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El sector eólico considera inaceptables las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros en relación al sector. Aunque no ha tenido acceso al texto del Real Decreto-Ley y no conoce su contenido en detalle, dada la absoluta falta de diálogo con el Gobierno, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que el paso de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada eliminando el resto de posibilidades que contempla la normativa, así como la reducción de los parámetros con los que se actualizan las primas, ponen al sector eólico en una situación insostenible.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cifrado hoy en 300 millones el impacto que tendrán las medidas aprobadas por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, y ha amenazado con emprender «todas las acciones legales a su alcance».
Estas medidas retroactivas aprobadas hoy son la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial. Debido a la incertidumbre regulatoria, ya se ha destruido el 40% del empleo generado por el sector en España, una tendencia que continuará si el Gobierno no le pone remedio.
Se trata de medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007, por lo que el sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo. Asimismo, van en contra del espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004.
Estas medidas han llegado además en un momento en el que el sector está intentando por todos los medios abrir, sin éxito, un diálogo constructivo con el Gobierno para plantear su futuro. La Ley del Sector Eléctrico establece claramente que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad. Y lo que es más grave, indica que toda norma deberá respetar el principio de rentabilidad razonable, contra el que estas medidas atentan claramente.
La mayor parte de los parques eólicos españoles (más del 80%) se encuentra ahora mismo acogido a la opción de percibir una retribución que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007. Tener que optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada (la posibilidad de ir a mercado sin prima también existe, pero es inviable con los precios presentes del mercado y las previsiones futuras) supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones. Ello vulnera, una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las empresas y aleja la inversión del país.
En la misma línea, el hecho de que los incentivos pasen a actualizarse en base a la inflación subyacente (que no incluye ni los productos energéticos ni los alimentos no elaborados) a impuestos constantes en vez del IPC supondrá de facto una reducción de la retribución, en vez del aumento del que habla el Gobierno. Cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico, tuvieron en cuenta los costes operativos, los costes de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años. Por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de 20 años es crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable.
La suma de las dos medidas aprobadas hoy tendrá un impacto de unos 300 millones de euros para las empresas eólicas en 2013.
El sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% a la generación. Si a todo ello se le añaden ahora medidas retroactivas, se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado –de modo que muchos parques pasarían a los balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario- y supone una fuerte pérdida de competitividad. Se trata de una decisión grave que tendrá impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima. En total, el sector verá reducidos sus ingresos en unos 600 millones de euros este año, lo que representa alrededor del 15% de su facturación.
Además, en 2013 la cantidad total de primas que el sector percibiría respetando la normativa a actual sería de unos 1.950 millones, según los cálculos de AEE, una cantidad muy similar a la recibida en 2012.
