En entrevista con el Periódico Digital del PIEB, Fernández dice que “el Estado tiene el control completo sobre el sector eléctrico, la generación eléctrica, la transmisión y la distribución. Se ha recuperado todo el sector eléctrico que era boliviano previo al proceso de capitalización, no hay más objeciones para no empezar a cumplir todas las metas que el mismo Gobierno y la Constitución Política del Estado marcan”.
El también director Ejecutivo de Energética (Energía para el Desarrollo) e investigador del estudio “Rol e impacto socioeconómicos de las energías renovables del área rural de Bolivia”, afirma que el Estado boliviano tiene que encarar el desafío de garantizar el acceso universal a la electricidad a todos y todas las bolivianas.
“Si antes había óbices porque parte del sector (eléctrico) era operado por privados, en este momento no lo hay más, tendríamos todas las condiciones para cumplir esos mandatos; lograr el acceso universal hasta el 2025 como se ha propuesto el Gobierno”, señala.
Para ello, en esta nueva etapa del control sobre la industria eléctrica es urgente el cambio de la matriz energética y, en específico, de la matriz eléctrica –sugiere el experto– para que el 75% de energía provenga de fuentes renovables en cumplimiento a la planificación del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC). “Este es un desafío grande porque actualmente el 60% de energía proviene del gas natural y 40% de renovables”, dice.
El decreto de expropiación aprobado por el Gobierno durante la jornada del 1 de Mayo en ocasión del Día del Trabajador, tiene por objeto nacionalizar a favor de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) el paquete accionario que posee la Sociedad Red Eléctrica Internacional SAU en la empresa transportadora de electricidad S.A. y las acciones de propiedad de terceros provenientes, a cambio del pago de un monto definido por una entidad contratada.
Fernández considera que no debería haber más dilaciones para incorporar fuentes de energía renovable al Sistema Nacional Interconectado (SIN), como son los parques eólicos, la aplicación de la geotermia, la energía solar a gran escala, entre otras medidas.
Al igual de lo que sucede con el sector petrolero, donde el Gobierno ha creado un incentivo de 30 dólares por barril para que se siga explotando petróleo en Bolivia, también se debe promover desde el Estado la ampliación de las energías renovables, plantea Fernández.“El petróleo es algo vital para el país, estoy totalmente de acuerdo con el Gobierno en la creación de incentivos para producir más, pero ¿cuál es el incentivo para generar energías con fuentes renovables? Ninguna. Puede que no sea necesario, pero ni siquiera nos hemos planteado este desafío”.
Miguel Fernández explica que si hay mayor generación de electricidad a través de fuentes limpias, habrá menos necesidad de quemar gas natural que se utiliza hoy en día en la producción de electricidad. “Ese gas excedente podrá ser exportado a cinco ó seis veces más del precio con el cual lo quemamos en el mercado interno, ahí hay oportunidades que se abren cada vez con mayor claridad para estas fuentes de energía”, sostiene.
Según el investigador, el cambio de matriz energética requerirá nuevas inversiones que, si bien están en marcha en proyectos hidroeléctricos como Misicuni, Miguillas y San José, entre otros, ENDE también debe apostar por dar el salto hacia las otras fuentes de energía como la eólica, geotérmica o solar, que tienen potencial en el país pero no están desarrolladas.
