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«Ya están los gabinetes jurídicos de los fondos internacionales avanzando los estudios sobre medidas. Se van a poner varias demandas», dijo Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.
Estas medidas, junto con otras también recientes como una tasa del 7 por ciento a la generación eléctrica, han golpeado a las empresas de energías renovables, menguando notablemente la retribución de las centrales fotovoltaicas, eólicas y termosolares, dijeron representantes del sector.
«Ya están los gabinetes jurídicos de los fondos internacionales avanzando los estudios sobre medidas. Se van a poner varias demandas», dijo Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.
El despacho de abogados Allen & Overy -un bufete que ya lleva un caso de inversores fotovoltaicos lanzado en 2011 tras un decreto aprobado por el anterior Gobierno socialista- confirmó a Reuters que está dirigiendo las acciones.
Luis Crespo añadió que fondos de Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los que quieren invocar la Carta de la Energía, un tratado ratificado internacionalmente que vincula a sus miembros, entre ellos España, con leyes energéticas y de arbitraje y cuya finalidad es proteger las inversiones en otros países.
«Varios fondos implicados dicen que el impacto de la última regulación será devastador para los proyectos en que invirtieron. Esto es una especie de expropiación», dijo una fuente con conocimiento de estas acciones que pidió mantener el anonimato.
Una portavoz del Ministerio de Industria dijo que no hacía comentarios sobre temas legales. Las fuentes señalaron que estos fondos se encuentran entre los once que el año pasado pidieron por carta al presidente español Mariano Rajoy que la reforma energética del Gobierno popular no tuviera efectos retroactivos en sus inversiones.
En esta lista figuraban nombres destacados como KKR, RREEF Infrastructure (Deutsche Bank) o MEAG (Munich RE).
Todavía no se ha decidido si finalmente se presentará una demanda o si los fondos se agruparían o actuarían por su cuenta.
A principios de mes, el ministro español de Industria, José Manuel Soria anunció un decreto urgente que fue convalidado este jueves en el Congreso para reducir los costes del sistema eléctrico en hasta 800 millones de euros y atajar la bola de nieve del déficit de tarifa, que ya ronda los 28.000 millones de euros.
Entre las medidas, el Gobierno decretó desvincular de la inflación la remuneración de las actividades reguladas, entre ellas las de régimen especial, y obligar a las energías renovables a elegir entre una tarifa o acudir al mercado.
Diferentes asociaciones (solares y eólicas) han criticado la inseguridad jurídica y el daño que causan estas y anteriores medidas a un país pionero en las energías renovables y han advertido que la merma de ingresos podría provocar serios problemas financieros en muchos proyectos.
Los últimos cambios regulatorios se han traducido, según las empresas de renovables, en la pérdida de competitividad y empleo en el sector, empujando a una complicada situación financiera a las empresas más apalancadas y avivado la percepción de riesgo regulatorio en el país.
«Básicamente está por la labor de expropiar todos los activos del sector. No veo por qué alguien iba a poner más dinero en una inversión del sector en España», dijo un importante inversor del sector cuya firma está estudiando eventuales acciones legales.
La inversión extranjera, especialmente concentrada en las energías solares, se ha canalizado por lo general a través de grandes fondos de inversión, fondos especializados en energía e infraestructuras y también fondos soberanos.
Pero según las fuentes consultadas grandes empresas extranjeras cuentan también con inversiones verdes en España, como las japonesas Mitsubishi y Mitsui o la alemana E.ON, lo que amplía el ámbito de eventuales demandas.
