El concurso eólico de Cantabria se reduce a la mitad

La Asociación Eólica de Cantabria acepta trabajar con el Gobierno regional. El Plan Energético de Cantabria incluye 707,3 MW de eólica y 246 aerogeneradores, la mitad del plan eólico anterior.

Los representantes de la Asociación Eólica de Cantabria negociarán con el Gobierno de Cantabria para trabajar en el desarrollo de los 707 megavatios eólicos para concretar la puesta en marcha de los parques de aerogeneradores, así como los proyectos industriales vinculados.

Así lo ha anunciado el presidente de la AEC, Manuel Huerta, unas horas después de reunirse con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, para hablar sobre el nuevo Plan de Sostenibilidad Energética de la comunidad autónoma. La Asociación Eólica rechazó pronunciarse inmediatamente tras la reunión pues prefería antes de realizar valoraciones celebrar un encuentro con las empresas eólicas adjudicatarias que la integran.

La AEC ha anunciado que, tras reunirse con Diego, se inicia una nueva etapa en la que las empresas eólicas se comprometen a seguir trabajando con el Gobierno de Cantabria para conseguir por fin un desarrollo eólico sostenible que proporcione bienestar social y oportunidades de trabajo a las empresas y los ciudadanos de Cantabria.

La AEC ha señalado que las siete empresas adjudicatarias del concurso eólico mantienen todos sus compromisos en la región y han cumplido escrupulosamente con cuantos pagos, impuestos o inversiones han asumido hasta la fecha. Huerta ha añadido que a la AEC le consta que todas las empresas adjudicatarias han cumplido y cumplen con las exigencias del concurso eólico de Cantabria y no hay motivos para pensar lo contrario.

El presidente de Cantabria ha señalado que en la reunión con la Asociación Eólica no se ha planteado la posibilidad de que las empresas adjudicatarias en el concurso eólico puedan pedir compensaciones por la rebaja de potencia. "No, en absoluto y no se si tendrían derecho a ello", ha dicho Diego, quien ha señalado que esa sería una cuestión jurídica en la que se entraría si existiera esa reclamación por parte de las empresas.

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