La reciente aprobación del Real Decreto-Ley 1/2012, en el que se ha introducido una moratoria a los proyectos eólicos no registrados, ha tenido un efecto colateral inesperado: el cierre del registro para 600 MW en las Islas Canarias, cuando, hasta la fecha sólo se habían inscrito unos 30 MW.
El hecho sorprende no sólo por el incipiente desarrollo eólico, sino también por los importantes ahorros que esta forma de generación supone para el déficit tarifario, piedra angular del anunciado Real Decreto-Ley. Sólo para la limitada potencia eólica actualmente instalada en las islas -145 MW-, y de acuerdo con la estructura de costes de generación del régimen ordinario insular que se presenta en la figura adjunta, el ahorro de la sustitución de combustibles fósiles supone unos 30 millones de euros.
Hay que tener en cuenta, además, que dada la particularidad del procedimiento de liquidaciones para el pago del régimen especial basado en el precio medio del mercado peninsular, la CNE calcula la prima equivalente de igual forma que la de la Península, lo que da un coste de las primas de los parques de Canarias de 16 millones de euros, cuando el resultado real es el beneficio mencionado. Por lo tanto, si se realiza de forma apropiada este cálculo, la incidencia en el déficit será de un ahorro en el sobrecoste extrapeninsular de 30 millones de euros, frente a los 16 millones de las primas, lo que supondría un claro beneficio neto para la economía nacional y una menor presión en la tarifa.
Para decirlo de otra forma: la retribución total de los 394 GWh producidos por los parques eólicos canarios ha alcanzado 34,4 millones de euros (18,2 millones de la retribución del mercado y 16,2 millones de la retribución regulada). Si esa generación hubiese sido cubierta con tecnologías del régimen ordinario, el coste variable hubiese alcanzado unos 65 millones de euros.
Suponiendo que los parques eólicos del concurso ya adjudicado se van a instalar de aquí al año 2016, el ahorro acumulado a esa fecha podría llegar a unos 200 millones de euros, tal y como se muestra en la figura siguiente.
Por lo tanto, es posible levantar la moratoria a las Islas Canarias sin que se pueda ver un trato de favor frente a otras comunidades autónomas. Es importante no poner más dificultades de las habituales al desarrollo de una forma de generación que aporta importantes beneficios a la economía nacional y canaria. El desarrollo de la eólica debe permitir, además, la puesta a punto de soluciones tecnológicas aplicables a redes débiles, tanto para el aerogenerador como para el parque o los modelos de operación del sistema con la incorporación de fuentes de energía renovables y sometidos a cierta variabilidad. Como defendemos desde la Asociación Empresarial Eólica y la Plataforma Tecnológica Reoltec, Canarias es un emplazamiento ideal para la consolidación tecnológica de las empresas eólicas.
Aunque escapan del alcance este artículo y de estas islas, hay otros dos efectos tremendamente negativos y preocupantes de la moratoria eólica. A corto plazo, la caída de pedidos para la industria, con la consiguiente incidencia en el empleo y en el desarrollo de nuevos productos, que eventualmente puede suponer su desaparición de España. Y, a medio plazo, el impacto en la imagen mundial de las renovables en general y de España en concreto, por el vapuleo a uno de los pocos sectores que tiene este país con capacidad industrial y tecnológica. Una imagen que va costar mucho tiempo revertir.
