El decreto eólico amenaza 12.680 millones de inversiones y 16.500 empleos

La nueva norma limita a 1.500 las horas con derecho a retribución y reduce a 12 los años con derecho a este incentivo para los proyectos eólicos que se instalen a partir de 2013. La propuesta incluye un nuevo modelo de cupos en el que las primas varían en el tiempo. Si un año se supera el límite previsto, la prima se rebajaría automáticamente no sólo en los cupos futuros, sino en el conjunto de los parques instalados tras el Real Decreto 661/2010, cuya expiración se producirá a finales del año que viene. El Gobierno está decidido a aprobar la norma antes de las elecciones.

Según los bancos consultados por la AEE, el borrador impone un sistema de primas variables en el tiempo que imposibilita hacer previsiones sobre los futuros ingresos y, por lo tanto, impide el acceso a la financiación. La nueva regulación supone un recorte del 40% sobre las condiciones económicas actuales, lo que implica que no se garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos tal y como exige la Ley del Sector Eléctrico. La AEE estima que, bajo esta norma, hasta 2015 sólo serían rentables los parques eólicos de más de 2.800 horas de funcionamiento anual, de los que en España quedan por instalar tan sólo unos 500 megavatios (MW), ya que los mejores emplazamientos están ya ocupados. A partir de 2015, el umbral de la rentabilidad estaría por encima de 2.400 horas. En la actualidad, el parque medio en España funciona 2.100 horas al año.

Las estimaciones de AEE apuntan a que, si se instalase la potencia prevista, el empleo en el sector eólico llegaría a 43.000 puestos de trabajo en 2015 y 51.000 en 2020, frente a los 35.000 de finales de 2009 (último dato disponible). Por el contrario, si se aplica la norma propuesta por Industria, se perderán 16.500 empleos, casi la mitad del empleo actual. Esto supondría un gasto para las arcas públicas de 23.300 euros al año por trabajador (cotizaciones a la seguridad social, impuestos, etcétera), lo que representa un total de 384 millones de euros al año.

La propuesta de AEE sobre la nueva regulación, expresada tanto en las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses con el Ministerio de Industria como en las alegaciones al borrador de real decreto enviadas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), parte del supuesto de que el sector eólico debe aceptar unas condiciones económicas más restrictivas que las actuales en el presente escenario de crisis económica. Lo que el sector no puede aceptar es un sistema que lo aboca a la parálisis, la destrucción de su tejido industrial y la pérdida de riqueza y empleo.

Además, si la norma sale adelante en estos términos, el sector no podrá cumplir con los objetivos del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-20, lo que impedirá a España llegar al compromiso europeo de que el 20% de la energía que se consuma en el país en 2020 proceda de fuentes de energías renovables.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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