En su comparecencia, el ministro hizo un balance muy negativo del grado de cumplimiento de España respecto a su compromiso con el protocolo de Kyoto. España sólo puede aumentar sus emisiones un 15% en el período 2008-2012 con respecto a 1990; pero, cuando está a punto de expirar este período, el incremento de emisiones se sitúa en un 22,8%.
La evolución de las emisiones sigue una línea sinuosa. Entre el año 2007 y 2010, las emisiones bajaron; pero el año pasado se rompió esa línea decreciente y registró un repunte. Ni si siquiera, pues, la crisis ha contribuido a bajar esas emisiones en el grado necesario.
Concretamente, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector industrial y de la energía (sujeto al mercado de compra venta de derechos) aumentaron en 2011 un 9,2%, aunque los datos globales no se sabrán hasta el 18 de mayo. Además, las emisiones "no van a disminuir sino a aumentar" dijo Cañete, para quien el incremento del 9,2% se debe, entre otras causas, al efecto producido del decreto del carbón, aprobado por el
Gobierno en 2010 para favorecer la quema del carbón nacional.
Además, alertó de que las emisiones en los demás sectores (transporte, residencial, agricultura y residuos) "no se han reducido lo suficiente" y que son el "verdadero talón de Aquiles", por lo que España tiene "difícil" cumplir el primer periodo del Protocolo de Kioto.
Para poder cumplir con el primer periodo de Kyoto (2008-2012 respecto a 1990), España ya ha invertido 770 millones de euros para adquirir créditos de carbono en los últimos cinco años, que reportarán a España 89 millones de unidades de C02 para descontarse de sus emisiones. Sin embargo, todavía está obligada a seguir comprando más derechos, debido al exceso de emisiones. Se calcula que necesitará en torno a 194 millones de toneladas de CO2, en lugar de los 159 millones de toneladas previstas por el anterior Gobierno. Y esto supondrá un desembolso extra por un importe de entre 450 y 850 millones de euros. Hasta ahora, el precio medio (de tonelada de C02 no emitido) ha sido de 8,23 euros la tonelada de CO2, mientras que el ministro espera que en 2012 se podrán comprar a unos 4 euros la tonelada.
Mayores desembolsos
"Para cumplir Kioto en este primer periodo no hay mucho margen de maniobra a parte del desembolso de recursos públicos para compra de derechos", ha reconocido el ministro.
Cañete prometió que, para revertir esta situación, “la primera medida será trabajar con otros ministerios para definir conjuntamente actuaciones que reduzcan las emisiones difusas” (transporte, residencial, agricultura y residuos…. Así, indicó que se pondrá en marcha el fondo de carbono, se avanzará en la certificación energética de los edificios, y prometió lanzar un plan para fomentar la biomasa forestal como fuente de energía renovable, entre otras acciones.
También prometió que se impulsará un cálculo de la huella de carbono para los productos, y se creará un registro voluntario de empresas que compensen sus emisiones con proyectos forestales en España. Finalmente, dijo que se fomentarán los planes de movilidad y de transporte público en las ciudades, se apoyará el ferrocarril para transporte de mercancías y se mantendrá un diálogo permanente con las comunidades autónomas mediante el Consejo Nacional del Clima.
La UE subastará en el período 2013-2020 del orden de 1.000 millones de derechos de emisión, de los que unos 84 millones de derechos por año podrían corresponden a España. La venta de esos derechos podría suponer un ingreso anual de unos 1.000 millones de euros, según los precios del carbono, que podría dedicarse a proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático, “como el plan de empleo forestal”.
Narbona, muy crítica
Sus argumentos fueron duramente rebatidos por la ex ministra Cristina Narbona, quien acusó al ministro de desmantelar las energías renovables y no fomentar el ahorro energético. La dirigente socialista insistió en que las políticas de ahorro y eficiencia deberían ser un motor de creación de puestos de trabajo y de aumento de competitividad para las empresas, mientras que el papel que ahora se le asigne dibuje un futuro negro. Narbona criticó el “hachazo” a las políticas de ahorro que se llevaban a cabo desde el IDAE (Industria).
