El presidente de Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), Miquel Cabré, ha alertado que la suspensión temporal de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de energías renovables tendrá un alto coste. En concreto, el sector eólico perdería en Catalunya más de 100 millones de euros al año en primas. Para obtener esta cantidad se tuvo en consideración que solo se llevará a cabo el 25% de la nueva potencia eólica. La previsión –en este contexto- es que sólo se instalen 575 megavatios (MW) de los 2.301 MW totales que están previstos en 128 nuevos parques (que no tienen garantizado un sistema de retribución para propiciar la inversión).
De hecho, en Catalunya está garantizada la ayuda para 1.529 MW eólicos: los 1.008 MW en servicio, los 197 MW de parques en construcción y los 323 MW inscritos en el registro de preasignación y con retribución de la normativa vigente hasta ahora.
Aún así, EolicCat alertó que buena parte de estos 323 MW tampoco recibirán primas si no se ponen en servicio antes de fin de año, lo que exige que se ponga en funcionamiento los sistemas de evacuación a la red.
Cabré ha destacado que el decreto 1/2012 del Gobierno, "más allá de un error en política energética y ambiental, es un error económico", porque supondrá la pérdida de riqueza y empleos en el momento actual de crisis, lo que en opinión de EolicCat no compensa la reducción del déficit de tarifa que persigue el Gobierno con la norma.
Según un estudio encargado por la asociación a Deloitte y teniendo en cuenta que se instalen esos 575 MW, la eólica dejará de aportar al PIB catalán 135,8 millones de euros hasta 2015. Asimismo, el impacto indirecto de otras actividades vinculadas a la energía eólica será de 33,9 millones menos de los previstos de contribución al PIB y de 370 puestos de trabajo que no se crearán. Además del impacto fiscal (611,9 millones de euros), la industria eólica también puede dejar de invertir 20,5 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Y desde el punto de vista ambiental, se pueden dejar de sustituir 520.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) y dejar de evitar la emisión de un millón de toneladas equivalentes de CO2.
Cabré ha pedido que la temporalidad de la supresión de las retribuciones con el nuevo decreto sea "la mínima imprescindible para redefinir el sistema", lo que ha pedido que se no dure más de seis meses.
"El peor de los escenarios es una interrupción de las primas 3 ó 4 años, pero más sería un escenario desastroso. En 3 ó 4 años, no sé dónde estarían las fábricas de Gamesa o de Alstom (fabricantes de aerogeneradores). Y Acciona ya ha abierto fábrica en Brasil", dijo Miquel Cabré. El presidente de EolicCat sostiene que las empresas estárán cerca del mercado, por lo que la perspectiva de crear menos de 600 MW eólicos en Catalunya condiciona gravemente el desarrollo de esta fuente de energía en Catalunya. "El tejido industrial se tiene que alimentar de su entorno, porque no se puede vivir de la exportación", apuntó abundando en tendencia a acercar las fábricas a los países con mayor de manda de fuentes renovables.
Cabré también advirtió que la suspensión de primas también puede afectar al proyecto experimental de eólica marina Zèfir, que se debe desarrollar frente a la costa de Tarragona, ya que dejará de contar con ingresos previstos hasta ahora para compensar parte de la inversión. El vicepresidente de EolicCat, Víctor Cusí, añadió que la nueva norma "corta las raíces del sector, y eso hace más difícil salir al exterior" y exportar, lo que ha calificado de error estratégico, ya que España es referente eólico mundial actualmente.
Cabré agregó que el fin de las ayudas a la renovables hará casi imposible que España cumpla la meta europea de renovables (un 20% de la energía final en e l 2020), pues ahora sólo alcanza el 13,2%. "Lo que no se puede hacer es frenar el desarrollo de una energía cuando está cerca de lograr la plena madurez en el mercado".
Los empresarios del sector eólico apuestan por el céntimo verde para compensar el déficil tarifario, y sustistuir todo el sistema actual de fijación de precios que favorece energía sucias y caras, como el gas o el carbón, y las que están ya amortizadas, como la hidráulica o la nuclear.
