El Consejo de Ministros aprobó ayer un Plan de Energías Renovables (PER) hasta 2020, en el que se contempla la creación de 300.000 empleos en este sector durante la próxima década y un beneficio de 29.000 millones de euros gracias a las menores importaciones de crudo. El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, explicó que el plan recoge 87 medidas para el impulso de las tecnologías "verdes" que sitúa la eólica como "la fuente renovable más importante".
"El objetivo es que en la segunda mitad de la década se incorporen tecnologías como la geotérmica o las energías del mar", explicó, antes de cifrar en 33.600 millones de euros la aportación del nuevo plan de renovables al PIB. El nuevo plan se marca como objetivo que en 2020 el 20,8% de la energía proceda de fuentes renovables, frente al 13,2% actual. Para ello, la eólica instalará en tierra 14.256 megavatios (MW) nuevos, hasta 35.000 MW, mientras que la fotovoltaica pasará de 3.787 MW a 7.250 MW.
Los costes asociados al plan, incluidas las primas, rondan los 24.700 millones, si bien el Gobierno cifra en 29.000 millones los beneficios, sin contar aspectos positivos de difícil cuantificación como la promoción del desarrollo rural, el reequilibrio de la balanza de pagos y las exportaciones.
A pesar de que ambos documentos no tienen modificaciones sustanciales con respecto a los borradores conocidos, el PER incluye dos novedades: un sistema de apoyo al calor renovable para aplicaciones térmicas y un mecanismo para potenciar el autoconsumo eléctrico procedente de fuentes renovables. El primero es un modelo de apoyo directo a la producción, incompatible con la percepción de ayudas a la inversión y específico para proyectos realizados por empresas de servicios energéticos (ESE), es decir, deberá existir un productor que realice una actividad económica consistente en transmitir energía a un consumidor.
Respecto al mecanismo de autoconsumo, se trata de un sistema de compensación de saldos de energía que permite a un consumidor que produce parte de su consumo de electricidad que lo utilice como almacén.
Este sistema está diseñado para las energías renovables no gestionables (solar o eólica), ya que evita que los sistemas de acumulación de electricidad estén en el propia instalación. El PER contempla que en 2020 haya en España 7.250 MW instalados de solar fotovoltaica, frente a los 3.787 MW al cierre de 2010; 4.800 MW de termoléctrica (632 MW en 2010); y 35.000 MW eólicos (20.744 MW al cierre del año pasado).
Junto a esto, introduce 750 MW de eólica marina, 100 MW de energía maremotriz, 50 MW de geotérmia, dobla el peso de la biomasa, hasta los 1.950 MW en 2020, y sitúa en 13.861 MW los objetivos para la hidroeléctrica. Si se cumple lo previsto las renovables supondrán un 20,8 % del consumo energético de España en 2020, frente al 13,2 % de 2010, y se evitará la emisión de 171 millones de toneladas de CO2.
La electricidad de origen renovable crecerá un 30 % respecto a los datos actuales, las renovables para usos térmicos un 57 % y las relacionadas con el transporte un 125 %. Los costes asociados al plan estimados ascienden a 24.700 millones de euros y los beneficios directos a 29.000 millones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró que el PER 2011-2020 permitirá además la creación de 300.000 puestos de trabajo en el trabajo y una contribución al PIB de 33.600 millones.
Respecto a la Planificación Energética Indicativa para 2020 (documento no vinculante que estima la demanda de energía o el peso de cada fuente), el Ministerio de Industria prevé reducir las importaciones de energías fósiles (carbón, gas y petróleo) hasta el 70,9 %, mejorar el grado de autoabastecimiento más de seis puntos el de la intensidad energética en una media del 2 % anual. Para 2020, el petróleo aportará el 36 % en el mix energético, el gas natural el 27 %, la nuclear el 10 %, la eólica, solar y geotérmica el 10 %, la biomasa y residuos el 8 %, el carbón el 7 % y la hidráulica el 2 %.
El Ministerio ya ha elaborado la Planificación Obligatoria (documento vinculante que fija las redes energéticas necesarias) y el documento ha pasado el trámite de audiencia pública con las CCAA, pero no podrá aprobarse por el actual Ejecutivo.
