La empresa Pattern Energy Group LP (antes Babcock and Brown), con sede en el estado de California, realizaba estudios de viabilidad de este proyecto eólico en Puerto Rico desde el 2007. Instituida localmente como Pattern Santa Isabel LLC, formalizó sus intenciones en 2010 cuando firmó un contrato de compra y venta de energía eólica con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por 20 años.
El acuerdo se estableció más de un año antes de que la Oficina de Gerencia de Permisos le otorgara el permiso de construcción en octubre de 2011. Otoniel Cruz Carrillo, director ejecutivo de la AEE, sostuvo que eso es uso y costumbre en la corporación. “El primer paso de estos proyectos de energías renovables es que nosotros testifiquemos que el proyecto eólico tiene viabilidad y hay conexión. Sin eso ninguna agencia le va a dar permiso. Nosotros podemos firmar el contrato y si ellos no adquieren el permiso ni el financiamiento, nosotros no tenemos ningún compromiso con ellos”, dijo.
La Finca de Viento Santa Isabel debe generar 75 megavatios eólicos, que la AEE compraría a razón de 12,5 centavos el kilovatio hora. Aunque Otoniel Cruz dijo que el contrato establecía la construcción de 44 turbinas eólicas, el ingeniero ambiental de Pattern Santa Isabel LLC, Roberto León, aseguró que en el papel no hay un número específico. El permiso de construcción los autoriza a colocar hasta 65 aerogeneradores eólicos.
“Yo no recuerdo que se establezcan el número de turbinas eólicas. Sí lo que se acordó fue la capacidad máxima que tenía la Autoridad para recibir un proyecto de este tipo que eran los 75 megavatios. Dentro de eso le tocaba a Pattern desarrollar un proyecto que pudiera suplir esa necesidad. Nosotros estudiamos un ‘layout’ que tenía 65 turbinas… posteriormente se llega al número de que con 44 turbinas eólicas se pueden suplir los 75 megavatios contratados”, expuso León.
Los 75 megavatios eólicos suplirían a 27.375 hogares. Luis Bernal, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos (AAE), justificó una construcción de esta magnitud para generar esa cantidad de energía diciendo que este proyecto es uno de varios que ayudarán a conseguir la meta de producir 12 por ciento de energías renovables para el año 2015 y 15 por ciento para el año 2020, según establece la Ley de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible firmada en el 2010 como parte de la declaración de emergencia energética del gobernador Luis Fortuño. La AAE fungió como agencia proponente ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
Tanto Luis Bernal y Otoniel Cruz como el director de la Autoridad de Tierras, Frederic Mullac, hicieron referencia al Reglamento 30 de la Junta de Planificación que permite que se instalen aerogeneradores en terrenos agrícolas cuando se les preguntó por qué ubicar este proyecto en Santa Isabel. No entraron en los méritos de la productividad agrícola del terreno y cómo se afectaría con los aerogeneradores, e insistieron en que este municipio ofrece las mejores condiciones de ubicación y viento para las turbinas.
“Este es un proyecto que está alineado con la política pública de reducir la dependencia en los combustibles fósiles y por tratarse de un proyecto eólico… hay que identificar y desarrollar donde las condiciones sean propicias”, expresó Bernal.
Cruz indicó que “nosotros lo que verificamos es que el proyecto que ellos nos proponen, de acuerdo con el diseño, cumpla con los requisitos para que nuestro sistema no se afecte”. Añadió que se hicieron estudios de generación y de planificación, y al darle el visto bueno refirieron el asunto a la oficina de asuntos jurídicos de la corporación para tramitar el contrato.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto establece que el viento en Santa Isabel sopla entre 12,8 y 13,4 millas por hora. “Ellos nos han dicho que con ese viento es suficiente para ellos generar la cantidad que nos han contratado”, pronunció el jefe de la AEE.
“Santa Isabel, dentro de todo el ejercicio que se hizo, reunía todas las capacidades y cumplía con todos los criterios. El más importante es que exista el viento. La data que se recopiló decía que sí es viable instalar un parque de energía eólica”, manifestó en representación de la empresa Roberto León, quien aseguró haber visto proyectos similares en tierras agrícolas en España, India y Estados Unidos.
