"Los peores escenarios están sobre la mesa", ha dicho Donoso en la apertura del "II Encuentro Europeo sobre Prevención de Riesgos Laborales" que se celebran este miércoles y mañana en Pamplona. Tras afirmar que la situación del sector eólico es "particularmente delicada", ha manifestado que el ministerio de Industria está a punto de enviar al Consejo de Estado una propuesta de Real Decreto que "no está consensuada con el sector, que tiene la oposición mayoritaria del sector".
Y es que, según ha subrayado, con la nueva regulación se van a destruir 16.000 puestos de trabajo, lo que va suponer al Estado una pérdida de 880 millones de euros de recaudación de IVA, las pérdidas de cotizaciones a la seguridad social van a suponer 120 millones, los pagos al desempleo más de 140 millones y va a haber 95 millones de pérdida de recaudación de IRPF.
A eso ha añadido que al reducir la producción de megavatios se van a dejar de invertir en el sector 5.000 millones de euros. Según ha explicado, la propuesta se basa en un nuevo sistema regulatorio en el cual, "por primera vez en el mundo, se establece un sistema en el que las empresas no van a poder predecir su flujo de caja, porque la prima a los proyectos eólicos se van a establecer en función de los proyectos que se realicen el año anterior", lo que hace que los proyectos sean "prácticamente infinanciables" y así, ha apuntado, "lo ha dicho la propia banca".
Además de la "no predictibilidad en el flujo de caja", las condiciones económicas son tales que la rentabilidad para un parque eólico medio en España estaría entre el 4,5 y el 5,5 % y con esos importes "nadie va a invertir", ha dicho Donoso, quien ha indicado que "este miércoles en día el mínimo que una empresa necesita para invertir es tener una tasa interna de rentabilidad entre el 8,5 y el 9, institutos oficiales como el ICO para financiar un proyecto eólico exigen una tasa del 10%".
Esto llevaría a una situación en la que "sólo aquellos parques muy buenos, los que estén en el entorno de las 3.000 horas, cuando la media española están alrededor de las 2.115 horas, saldrían rentables, y parques de 3.000 horas en España quedan muy pocos".
"Lo absurdo de todo esto es que no sabemos porque se hace", ha recalcado, ya que con lo que se plantea la energía eólica que se deje de consumir se consumirá de ciclo combinados, con lo que "por ahorrarse 140 millones de prima habrá que pagar 140 millones a los suministradores de gas y en lugar de generar riqueza en España se estará transfiriendo a terceros países".
Donoso ha insistido en que no se puede "sacrificar" un sector como éste que es "modelo" para la economía española, que cuenta con tecnología propia, que genera empleo (40.000 personas, de las que el 75 % de titulados) y que tiene un alto grado de internacionalización. Tras afirmar que este sector demuestra que en España se puede hacer tecnología, ha concluido que creen que tienen razón y por eso van a hacer lo posible para que se reconduzca la situación.
AEE considera que, de salir adelante en estos términos, el marco regulatorio supondrá la paralización del sector en España, la destrucción de más de la mitad del empleo eólico y la desaparición de una parte importante de su tejido industrial. Además, el real decreto es incoherente con el Plan de Energías Renovables 2011-20 y con la Directiva Europea sobre consumo de energía procedente de fuentes renovables, ya que imposibilita que se cumplan los objetivos previstos. Por ello, el sector eólico pide al Gobierno que reconsidere su postura.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
