Para el periodo 2006-2010, una media del 9% de los hogares españoles se encontraban en pobreza energética, habiéndose alcanzado en 2010 una tasa superior al 12% (5,3 millones de personas), que se prevé que aumente en los próximos años sino se adoptan las medidas necesarias.
El estudio estima que entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en España pueden ser debidas a causa de la pobreza energética, cifra superior a las víctimas mortales de accidentes de tráfico en carretera, que en 2011 se situaron en 1.480 personas.
Se estima que en 2012 uno de cada tres hogares cuyos miembros están en paro se encontrará en situación de pobreza energética en España, cifra que se prevé que aumente de continuar el incremento de las tasas de paro.
Entre 2005 y 2010, un 8% de los hogares españoles se declaraba incapaz de mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, el 4% declaraba tener retrasos en el pago de recibos de energía (además de otros suministros) y el 18% afirmaba tener goteras, humedades o podredumbre en sus viviendas.
En España existen dos tipos de pobreza energética; la más evidente, en los hogares de las comunidades autónomas con inviernos más severos, del norte e interior peninsular (Castilla y León, Extremadura, Navarra, etc.) y otra menos evidente, en regiones de clima más benigno (sur, levante e islas) pero con viviendas peor adaptadas a los cortos períodos de frío que padecen (Canarias, Murcia, Andalucía, Islas Baleares, etc.).
El estudio propone la rehabilitación energética de viviendas como la única solución, a largo plazo, de la pobreza energética. La promoción de esta solución, en el presente contexto de crisis económica y elevadas cifras de desempleo, permite una generación potencial de empleo 17 empleos anuales por cada millón de euros invertido, cifra obtenida a partir de la consulta de casos reales de rehabilitación energética.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) propone entre sus recomendaciones que se adopten políticas energéticas con enfoque de pobreza energética, con una apuesta clara en la promoción de la rehabilitación energética de viviendas que estén sufriendo esta situación de pobreza energética.
La Asociación de Ciencias Ambientales estima que podrían generarse 35.500 empleos estables de aquí a 2030, con una inversión anual de 2.150 M€, lo que permitiría rehabilitar 2,1 millones de viviendas, es decir, las viviendas que albergaban los hogares que se encontraban en situación de pobreza energética en el año 2010.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado el 27 de Marzo el estudio ‘Pobreza Energética en España. Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas’ desarrollado en el marco del proyecto REPEX, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Fundación la Casa que Ahorra.
El Estudio, dirigido y presentado por Sergio Tirado Herrero, Vicepresidente de ACA y experto del Centro de Cambio Climático y Políticas Energéticas Sostenibles de la Universidad de Europa Central (3CSEP/CEU), pone de manifiesto cómo un 9% de media (para el período 2006-2010) de los hogares españoles sufren una situación de pobreza energética, es decir que son incapaces de pagar la energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas básicas o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos.
La situación de crisis económica, con tasas de desempleo crecientes, está mostrando como la tasa de pobreza energética aumenta de forma sostenida desde 2008, estimándose que más de un 12% de hogares (más de 5 millones de personas) se encontraban en esta situación en 2010. Este fenómeno, que se prevé que aumente en los próximos años si no se adoptan las medidas adecuadas, afecta sensiblemente, además de a la población jubilada, sobre todo a aquellos hogares que poseen miembros en situación de desempleo. En este sentido, en 2012 se estima que uno de cada tres hogares con miembros en paro se encontrarán en situación de pobreza energética.
Uno de los datos más destacados que presenta el estudio es la estimación de que entre 2.300 y 9.300 defunciones son muertes prematuras de personas de edad avanzada que podrían evitarse en España si se erradicase la pobreza energética. Es una cifra importante, si se considera que en el año 2011, 1.480 personas fallecieron a por accidentes de tráfico en carretera en España.
Tras la presentación del Estudio, se ha organizado una mesa de debate sobre la rehabilitación energética de edificios como solución a la pobreza energética en la que han destacado las siguientes declaraciones:
Marcial Tarín, Secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, señaló las dificultades por las que están pasando los hogares que administran y las dificultades que presentan las subvenciones para ser ejecutadas por las comunidades de propietarios, que requeriría un esfuerzo por parte de las administraciones.
Alberto Coloma, Gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, que promueve la importancia de la eficiencia energética en la edificación y los beneficios que puede reportar (ahorro económico, energético, protección ambiental y creación de empleo) destacó los casos de pobreza energética que experimentaron de primera mano en el desarrollo del Programa de Diagnóstico Energético del Hábitat Urbano, que han realizado en 5 municipios de España entre febrero y marzo de 2012.
Eduardo de Santiago, Consejero Técnico del Ministerio de Fomento, presentó el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España del Ministerio de Fomento, proyecto pionero que podría permitir orientar las políticas de rehabilitación energética en España.
Pedro Antonio García Fernández, técnico de apoyo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, presentó medidas impulsadas desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), destacando la buena aceptación de los Planes Renove, así como el Plan Rehabilita de la Comunidad de Madrid.
Entre las recomendaciones para afrontar la pobreza energética en España, propuestas por la Asociación de Ciencias Ambientales, a través de José Luis López, director del proyecto REPEX donde se engloba este estudio, destacan las siguientes:
Hacer visible las dimensiones y características de una problemática real como supone la pobreza energética, que debe ser reconocida a nivel político, económico y social.
Sensibilizar a la población y a los principales actores implicados sobre la existencia de esta problemática, sus consecuencias y posibles soluciones, poniendo en marcha campañas de información y sensibilización.
Ahondar en una metodología que estudie y determine la extensión y características socioeconómicas pobreza energética en España, sus principales características y sus consecuencias sociales y ambientales, con el fin de que permita orientar políticas específicas.
Impulsar una política estratégica a nivel estatal para la eliminación de la pobreza energética, tal y como se insta ya desde la Unión Europea, que ponga en común a todos los actores implicados y que no sólo reconozca esta problemática, sino que impulse actuaciones en distintos niveles y de forma coordinada con las comunidades autónomas.
Dicha política debe realizar una apuesta decidida en la eficiencia energética de la vivienda, tanto nueva, con mayores exigencias en el Código Técnico de la Edificación, como (sobre todo) en la vivienda existente, con un decidido apoyo a la rehabilitación energética de edificios.
Desarrollar un programa de rehabilitación energética de viviendas, dotado presupuestariamente y con objetivos detallados por comunidades autónomas, según necesidades reales en cada una, ya que esta solución está considerada como la más sostenible para minimizar la pobreza energética.
Una apuesta política en la promoción de la rehabilitación energética priorizando aquellos hogares que están padeciendo una situación de pobreza energética, permitirá generar nuevos puestos de trabajo en el maltrecho sector de la construcción, además de favorecer otros efectos positivos como son la reducción de los gastos en energía, la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes con efectos sobre la salud y los ecosistemas.
Incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, ya que si se resuelve con un incremento de precios cobrados al consumidor puede convertirse en un factor determinante para el incremento de tasas de pobreza energética en los próximos años.
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