La turbina elegida es Siemens 2.3-108 megavatios de 430 pies de altura. “Este es el tipo de turbina eólica que funciona para este patrón de viento”, comentó León.
El ingeniero enumeró otros beneficios de la ubicación: que el viento sopla durante el día, por lo que las turbinas eólicas generarán energía en momentos en que el sistema más lo necesita; la cercanía con los sistemas de transmisión de la AEE, la proximidad con el Puerto Las Américas de Ponce, a donde llegarían las piezas de las turbinas; el acceso por el expreso Luis A. Ferré (PR 52), y la lejanía del Aeropuerto Mercedita de Ponce, necesario para no afectar el tráfico aéreo.
La Autoridad de Tierras (AT) es dueña de las 3.700 cuerdas de terreno en Santa Isabel donde estarían distribuidas las turbinas eólicas. Veinticuatro agricultores mantienen allí sus fincas mediante arrendamiento. La agencia les enmendó sus contratos para restarles cuerdas de terreno y darles cabida a los aerogeneradores.
Frederic Mullac, director de la AT, recordó que el contrato entre la AT y Pattern se firmó en el 2008 cuando la empresa se llamaba Babcock and Brown. Para esa fecha, la compañía tenía alrededor de 39 mil cuerdas de terreno “opcionados” alrededor de la Isla y pagaban por ello, mientras realizaban estudios de viabilidad para ubicar su proyecto. Estas tierras estaban en Vega Baja, Fajardo, Yabucoa, Juana Díaz y Santa Isabel. Cuando se decidieron por Santa Isabel, fueron reduciendo la cantidad de terreno “opcionado”.
La cantidad exacta de terreno que Pattern tiene arrendada hoy no fue especificada por Mullac. Lo que se ha divulgado es que las bases de las turbinas ocuparán un total de 21 cuerdas de terreno cultivable, y que a eso hay que sumarle el terreno de las servidumbres de paso y los caminos.
Mullac y Roberto León explicaron por separado que Pattern hace un pago “bajo” por la tierra donde se levantarán las turbinas, y que una vez el proyecto esté en marcha pagará 12.000 dólares por cada aerogenerador. Esa cantidad aumentaría en proporción con el aumento en energía generada, si ocurriera.
León mencionó que Pattern negoció con los agricultores para, en lo posible, empezar las construcciones de las bases luego de que recogieran sus cosechas. Si tuvieran pérdidas, el daño lo pagaría la empresa y no la Autoridad de Tierras.
Igualmente, dijo que hay agricultores que se benefician de una brigada de Pattern que se dedica a arreglar las tuberías del sistema de irrigación que se ven afectadas.
Según León, en el estudio de ruido realizado e incluido en la DIA “se concluyó que el proyecto cumple con esos criterios. De no cumplir después, se pondrían medidas de mitigación”. Una de esas medidas sería sembrar árboles.
El director de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Pedro Nieves, expresó que el documento cumple con la reglamentación correspondiente.
“Dicho análisis se evaluó a tenor con el uso que se le da al área. Eso se discutió en el documento de manera adecuada. En base a toda esta información se tomó la determinación”, dijo.
Nieves agregó que: “No es un ruido que sea de una intensidad que vaya a tener un impacto significativo. Hay que ver la totalidad de la circunstancia. Se trata de una vía agrícola.. la zonificación permite ese tipo de actividad allí”.
Durante la construcción se producirían 150 empleos, aproximadamente, y una vez empiece a operar el parque eólico habría de ocho a 10 trabajadores. Por tanto, la promesa de generación de empleos prometida por el gobernador al anunciar este proyecto se queda corta por mucho.
La inversión asciende a 215 millones de dólares. León aseguró que Pattern no recibe incentivos bajo la Ley de Incentivos de Energía Verde ni del Fondo de Energía Verde, sino que se beneficia de unas garantías de préstamos que ofrece el gobierno federal.
