El sector eólico discrepa con la CNE

Aunque la Asociación Empresarial Eólica (AEE) hubiese preferido tener acceso al informe de la CNE antes de pronunciarse, dada la premura de los plazos de tramitación del real decreto quiere dejar clara su postura. Dado que la CNE tiene acceso de primera mano y conoce a la perfección los costes de inversión del sector —que en la actualidad ascienden a 1,3 millones de euros por megavatio—, AEE considera inaceptable que la CNE se pronuncie en estos términos. Asimismo cree que es incoherente manejar un escenario de precios elevados para justificar que el sector eólico va a tener una rentabilidad razonable y dejar todo el riesgo para el sector en caso de que los precios sean bajos.

Además, la Comisión cuenta con la opinión de diferentes bancos, que han expresado que, si el decreto se aprueba en los términos actuales, la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los proyectos será insuficiente para garantizar la financiación de nuevos parques eólicos en España. Según los cálculos de AEE, la propuesta de Industria supondría una TIR inferior al 5%, frente al 8-9% que la banca considera adecuado para financiar proyectos. Las condiciones económicas que se proponen en el borrador de real decreto suponen un recorte de facto del 40% sobre la retribución actual.

Por otro lado, la CNE afirma que “la retribución debe ser predecible para facilitar así la financiación ajena de los proyectos” y propone que cuando una instalación se inscriba en el Registro de Preasignación “se le mantengan las primas vigentes”. AEE aplaude esta afirmación, ya que está en línea con su rechazo a que se cambie el modelo actual por un sistema de primas variables año a año como el que propone Industria. El modelo que impera hoy en España es considerado como el más eficiente de la UE por la Comisión Europea.

AEE considera que, de salir adelante en estos términos, el marco regulatorio supondrá la paralización del sector en España, la destrucción de más de la mitad del empleo eólico y la desaparición de una parte importante de su tejido industrial. Además, el real decreto es incoherente con el Plan de Energías Renovables 2011-20 y con la Directiva Europea sobre consumo de energía procedente de fuentes renovables, ya que imposibilita que se cumplan los objetivos previstos. Por ello, el sector eólico pide al Gobierno que reconsidere su postura.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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