Según las previsiones de AEE, Cataluña y Castilla y León serían las autonomías más perjudicadas, ya que perderían más de 2.000 millones de euros en inversiones cada una hasta 2020, mientras que Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía sufrirían pérdidas de más de 1.000 millones de euros.
Por su parte, Aragón, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana también se verían afectadas, ya que tienen parques eólicos adjudicados en concursos. Varios gobiernos autonómicos ya han expresado su malestar por la situación.
Para llegar a esta conclusión, la AEE considera que la nueva norma reducirá en un 69% la instalación de nueva potencia con respecto a las previsiones, ya que solo serán rentables los proyectos en zonas con un recurso eólico muy superior a la media.
Por este motivo, la asociación solicita al Ministerio de Industria que reconsidere su postura y retire el borrador de real decreto tal y como está planteado. El Gobierno está decidido a aprobar la norma antes del 20-N.
La inversión total hasta 2020, si se cumple lo planificado, sería de 18.399 millones de euros, si bien con la nueva norma, a juicio de la AEE, se produciría una moratoria de facto que reduciría la partida a 5.719 millones.
Según los bancos consultados por AEE, el borrador de real decreto de Industria impone un sistema de primas variables en el tiempo para todos los megavatios que se instalen bajo el nuevo marco regulatorio que imposibilita hacer previsiones sobre los futuros ingresos y, por lo tanto, impide el acceso a la financiación.
Junto a esto, la nueva regulación supone un recorte del 40% sobre las condiciones económicas actuales, lo que implica que no se garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos tal y como exige la Ley del Sector Eléctrico, señala.
De hecho, la AEE estima que, bajo esta norma, hasta 2015 sólo serían rentables los parques eólicos de más de 2.800 horas de funcionamiento anual, de los que en España quedan por instalar tan solo unos 500 megavatios (MW), ya que los mejores emplazamientos están ya ocupados.
A partir de 2015, el umbral de la rentabilidad estaría por encima de 2.400 horas. En la actualidad, el parque medio en España funciona 2.100 horas al año.
Las estimaciones de AEE apuntan a que, si se instalase la potencia prevista, el empleo en el sector eólico llegaría a 43.000 puestos de trabajo en 2015 y 51.000 en 2020, frente a los 35.000 de finales de 2009.
Por el contrario, si se aplica la norma propuesta por Industria, se perderán 16.500 empleos, casi la mitad del empleo actual. Esto supondría un gasto para las arcas públicas de 23.300 euros al año por trabajador, lo que representa un total de 384 millones de euros al año.
Apecyl ha recordado que en Castilla y León ya existen "ejemplos evidentes" de lo "dañina" que puede ser para el empleo y la industria una mala gestión de los responsables políticos, ya que recientemente la fábrica de LM en Ponferrada (León) ha anunciado el cierre, con lo que se perdarán 1.000 puestos de trabajo.
La propuesta de AEE sobre la nueva regulación, expresada tanto en las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses con el Ministerio de Industria como en las alegaciones al borrador de real decreto enviadas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), parte del supuesto de que el sector eólico debe aceptar unas condiciones económicas más restrictivas que las actuales en el presente escenario de crisis económica. Lo que el sector no puede aceptar es un sistema que lo aboca a la parálisis, la destrucción de su tejido industrial y la pérdida de riqueza y empleo.
Además, si la norma sale adelante en estos términos, el sector no podrá cumplir con los objetivos del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-20, lo que impedirá a España llegar al compromiso europeo de que el 20% de la energía que se consuma en el país en 2020 proceda de fuentes de energías renovables.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
