestro sector”, señalaron las asociaciones.
La eólica es la tecnología más afectada porque se ha eliminado la posibilidad de retribución con el precio del mercado más prima, así como por la reducción de los parámetros con los que se actualiza la retribución. Con las nuevas medidas, la rentabilidad de las instalaciones eólicas está muy lejos de garantizar la rentabilidad razonable que exige la Ley del Sector Eléctrico. El eólico es un sector muy endeudado, y los cambios normativos obligan a cambiar su previsión de ingresos, por lo que un número importante de parques no podrá hacer frente al pago de la deuda.
Además, las medidas aprobadas por el Gobierno vulneran los compromisos adquiridos con las empresas a través de la regulación anterior, quiebran la confianza legítima en el ordenamiento jurídico español y alejan a los inversores del país.
En cuanto al impacto en las diferentes comunidades autónomas, las asociaciones eólicas destacaron que las medidas afectan a los cerca de mil pueblos de España que tienen parques eólicos. Y supondrán una importante pérdida de riqueza futura porque, bajo estas condiciones, es muy difícil que se puedan hacer nuevas inversiones en España, lo que incluye los casi 10.000 MW adjudicados en concursos autonómicos. “Los inversores necesitan confianza. Y para ello es necesario un marco regulatorio predecible y estable. Lo contrario de lo que hay en España”, afirmaron las asociaciones.
También criticaron que se acuse a la eólica de ser culpable del déficit de tarifa, cuando es la tecnología con una retribución más equilibrada. En 2012, generó el 47% de la electricidad del Régimen Especial y percibió tan sólo el 23% de las primas. El sector eólico entiende que el déficit de tarifa es un problema grave y, con ello en mente, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno. “Siempre le hemos tendido la mano al Gobierno para el diálogo. Pero no ha sido recíproco; y este Real Decreto-Ley se ha aprobado sin consultarnos”.
Además, tampoco se ha tenido en cuenta que el ahorro que supone la energía eólica al sistema al bajar el precio del mercado eléctrico permitía financiar las primas que el sector recibía hasta ahora.
Las asociaciones intentan que el Real Decreto-Ley no salga adelante. Se han presentado alegaciones a la Propuesta de Orden de Peajes que reduce los parámetros por los que se actualiza la retribución del sector. Se está hablando con todos los gobiernos autonómicos y partidos políticos para explicarles la postura del sector y pedirles su apoyo en forma de acciones que eviten el desastre para la eólica. Se iniciarán acciones en la Unión Europea, ya que las medidas infringen no sólo la legislación española, sino también la comunitaria y dan al traste con el cumplimiento de los objetivos europeos en términos de consumo de energías renovables. Y se están estudiando todas las medidas legales posibles.
“En definitiva, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no se destruya un sector que crea riqueza para todos los ciudadanos”, aseguraron.
