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Las medidas resultan claramente discriminatorias para las energías renovables, que si sufrirán un efecto neto de reducción de primas.
En el Proyecto de Ley de “medidas fiscales en materia medioambiental y de sostenibilidad energética” el Gobierno se ha decantado claramente a favor de las posturas defendidas por las compañías eléctricas, con un claro perjuicio a las industrias y consumidores, que verán repercutidos en sus recibos el nuevo impuesto a la generación, no teniendo, por tanto, coste real para las eléctricas.
Las medidas resultan claramente discriminatorias para las energías renovables, que si sufrirán un efecto neto de reducción de primas. No obstante, estamos asistiendo como invitados involuntarios durante estos días al teatro en torno a Garoña y veremos durante el tiempo que dure el trámite parlamentario nuevas puestas en escena de UNESA, con desgarramiento de vestiduras.
Pero además de establecer medidas discriminatorias, el proyecto de ley incluye una retroactiva para las centrales termosolares, cual es la eliminación de la prima a la parte de electricidad generada a partir del gas natural.
El uso del gas es un elemento esencial en los diseños y en la operación de las centrales del Registro y está contemplado en el caso base de todos los contratos de “project finance” con los bancos españoles y extranjeros. Ese porcentaje del 15% había sido tenido en cuenta por el Ministerio para alcanzar la rentabilidad razonable en el establecimiento de las tarifas del R.D. 661. Además, el gas se emplea, en buena medida, no para generación directa, sino por seguridad y para permitir que las centrales tengan el fluido de trabajo en condiciones que permitan el aprovechamiento óptimo de la energía solar.
Desde hace algunos años alguna compañía eléctrica, con UNESA de corifeo, viene haciendo todo lo posible -y lo imposible- por perjudicar a la tecnología termosolar difundiendo datos erróneos sobre el volumen de primas, la supuesta rentabilidad de las centrales y el consumo de gas. Haría bien el Gobierno en preguntarse los verdaderos motivos que hay detrás de esa postura y en reflexionar por qué, a última hora, ha pesado más en la balanza satisfacerlos que el perjuicio que causará a un sector tecnológico en el que España es líder mundial y cuyo desarrollo y beneficios para nuestra economía resultarán cercenados con esta medida.
Los datos reales muestran que a finales de 2011 la termosolar había recibido apenas el 2% de las primas acumuladas hasta entonces por todo el Régimen Especial. En estos momentos, cuando ya están operativos alrededor de 1500 MW, las primas a la termosolar representaban hasta mitad del año el 8% de las mismas, y cuando estén en operación todas las centrales inscritas en el Registro de Preasignación que finalmente se construyan, la termosolar estará en el cuarto lugar de primas anuales por tecnologías, por debajo incluso de la Cogeneración. Respecto a los costes totales del sistema eléctrico, las primas a la termosolar no llegarán a representar ni el 4% del total en el futuro.
Puede concluirse, por tanto, que la termosolar ni ha sido, ni es, ni será responsable del déficit tarifario.
No puede decirse lo mismo de los elevados beneficios del negocio regulado de “distribución” de las grandes compañías eléctricas en los últimos 10 años. Con los argumentos que llevaron al Gobierno a aplicar el recorte de 700 M€ en un reciente RDL se podía imputar a este concepto una gran parte de responsabilidad en el déficit de tarifa acumulado. Como también al privilegio de haber mantenido remuneradas las nucleares e hidráulicas a precio de ‘pool’ desde la ley del 97 con el paraguas añadido de los CTCs que todavía están pendientes de liquidación final. O a las subvenciones denominadas “incentivos a la inversión”, que todavía continúan recibiendo los ciclos combinados en la mayor burbuja energética conocida en nuestro país.
Es importante recordar que el 40% de la inversión en termosolar en España la han realizado empresas e inversores internacionales, que no entienden esta medida pero que tienen acceso a vías de arbitraje internacional y desatarían una litigiosidad extrema que no sería buena para la percepción del “riesgo-país”.
Confiamos en que durante la tramitación parlamentaria se retire esta medida claramente retroactiva en la futura Ley, a la vez que ofrecemos nuestra más abierta disposición a analizar con el Gobierno la situación.
