En Suiza, el pequeño y discreto universo de la inteligencia económica se concentra en Ginebra, y se ejerce a partir de un marco legal menos riguroso que el de países como Francia.
Recientemente, la agencia ginebrina de inteligencia Alp Services y su director, Mario Brero, fueron objeto de un escándalo que desató su gestión en torno al caso de Anne Lauvergeon –empresaria conocida como Anne Atómica y hoy ex directora ejecutiva de Areva–, su esposo, Oliver Fric, y otros directivos de la firma gala.
En enero pasado, Lauvergeon -quien fuera destituida de la fábrica estatal de reactores nucleares- emprendió acciones legales en París contra una serie de presuntas actividades ilícitas cometidas por el investigador suizo Brero.
El caso Areva permitió desvelar el poco conocido universo de los servicios de inteligencia suizos, que se hallan a la zaga de sus homólogos de países anglófonos, de Francia y Alemania, mucho más habituados a utilizar empresas de investigación para conseguir ventajas competitivas y proteger sus intereses empresariales.
Actividad en expansión
En Suiza, en la actualidad, existen unas doce firmas de este tipo. Entre ellas se cuentan Alp Services, One Intelligence, Kroll and Diligence, el grueso de ellas establecidas en Ginebra.
“Es un sector emergente y en plena expansión“, explica a swissinfo.ch Hélène Madinier, profesora de la Escuela de Negocios y Administración de Ginebra, institución que desde el año 2010 imparte cursos de inteligencia competitiva.
“Son instituciones discretas. Y para algunas de ellas los servicios de inteligencia competitiva son solo parte de un menú más amplio de actividades que incluyen también la realización de investigaciones generales y la oferta de servicios de detectives”, añade.
Para el especialista Stéphane Koch, la presencia de este tipo de compañías se debe al estatus internacional que posee Ginebra, sede numerosas multinacionales y ONG, y también a su actitud relajada.
“Francia da un manejo más formal (a los servicios de inteligencia). En Suiza, no existe un marco o regulación concreta para esta profesión, y cada uno hace lo que desea”, afirma el experto.
Conspiración y prueba
En el caso Areva, Anne Lauvergeon acusó a algunos de sus colaboradores de haber ordenado que la espiaran y de convertirla en víctima de una conspiración que buscaba desestabilizarla.
Sébastien de Montessus, jefe de la división minera de Areva, confirmó que contrató a Alp Services para inspeccionar la desastrosa compra de la minera Uramin (2007), que implicó para el grupo un desembolso de 1.800 millones de euros (2.100 millones de francos).
Montessus aceptó también que los servicios de Alp Services fueron ordenados sin que Lauvergeon, quien entonces fungía como su jefa, lo supiera.
Según la versión de Montessus, quería averiguar si Fric, esposo de Anne, se había “beneficiado ilegalmente” con esta adquisición, pero la intención jamás fue, aclaró, husmear en la vida privada de la gente, ni utilizar métodos ilegales como la grabación de conversaciones.
El pasado 1 de febrero, Transparencia Internacional Francia, Greenpeace y Worldwatch anunciaron que interponían una demanda en una corte de París contra quien resultara responsable en relación con el caso Areva. Una decisión que tomaron tras una serie de informaciones aparecidas en la prensa.
De acuerdo con el periódico Journal de Dimanche, el director de Alp Services, Mario Brero, habría sugerido entre otras medidas una “supervisión preventiva e infiltración” al interior de las tres organizaciones no gubernamentales a cambio de un cobro mensual de entre 40.000 y 60.000 euros. Una propuesta que, finalmente, no prosperó.
El abogado de Areva, David Bitton, niega que la agencia “haya seguido a alguien o realizado grabaciones telefónicas ilegales”.
¿Cruzando la línea?
La abogada Marie-Laure Ingouf afirma que la mayoría de las grandes empresas internacionales recurren a los servicios de inteligencia corporativa. “Y esto no representa ningún problema”, dice.
“Solo se requiere un marco legal claro para que pueda ser respetado y el que existe actualmente es bastante vago”, refiere.
En la actualidad no es fácil establecer claramente en qué momento o circunstancias los detectives empresariales atraviesan el límite de lo legal, la línea roja de la ética, o cuando los servicios de inteligencia económica, en realidad, cometen espionaje industrial.
“Mientras algunas actividades, como la grabación de conversaciones telefónicas, se consideran ilegales –al amparo de los derechos individuales que concede el Código Penal suizo-, la usurpación de identidad, por ejemplo, no es un delito, algo que es diferente en Francia”, señala Ingouf.
En un caso independiente, el mes pasado en Lausana, activistas del grupo antiglobalización ATTAC emprendieron un juicio de espionaje civil contra Nestlé.
La empresa admite que contrató agentes de Securitas para espiar a algunos de los miembros de esta organización, pero argumenta que dicha acción preventiva estaba justificada, porque “ATTAC había declarado la guerra a Nestlé” desde 2003, cuando se celebraron protestas durante la cumbre del G-8 en Evian, Francia.
Actualmente, ambas partes aguardan un fallo sobre este caso. Al respecto, Koch considera que aunque resulta común, la práctica de la infiltración estaba “fuera del marco legal y ético”.
“Con respecto a la piratería, es fácil contratar a un cibermercenario para que se introduzca en una computadora, saquee su disco duro y obtenga información privada”, apunta.
Ojo avizor
La vigilancia preventiva, que se realiza tomando parte de las conferencias públicas de una ONG, o entablando comunicación con algunos de sus miembros, no es ilegal y no se considera espionaje, según Koch.
Con respecto a las empresas y sus trabajadores, la ley suiza protege la privacidad del individuo, las compañías disponen de un amplio margen de maniobra si quieren controlar a su personal, explicó recientemente el abogado Marc Henzelin al semanario L’Hebdo.
La profesora Madinier admite que el marco legal no es suficientemente riguroso. Y destaca también que debe diferenciarse entre las firmas que ofrecen servicios de inteligencia competitiva y las agencias que además brindan servicios de detectives y están dispuestas a recurrir al oscuro arte de infiltrarse en una empresa haciéndose contratar con una identidad falsa.
“El caso Areva aumentó la confusión pública con respecto a los servicios de inteligencia económica, que en principio están diseñados para obtener información que permita aumentar la competitividad”.
Simon Bradley, swissinfo.ch
