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Las energías renovables nos son las culpables del déficit de tarifa, el problema de fondo es el sistema en sí y el método de conformación de precios.
En el primer aniversario del RDL 1/2012 de moratoria renovable el Gobierno persiste en el error con la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero publicado en el BOE el pasado sábado. A pesar de haber frenado las renovables en 2012, la luz ha seguido subiendo y el déficit tarifario descontrolado. Desde la Fundación Renovables constatamos que sin más renovables, la insostenibilidad económica del sistema eléctrico continua agravándose. A este fracaso se responde con un nuevo Real Decreto Ley –y van cuatro- que insiste en levantar más barreras a las renovables pero que no va a impedir que el déficit de tarifa siga creciendo. La Fundación Renovables afirma que se vuelve a dar un paso atrás, que además es tan inútil como los anteriores, en el pretendido objetivo de atajar el déficit y que solo sirve para desmantelar más todavía el sector renovable.
La norma aprobada en el último Consejo de Ministros se hace sin haber hecho un diagnóstico correcto de la crisis en la que está sumido el sector eléctrico y sin haber aclarado las sombras que se describieron perfectamente en el informe de la CNE sobre la no aprobada orden de tarifas y que cifraba la diferencia entre ingresos y gastos del sistema en cerca de 9.000 M€ y en el que se expresaba que cerca del 28% de los ingresos previstos carecían de base normativa. Lo acordado el viernes es una medida parche para garantizar unos pocos ingresos al sistema, seguir tirando durante 2013 y no abordar el problema de fondo como es el método de conformación de precios de la electricidad que ni se toca ni se cita.
Esta nueva norma no trata de dar respuestas a la CNE, ni siquiera de proteger a los consumidores como declaraba demagógicamente el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo. Tampoco establece bases sólidas para restablecer la sostenibilidad del sistema. En realidad solo se trata de proteger el rating de las empresas eléctricas dañado desde hace cinco años por el continuado descenso de la demanda eléctrica y por la ruina de los bancos que ya no pueden adelantarles el déficit tarifario. El impacto de la crisis en el sistema eléctrico es el que se debería de tener en cuenta en cualquier modificación regulatoria antes que reiterar los mayores e injustificados ataques a las renovables como culpables de todos los males de este país. A la vista de las nuevas medidas del Gobierno se puede afirmar que la crisis del sistema eléctrico seguirá agravándose en 2013 con más déficit tarifario y nuevas subidas de la luz.
Porque los verdaderos datos de la crisis del sistema eléctrico no son el coste de las primas de las renovables sino los 27.123 MW de centrales de gas, instalados gran parte de ellos después de 2008, con un descenso de la demanda eléctrica que ha hecho que solo en 2012 la producción de los ciclos combinados de gas haya descendido un 23%, pero con la obligación contractual de seguir aumentando las compras de gas argelino. Con el descenso de la demanda eléctrica las importaciones energéticas han seguido creciendo hasta constituir el 86% de todo nuestro déficit comercial. En 2012 el déficit tarifario ha crecido cuatro veces más que el coste de las primas a las renovables. La culpa no es de las renovables sino de los apoyos a un modelo basado en el crecimiento del consumo de energía importada del exterior. Este modelo es incompatible con un escenario de crisis de demanda, pero todas las medidas contribuyen a mantenerlo incrementando desmesuradamente los pagos por capacidad, los pagos por ajustes y restricciones técnicas y eliminando todas las ayudas a políticas de ahorro y eficiencia energética.
Una vez más se cuestiona la imagen del país con medidas retroactivas contra las instalaciones renovables. La seguridad jurídica se pasa por alto con una facilidad más propia de economías tercermundistas. Se sigue incumpliendo la promesa de una reforma energética y se sigue regulando en contra de las directivas europeas. Es poco serio que frente a las afirmaciones rotundas de desprecio y ataque a la única fuente de energía que tiene España, como son las renovables, que al entrar a coste cero en el sistema son siempre un ahorro y un beneficio para el país, no se pongan encima de la mesa las cuentas claras de los riesgos de nuestra elevada dependencia energética para ocultar la evidencia de que las energías renovables son más baratas que importar gas de Argelia. Pero con este nuevo Decreto se trata de proteger también la opacidad y la falta de competencia del cártel eléctrico que hoy está en el punto de mira de todas las agencias de calificación.
Igual que hace un año se hace pagar a los consumidores y a las renovables la factura de la crisis del sistema eléctrico provocada por la mala gestión de la política energética y de las empresas energéticas desde el inicio de la crisis. A este respecto cabe destacar que la salida de la opción de mercado de las instalaciones renovables aumentará el coste de la gestionabilidad de los desvíos que una vez más pagarán los consumidores y cobrarán las empresas del sector convencional.
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