La CNE afirma, asimismo, que comparte los tres objetivos de la propuesta de real decreto: el desarrollo ordenado de la tecnología eólica; la disminución del apoyo económico a un sector ya maduro; y favorecer la financiación de los nuevos proyectos que permitan alcanzar los objetivos de 2020. Sin embargo, el regulador hace hincapié en la necesidad de incluir otro objetivo más: el de tratar de minimizar el impacto sobre el déficit de la tarifa de acceso, especialmente en el corto plazo.
En este sentido, apoya la fijación de objetivos anuales de potencia instalada, que se irían cubriendo con nueva potencia. Según la comisión, las instalaciones adicionales a dichos objetivos recibirían únicamente el precio del mercado hasta el año siguiente, pudiendo a partir de entonces recibir la prima correspondiente.
Por otra parte, la comisión se ha mostrado partidaria de la medida planteada por el departamento dirigido por Miguel Sebastián que vincula la prima de referencia con la oferta de nueva potencia pero afectando únicamente a los nuevos parques. Según el regulador, esto posibilita la "autorregulación" del sector pero para limitar el riesgo de una variación brusca de la prima a los consumidores y productores, se limitaría su variación anual en aproximadamente un 15 por 100.
Sin embargo, el regulador considera que teniendo en cuenta la contracción actual de la demanda que ha llevado a un exceso de capacidad instalada y considerando también la necesidad de limitar el impacto en el déficit, debería existir una evolución creciente de los objetivos anuales de potencia instalada, en lugar de la evolución constante que recoge el proyecto de Industria. Finalmente, el regulador valora positivamente la limitación de cobro de las primas a los 12 primeros años de vida de la instalación, y dentro de cada año a las 1.500 primeras horas de funcionamiento equivalente a plena carga.
La norma, que Industria pretende aprobar antes de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, ha suscitado una fuerte polémica y controversia en el sector, que considera que la norma está "muy alejada" de lo debatido durante las negociaciones. Según la Asociación Empresarial Eólica, la normativa no sólo aboca al sector a la parálisis sino que podría derivar en un "apagón eólico" en los tres próximos años. Para la patronal la nueva regulación supone un recorte del 40 por 100 sobre las condiciones económicas actuales, lo que implica que no se garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos que contempla la Ley del Sector Eléctrico.
En concreto, el borrador de real decreto recorta los incentivos y el número de horas anuales y de años con derecho a cobro de los parques. Además, establece una cota de instalación de 1.400 Mw eólicos anuales para cumplir los objetivos de 35.000 Mw previstos en el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Según la propuesta, se establecerá, además, una serie de prerregistros para la eólica, reduciéndose o subiéndose, así, la prima en función de la demanda para cada cupo anual. Así, con el nuevo mecanismo, la retribución se reducirá a la mitad si el objetivo anual de 1.400 Mw se duplica, y se duplicará si no hay demanda. La revisión afectará a toda la potencia a partir de 2013, y no solo a la futura.
A un mes escaso de las próximas elecciones generales, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, está intentando acelerar por todos los medios la tramitación del real decreto que regulará los parques eólicos que entren en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2013. Una propuesta contra la que ha alegado duramente la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que integra más del 90% del sector (generadores y fabricantes).
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) aseguró ayer que el borrador del nuevo real decreto de retribución a la energía eólica, que recorta las primas al sector en un 40%, "incumple la Ley del Sector Eléctrico" al no garantizar la rentabilidad razonable de los proyectos, por lo que no descarta presentar recursos tras su aprobación.
"El sector financiero nos ha comunicado que en esas condiciones no se pueden financiar los proyectos", afirmó el presidente de la AEE, José Donoso, durante la presentación de un estudio elaborado por Deloitte acerca del impacto del sector sobre la actividad económica en 2010.
Si bien la AEE abre la posibilidad de recurrir la norma, que el Gobierno espera aprobar antes del 20N, sus esfuerzos se han centrado hasta el momento en la presentación de alegaciones ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y en contactar con distintos partidos políticos. El informe de Deloitte correspondiente a 2010 muestra que entre 2005 y 2010 el sector eólico ha ahorrado 9.782 millones en importaciones fósiles y emisiones, frente a los 7.232 millones de euros recibidos en primas.
Por otra parte, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) emitió ayer un informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
“La inexistencia de unas reglas del juego a partir de 2013 está produciendo una reducción de actividad muy relevante en el sector que, de continuar en los próximos meses, podría suponer para España el desmantelamiento de un sector industrial muy potente y de gran relevancia internacional”.
Tras la presentación de las cifras de 2010, José Donoso, presidente de AEE, explicó las razones por las que el sector no está de acuerdo con la norma eólica propuesta por Industria. Señaló que hay dos motivos fundamentales: un modelo de primas variables que impide saber cuáles van a ser los ingresos de un parque eólico de un año para otro, lo que impide su financiación y, por tanto, hacer nuevos proyectos. Y unas condiciones económicas que no garantizan la rentabilidad de los proyectos, y que suponen un recorte de facto del 40%. “En estas condiciones, nos enfrentamos a un apagón eólico”, indicó Donoso. Añadió que “el desarrollo de una fuente de energía como la eólica, endógena, limpia y competitiva, es fundamental para un país dependiente energéticamente como es España. Si ahora desmantelamos nuestra apuesta tecnológica, en el futuro nos veremos obligados a recurrir a tecnologías foráneas”.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
www.cne.es/cne/doc/prensa/np_21102011.pdf