“Lo que aquí se refleja en relación a las energías renovables lo conocíamos antes de las elecciones generales, porque es exactamente lo que defiende la FAES, menos renovables y más energía nuclear”, dijo. Narbona dijo que España está a la cola en cuanto a fiscalidad ambiental y, en relación al déficit de la tarifa de la luz, dijo que el recorte de las ayudas a las fuentes renovables apenas significa una reducción de 120 millones de euros en el déficit de tarifa este año. En su opinión, si se sacara del “pool eléctrico” (el que conforma la tarifa) la energía nuclear y la energía hidroeléctrica se obtendría un ahorro de unos 3.000 millones de euros. “Debe contemplarse, como han sugerido muchos expertos, la eliminación de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica del “pool”, ya que hoy en días esas energías son retribuidas al coste más alto de los ciclos combinados”, dijo.
Situación complicada
El ministro Cañete replicó que “no estamos en una situación normal sino enormemente complicada”. “Todo el mundo es partidario de las energía renovables; pero es necesario evitar que siga creciendo el déficit energético, para evitar que siga pensando sobre la tarifa eléctrica”, dijo.
“Estamos en un tiempo de enorme restricción presupuestaria y, en materia de cambio climático la compra de derechos se reduce en un 50%, frente al 58% de reducción del gobierno anterior. Pero a pesar de la dificultad presupuestaria vamos a comprar mejor, más barato y vamos a dedicarle más tiempo", apostilló el ministro.
“La política energética de este Gobierno se caracteriza por desmantelar las energías renovables, por el parón de las renovables, por mantener la subvención al carbón y por no fomentar el ahorro energético”, dijo Laia Ortiz (ICV). “Usted ya habló del medio ambiente como un lastre para la economía, y hoy ha venido a hablar de cambio climático en los mismos términos”, dijo Ortiz, quien criticó también al ministro por vetar el sistema de depósito y retorno de envases usados al comercio, como sistema para mejorar sus niveles de recuperación.
En su intervención, la diputado de ICV Laia Ortiz también interpretó que el ministro rechazaba la implantación de una fiscalidad verde “con la excusa de que es muy complejo y que debe coordinarse con la comunidades.
Las emisiones de CO2 del sector industrial y la energía aumentaron un 9,2% en 2011
Arias Cañete dice que esta subida se debe, entre otros temas, al Decreto del Carbón, aprobado en 2010 para favorecer la quema del carbón nacional.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector industrial y de la energía (conocido como sector ETS) aumentaron en 2011 un 9,2 por ciento, según ha señalado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Al inicio de su intervención en la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados para explicar las líneas del Gobierno en este sentido, Arias Cañete ha adelantado que las emisiones "no van a disminuir sino que van a aumentar", aunque ha añadido que los datos definitivos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) no se conocerán hasta el próximo 18 de mayo.
Además, ha dicho que este incremento del 9,2 por ciento, se debe, entre otros temas al Decreto del Carbón, aprobado por el Gobierno en 2010 para favorecer la quema del carbón nacional. Asimismo, ha advertido de que las emisiones en los sectores difusos (transporte, sector residencial, etcétera) "no se han reducido lo suficiente", por lo que España tiene "difícil" cumplir el primer periodo del Protocolo de Kioto.
Por eso, ha apuntado que la vía que queda para cumplir es a través de la compra de derechos de emisión y que España va a necesitar en torno a 194 millones de toneladas de CO2 en lugar de los 159 millones de toneladas previstas por el anterior Gobierno, lo que deja un déficit de 105 millones de toneladas de CO2 antes de 2015. Esta compra supondrá un importe de entre 450 y 800 millones de euros y, aunque el precio medio en el primer periodo de cumplimiento es de 8,23 euros la tonelada, el ministro espera que en 2012 se podrán comprar a unos 4 euros la tonelada.
