La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte que si la moratoria prevista en el Real Decreto-Ley 1/2012 se prolonga hasta al menos 2017, como propone el informe emitido por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la industria eólica desaparecerá de España.
El informe de la CNE plantea cuatro posibles escenarios, que van desde una suspensión indefinida que implicaría que la única potencia renovable a instalar de aquí a 2020 sea la inscrita en el Registro de Preasignación, a una revisión de la senda de los objetivos del Plan de Energías Renovables de modo que se volviese a instalar a partir de 2017 dando prioridad “a la tecnología más económica”, la eólica terrestre. Según la CNE, para entonces la eólica “apenas” tendrá necesidad de incentivos.
AEE considera que, si el Gobierno escucha la recomendación de la CNE, cuando quiera reactivar la eólica no tendrá más remedio que importar los aerogeneradores del extranjero, porque España no tendrá ya industria propia y se habrán destruido miles de empleos, que no se recuperarán.
El informe, que en diversas ocasiones cita a la eólica como la tecnología más competitiva, recomienda el establecimiento de un mecanismo de subastas para asignar la potencia renovable a instalar y determinar su coste. Bajo este esquema, que supondría un cambio radical respecto al actual mecanismo económico, los promotores fijan su retribución a través de una puja.
Según el análisis realizado por AEE, en los países en los que se ha implantado este sistema se ha instalado considerablemente menos potencia de la adjudicada inicialmente en las subastas. Sin embargo, el sector se muestra dispuesto a estudiar junto al Gobierno los diferentes mecanismos de mercado que, teniendo en cuenta la situación de la economía española, garanticen la supervivencia de la eólica y sus más de 30.000 puestos de trabajo.
El informe de la CNE incluye medidas que afectan a la retribución que en estos momentos percibe el sector. La más significativa se refiere a la propuesta de reducir la tasa de actualización de los parámetros de la retribución a partir de abril de 2012, lo que tendría un impacto acumulativo que afectaría a la rentabilidad de los parques eólicos ya instalados. El sector considera que de ningún modo deben tomarse medidas que afecten a la potencia instalada, ya que ello pondría en duda la seguridad jurídica del país y alejaría la inversión.
En definitiva, si el Gobierno atiende a estas recomendaciones de la CNE, el futuro del sector eólico se vería truncado. La industria eólica ha perdido más de diez mil puestos de trabajo en los últimos años como consecuencia de los cambios regulatorios y la incertidumbre. El sector pide al Gobierno que tenga en cuenta a la hora de regular que la eólica ha creado a su alrededor un tejido industrial con empresas en toda la cadena de suministro –de los grandes fabricantes a los pequeños proveedores-, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros anuales, invierte en I+D unos 150 millones al año y evita importaciones de combustibles fósiles por cerca de 2.000 millones.
AEE recuerda que la eólica no tuvo impacto en el aumento del déficit de tarifa de 2011 y es la tecnología renovable más eficiente. E insiste en la urgencia de contar con un marco regulatorio estable y duradero cuanto antes para garantizar la continuidad del sector en España, evitar la pérdida de empleo, consolidar el liderazgo tecnológico y permitir el cumplimiento de los objetivos europeos de cara a 2020.
