Si dicho real decreto sale adelante, el sector eólico corre serios riesgos, que pueden llegar a ser irreversibles. Como director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, he participado de forma más o menos directa desde el año 2004 en las negociaciones de los diferentes marcos regulatorios para fomentar el uso de esta forma de generación eléctrica renovable.
Cada una de estas negociaciones ha tenido sus particularidades, derivadas en gran medida de las circunstancias energéticas y económicas del momento, pero todas han contado con varios elementos en común en cierta medida sorprendentes.
El punto más importante es la dificultad de los reguladores para entender que los marcos incentivadores de venta de electricidad, como casi los de cualquier otro producto, generan una cadena de valor adicional a los beneficios intrínsecos de la utilización del viento local como forma de energía. El hecho diferencial de la eólica frente a cualquier otra forma de generación eléctrica ha permitido dar un enfoque industrial y tecnológico a un país con poca tradición tecnológica, que hoy es internacionalmente conocido por la solvencia y el éxito de su sector eólico.
En las circunstancias actuales el tema adquiere una importancia fundamental. El uso del viento local no solo permite equilibrar nuestra balanza por cuenta corriente al reducir las importaciones de gas natural, sino que permite crear empleo de base industrial y apoyar algunos sectores en reconversión.
El tema del empleo es especialmente importante, pues en la actualidad, resulta complejo crearlo más allá de los vaivenes estacionales ligados al turismo y a la agricultura. En este contexto, no se entiende que los responsables del Ministerio de Industria no sean capaces de dar continuidad al marco regulatorio para fomentar la eólica a partir del año 2013.
La incidencia de la eólica en el déficit de tarifa es baja y los costes para el consumidor eléctrico despreciables, pues esta energía reduce el precio del mercado mayorista -especialmente en momentos como este, de muy baja contribución hidráulica-, con lo que mantener la discusión en el ámbito puramente eléctrico es no querer entender la proyección socioeconómica de la eólica, más importante si cabe en un mercado mundialmente globalizado.
Aunque otras tecnologías tratan también de apuntarse al mismo carro que la eólica, el regulador debe ser capaz de separar grano de la paja: no es lo mismo una empresa financiera que otra que fabrica equipos y componentes.
Una segunda sorpresa ha sido la importante influencia que la personalidad y opiniones del interlocutor del Gobierno, normalmente el Secretario de Estado aunque no siempre, ha tenido a la hora de posicionarse sobre las diferentes opciones que se planteaban, independientemente incluso del partido político de turno. La explicación a esta “neutralidad” ideológica habría que buscarla en el apoyo político que, al menos hasta fechas recientes, han tenido las energías renovables. En el futuro puede que las cosas no sean tan evidentes.
Otro punto también interesante, aunque algo menos sorprendente, es cómo planteamientos inicialmente coherentes terminan finalmente desdibujados por las presiones políticas. En este sentido, han sido muy llamativas las dificultades de poner un cierto orden a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en un recurso como la electricidad -que fluye más allá de los límites territoriales-, que han transformado la autorización administrativa en una reserva de capacidad gracias, eso sí, a una interpretación excesiva por parte de la CNE de lo que se entiende por libertad de acceso a la red en formas de generación no concurrente.
Una noticia trascendente por su carga simbólica ha sido la deslocalización al Reino Unido de la fabricación por parte de Gamesa de aerogeneradores marinos. Cierto es que el mayor mercado se presenta en este país, pero cuando Dinamarca limitó la instalación de parques eólicos en tierra impulsó la industria nacional con los parques eólicos marinos a través de concursos públicos, tanto en el mar Báltico como en el mar del Norte, lo que ha permitido que sus fabricantes sean hoy líderes mundiales de este prometedor aprovechamiento del viento.
En España, la energía eólica marina lleva años de incertidumbre con una regulación a punto que no acaba de desarrollarse a través de los diferentes concursos de zona. Pero en cualquier caso, el Gobierno no solo no ha buscado posibles alternativas que continuaran con la sostenibilidad del sector, sino que nos ha sometido a un elevado nivel de incertidumbre sin querer entender que la eólica es diferente al resto. Porque nació en su debido momento y fue capaz de vertebrar un tejido industrial que hoy en día está comprometido por la falta de visión regulatoria.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
Alberto Ceña, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), www.aeeolica.org
