Cristina Narbona reivindica la política de energías renovables del PSOE y afirma que el estudio de FAES en el que pide recortar las primas a las renovables está ahuyentando la inversión extranjera: "Lo que no cuenta el programa electoral del PP lo cuenta muy bien la FAES". Eso está paralizando inversión extranjera y española en renovables". Es cierto que con el PSOE ha habido un crecimiento de las renovables, pero con problemas. Un mal decreto de Industria generó una burbuja especulativa en la fotovoltaica que genera un sobrecoste enorme para los consumidores durante décadas. El informe de FAES denuncia "el crecimiento descontrolado del volumen de primas a las energías renovables" y pide "iniciar un plan de selección de emplazamientos para nuevas centrales nucleares".
La organización Ecologistas en Acción denuncia que las medidas "anti-renovables" del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, "parecen ser solo el principio, tal y como se desprende del contenido del programa electoral del PP". Las últimas declaraciones del Presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, van en esa línea. No importa que diga barbaridades del calibre de que va a subir la luz en un 37,5% -él dice que subirá de 250 a 400 euros de media-, que se queje de que se vaya a superar el compromiso europeo del 20% de renovables en 2020 según el PER -éste propone un 20,8%, es decir, un 0,8% más– y que defienda abiertamente las tecnologías “más fiables”. Tampoco importa que la patronal de la energía solar termoeléctrica, Termosolar, haya expulsado a Iberdrola por atacar ésta tecnología. Sánchez Galán sabe que tiene el poder suficiente para marcar la política energética del país, por eso no cuida sus declaraciones ni sus consecuencias. No lo necesita.
En paralelo, estudios macroeconómicos sobre los impactos de las renovables -como los efectuados por la consultora Deloitte para la Asociación de productores de Energías Renovables, APPA– demuestran que tanto la industria eólica como la solar termoeléctrica aportan al estado español más de lo que cobran en primas. Es decir, que es rentable apoyarlas. Todo ello integrando todos los costes, más incluso que las energías “sucias”. En efecto, hay parques eólicos que tienen que pagar, en algunas comunidades autónomas, por “impacto audiovisual”, algo de lo que están exentas las centrales térmicas de carbón, de gas y nucleares, que por lo visto están mucho mejor integradas en el paisaje.
Esto ocurriría en un momento en que España atraviesa grandes dificultades financieras y un alza en sus costes de endeudamiento producto de la crisis de la zona euro. El Partido Popular es más que favorito para las próximas elecciones y el candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, ha repetido en numerosas ocasiones que reformará el sector energético, sin dar más detalles.
El masivo despliegue de energías renovables ha hecho a España un líder mundial del sector y le ha permitido reducir su dependencia de la importación de petróleo. No obstante, el resultado son eléctricas que no pueden usar sus centrales de ciclo combinado y sin ningún interés en el CO2, el medio ambiente o la independencia energética. "No nos podemos permitir el alto coste de la energía y el Gobierno no puede continuar apostando por fuentes de recursos extremadamente caras para los hogares españoles", afirmó Jaime Legaz, presidente de FAES, el ‘think tank’ del PP.
Las grandes eléctricas han incrementado la presión sobre el futuro Gobierno para que ataje el déficit de tarifa de alrededor de 20.000 millones de euros que se ha acumulado en los últimos 10 años por la venta de electricidad a tarifa inferior a los costes que supone su generación.
