Que cese la campaña contra las energías renovables. Éste es uno de los mensajes sustanciales que lanzó ayer en Barcelona el nuevo director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Jaume Margarit. El nuevo responsable de representar a las energías limpias en España rechazó tajantemente que las fuentes renovables sean las causantes del déficit tarifaria eléctrico, mostró la predisposición al diálogo con el Gobierno y retó a "abrir la caja de Pandora" para solucionar de forma definitiva todas las disfunciones actuales de la tarifa eléctrica, que pueden caer pronto como una pesada losa sobre los ciudadanos.
Margarit pidió que cese la estrategia de acoso contra las fuentes de electricidad limpias, acusadas por las eléctricas tradicionales de agravar el déficit tarifario. "Las renovables se sienten como si estuvieran en el banquillo de los acusados, como si fueran culpables de todo; son tratadas como un tumor que se debe extirpar. Esa beligerancia debe cesar", reclamó sin referirse expresamente a las eléctricas tradicionales agrupadas en Unesa. Margarit dijo que la ofensiva contra las energías renovables "procede de sectores energéticos y de unas empresas que tienen intereses determinados", una perífrasis que parecía aludir de nuevo a las empresas tradicionales que abominan ahora de las energías limpias. "Eso es legítimo, pero el poder político tiene que pensar que las renovables son la opción de futuro. España no tiene ni petróleo, ni gas; sólo tiene renovables", agregó. En España, ha habido un apoyo político histórico a las fuentes limpias en los últimos años. "Todo eso ha dado sus frutos", sentenció para reclamar que se reedite un pacto transversal para dar continuidad a estas tecnologías emergentes.
Margarit pidió al Gobierno que "no se tire por la borda todo lo que se ha conseguido", pues "España ha sido vista en el exterior como un país admirable; sus empresas han ganado concursos, tienen instalaciones y centros tecnológicos innovadores y admirables". Todo esto puede entrar en declive si se prolonga la actual moratoria indefinida decretada por el Gobierno para congelar las nuevas ayudas (a partir del 2013), estipuladas para remunerar estas fuentes limpias en el recibo de la luz. Sólo entre el 2009 y el 2010 ya se han perdido 20.000 empleos en estos sectores por el frenazo que dio el último gobierno del PSOE.
Margarit consideró injusto el decreto aprobado por el Gobierno que congela el marco retributivo que venía compensando hasta ahora la aportación de energía renovable a la red. "Los lobbys lanzan mentiras contra nosotros, para que al repetirlas 1.000 veces parezcan que son verdad", dijo negando que las energías limpias reciban subvenciones, pues en realidad son ayudas para reconocer que mitigan el calentamiento y reducen la dependencia del exterior, entre otras ventajas ambientales.
"Tenemos un problema tremendo", dijo refiriéndose al déficit tarifario de 24.000 millones de euros, "pero no podemos dejar en la cuneta las renovables, porque son el futuro".
El directivo de APPA negó también la acusación de que en España las fuentes renovables han tenido un desarrollo exagerado. "Hemos cumplido lo que se ha planificado", dijo, aunque con la excepción del desarrollo enorme de la fotovoltaica. En España, un 11,3% de la energía primara es de origen renovable (y lo planificado era un 12% para el 2012), mientras que el 29% debía ser de origen renovable. "Hemos alcanzado la meta prevista, ni más ni menos. No nos hemos pasado", sentenció.
Margarit enmarcó la campaña contra las renovables en los efectos que está teniendo un parque eléctrico sobredimensionado con centrales de gas. "Las fuentes tradicionales han hecho unas inversiones desaforadas. La tecnología que ha crecido más desde el año 2000 es el gas. En el año 2000 no había plantas de ciclo combinado. Inicialmente, se planificaron 14.000 MW para el año 2010, y han acabado instalado 28.000 MW de gas de ciclo combinado (al ajustarse la planificación a sus peticiones). Lo han hecho en base a las expectativas del mercado, pero nadie les obligaba a hacerlo", agregó.
El resultado es que las plantas de gas se encuentran ahora con un mercado más pequeño por la crisis y una demanda menguante, mientras que tienen que hacer frente a contratos blindados con los países del Magreb que les obligan a pagar tanto si gastan el gas como si no. "En estos contratos, pagan el precio de gas, lo consuman o no", declara, tras subrayar que no son contratos públicos ni transparentes, como sí lo son las ayudas que hay a las renovables.
"El resultado es un tensión tremenda. El regulador ha de tomar una decisión pensando en lo que es mejor para el ciudadano. Pero nos quieren expulsar como elementos extraños porque ponemos en dificultades a su negocio. … El negocio está parado y, además, les cogemos su sitio", indica reivindicando el papel ya conseguido por la energía verde.
Margarit cuestionó que la moratoria a las renovables se pueda prolongar hasta el 2017, como apunta el último informe de la Comisión Nacional de la Energía. "Las empresas no pueden esperar seis años", dijo antes de expresar su convencimiento de que el Gobierno no lo hará, pues su impresión es que el Ejecutivo quiere "repensar todo el sistema de costos" del sistema eléctrico.
APPA sostiene que si se reelabora el sistema tarifario de precios de la luz deberían tenerse en cuenta no sólo las primas a las renovables que tanto preocupan a las eléctricas tradicionales, sino que habría que revisar los beneficios extraordinarias de las eléctricas ("winfall profit"), la devolución de los ingresos excesivos obtenidos en su día en concepto de costos de transición a la competencia (TCT) o la modificación del sistema de fijación de precio que remunera a todas las tecnologías eléctricas igual, al margen de los costes de generación de cada una de ellas.
APPA sostiene que se debería fijar una tasa para las centrales de generación nuclear y para la gran hidráulica, lo que podría reducir en unos 2.800 millones de euros anuales el déficit tarifario.
Margarit no consideró tampoco justificable el exceso de plantas de gas de ciclo combinado por el mero hecho de que sirven de respaldo a la energía eólica cuando ésta debe parar al cesar el viento. Para este fin, se necesitarían unos 800 MW de gas; no 27.000. "Estamos pagando un parque de gas solo por existir", dijo refiriéndose a que el sistema retribuye a las térmicas de gas paradas mediante el denominado sistema de pagos por capacidad. "No necesitamos ciclo combinado, sino potencia firme. Necesitamos equipos para cuando la eólica baje. Pero no necesariamente sus espaldas han de ser cubiertas por el gas. Pueden hacer este mismo papel las energías renovables gestionables, la biomasa, la termoeléctrica.Son tecnologías gestionables", dijo.
"Congelar las primas a las renovables no va a resolver el problema del déficit tarifario. No queremos seguir siendo los culpables de esta historia. Creemos que el Ministerio de Industria no va a ir por ahí. Tenemos la confianza en que sabrá estar a la altura", declaro en un tono siempre pactista.
