Robert Gramlich, senior vicepresident de Public Policy de AWEA, la asociación eólica de Estados Unidos, afirmó, tras declarar que “hemos cogido un buen número de ideas de España”, que ambos países se encuentran en una situación similar, de incertidumbre regulatoria. “A los reguladores hay que decirles que, piensen lo que piensen sobre los sistemas de incentivos, es terrible para un país tirar una industria por la borda. Tenemos una industria de éxito. No la matemos”.
Según Pierre Tardieu, asesor de Asuntos Regulatorios de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), “España es un ejemplo en muchos aspectos. A la industria se le está pidiendo que sea agresiva en reducir costes y lo está siendo. Y los políticos tienen que ser sus aliados en este proceso”.
Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de la Asociación, desgranó los principios que debe cumplir la nueva norma: no vulnerar los derechos adquiridos por los parques instalados; favorecer la estabilidad; permitir el control de volúmenes y costes del sistema; compatibilizar el cumplimiento de los objetivos europeos con las mejoras tecnológicas; establecer un objetivo diferenciado para Canarias; fomentar la repotenciación; eliminar las distorsiones que introducen las contrapartidas que exigen las comunidades autónomas; y garantizar una retribución mínima para facilitar el acceso a la financiación.
Asimismo, describió los diferentes modelos regulatorios para la eólica que imperan en el mundo, con cuatro a la cabeza: feed-in-tariff (que incentiva a la eólica mediante una tarifa fija o variable que perciben las empresas, como es el caso de España); certificados verdes (que adquieren las comercializadoras de electricidad para cumplir con unos objetivos fijados por el Gobierno); incentivos fiscales o financieros a la inversión; y subastas (el Gobierno establece objetivos de potencia y la selección se hace, en la mayor parte de los casos, por precio).
Dado que hay numerosos países que están instaurando subastas, este sistema acaparó una parte del debate. Andrea Zaghi, responsable del área internacional de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APER) italiana, explicó que Italia camina hacia ese sistema tras haber contado con certificados verdes durante los últimos años. “Creemos que las subastas introducirán más burocracia y retrasarán las inversiones en eólica”, señaló. Willstedt, que destacó que el sistema de mercado más prima español ha sido considerado como el más eficiente por la Comisión Europea, añadió que en Europa las subastas han tenido poco éxito: “Sólo el 19,8% de los megavatios adjudicados bajo este sistema fueron instalados”.
Javier Rodríguez, director de Regulación de Enel Green Power España, señaló que “mientras la demanda no tenga una recuperación clara, el sector crecerá por debajo de su capacidad y esta situación hay que gestionarla. Para conciliar la capacidad productiva del sector y lo que el sistema eléctrico puede integrar en cada momento, es mejor apoyarse en esquemas regulatorios que ya han funcionado en España”. Citó como ejemplo un sistema basado en los principios de las convocatorias cuatrimestrales de la fotovoltaica, pero “con algunos ajustes, como que concurran los proyectos realmente maduros”.
Jesús Sánchez de Tembleque, subdirector de Regímenes Especiales de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), también se pronunció sobre las subastas: “Un sistema así podría ser adecuado, fijando unas condiciones de suelo y de techo”.
Jesús Antonio Losa, director del Área de Financiación de Energías de Caixa Bank, estuvo de acuerdo en la importancia de fijar un suelo. “El mejor sistema, tanto para el banco como para el promotor, es el que establece un precio mínimo fijo que el proyecto vaya a cobrar”, afirmó. Añadió que “para mantener la inversión extranjera en España es necesario un sistema predecible, que no cambie las reglas del juego”.
David Pérez, socio de la firma de consultoría Eclareon, ahondó en esta idea: “La regulación debe huir de la retroactividad, que espanta a los inversores, y los cambios que se hagan no deben ser bruscos. Además, la política energética debe armonizarse con la industrial”.
